"La reforma policial de Patricia Bullrich y Javier Milei es doblemente inconstitucional, por motivos de forma y de fondo", dice el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García.
La CPM emitió un comunicado titulado "Una Policía Federal por fuera de la ley", en el que cuestiona severamente la reforma policial impulsada por la ministra de Seguridad.
Allí, contextualizan las nuevas medidas: "Desde la asunción de la actual gestión del Gobierno nacional, se han producido definiciones políticas y modificaciones normativas que apuntan a la ampliación de la discrecionalidad policial, el incremento de la represión a los opositores y severas restricciones a la libertad de expresión".
Ahora, en diálogo con Buenos Aires/12, García, abogado graduado en la UNLP y oriundo de Verónica, desmenuza el contenido y explica la peligrosidad de cada artículo, a la vez que da cuenta de los próximos pasos de la CPM. "Estamos estudiando la posibilidad de una presentación judicial. Ya hay una de la CTA y una de ATE Capital", cuenta.
Cipriano García dirigió el Comité contra la Tortura de la CPM entre los años 2005 y 2013. Participó de inspecciones en más de 100 lugares de encierro y promovió denuncias judiciales y públicas sobre las violaciones de derechos humanos que suceden en las instituciones de detención de la República Argentina. Se desempeñó como coordinador del área de violencia en contextos de encierro de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
De forma y de fondo
Antes de explicar las consecuencias de la nueva normativa, Cipriano García se enfoca en su falta de legitimidad como punto de partida. "Es una reforma de hecho de la Ley de Seguridad y de la Ley de Inteligencia pero para modificar una ley se requiere otra ley, no basta con un decreto", dice.
"La trampa radica en que apelan a las emergencias declaradas en la Ley de Bases, que incluía también la delegación de facultades. Pero aquella vez no se aprobó la emergencia en seguridad. Sí se aprobó la emergencia administrativa y por eso apelan a ella, pero esto no es una reforma administrativa", advierte.
García asegura que muchas de las cosas que ahora aparecen habilitadas por esta reforma no son nuevas, sino que la decisión apunta a darle "cierta cobertura legal a prácticas que las fuerzas ya venían llevando adelante en estos meses".
Se refiere, por ejemplo, a los pedidos de documentos en la vía pública, que las fuerzas llaman verificación de identidad, a las detenciones arbitrarias y otras vinculadas a la ocupación y el control del espacio público y la represión de la protesta social.
El ejemplo más evidente ocurrió el miércoles pasado, cuando los efectivos de las fuerzas federales, en especial de Gendarmería, realizaron controles, inspecciones y cacheos sobre los micros que transitaban las rutas en dirección a la Plaza de Mayo, para respaldar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Allí Cipriano García observa una incoherencia o contradicción. "La anunciaron como una reforma de profesionalización, para investigar y combatir el delito complejo, para convertir a la Federal en el FBI argentino. Pero cuando uno mira el contenido, está más focalizado en tareas propias de una policía de proximidad", advierte.
Cuando profundiza, García dice que le preocupa la incorporación, en el apartado que enumera los objetivos, de otro concepto que considera peligrosa y deliberadamente ambiguo: el de la defensa de la "seguridad del Estado".
"Antes se trataba de defender la vida o los derechos, los bienes. Ahora, la defensa de la seguridad del estado, sin explicar su alcance, es una figura que pueden utilizar libremente para justificar cualquier cosa", explica con preocupación. "Al no tener límites ni definición precisa, todo lo que no se justifique de otra forma, se justificará con esta figura".
Sin embargo, estas cuestiones no son las que Cipriano García considera de mayor gravedad. "Lo peor de todo son las precausas. Esa figura le da a la policía la potestad de investigar a quién quiera sin orden judicial previa. Significa que ellos pueden elegir a alguien, armarle lo que quieran y recién después notificar al juez". Toda una herramienta de persecución política.
Al margen de la ley
Con todo, García dice que los cambios "se presentan como una reforma necesaria para la investigación de los delitos federales o complejos y la desarticulación de organizaciones criminales, pero contiene facultades que son contradictorias con este objetivo y representan el sostenimiento de herramientas utilizadas en la práctica policial para restringir de manera arbitraria las libertades personales".
"Resulta contradictorio que se quiera construir una policía moderna y orientada a la investigación compleja incorporando como atribución la detención por averiguación de identidad o los cacheos en operativos públicos, tareas que son propias de las policías de prevención", asegura.
"Estas herramientas son contrarias al mandato constitucional, a las sentencias", afirma, a la vez que agrega que "las recomendaciones de los organismos internacionales son utilizadas en la práctica no para la detección y prevención de delitos, sino para el control social de las poblaciones estigmatizadas, mediante la restricción arbitraria y violenta de su libertad".
"En la misma dirección se inscribe la habilitación de confeccionar prontuarios policiales. En este punto nada nuevo incorpora la reforma sino que sostiene las viejas normas que justifican estas prácticas", determina.
