Para las dos y media de la tarde, la plaza Pringles se va vaciando de gente. El final de la columna, sobre calle Paraguay a la altura de la Bolsa de Comercio de Rosario, la ocupan las organizaciones estudiantiles de las distintas facultades rosarinas. Está el Alde, Pampillón, Pulsión, 1983. En la otra punta, encabezando la movilización, está el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Camperón negro, pantalón negro, bufanda negra, las manos en los bolsillos; no hay una bandera con consigna que encabece la movilización. Apenas unos metros más atrás, la pancarta fucsia de la UNR sintetiza el espíritu de la jornada: universidad pública siempre.
La jornada en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional comenzó temprano en Rosario. Desde las diez de la mañana una radio abierta de la que participaron docentes, no docentes, investigadores y estudiantes, sonorizó la Plaza Pringles. Durante toda la mañana, la comunidad recorrió las calles del centro rosarino recolectando firmas para llevar al Congreso, exigiendo la aprobación del proyecto de ley de financiamiento universitario, presentado semanas atrás por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Para el final de la jornada, los vecinos de la ciudad aportaron unas diez mil firmas.
Los reclamos de la comunidad universitaria giran todos en torno a un mismo eje: el presupuesto para las universidades no se actualiza desde octubre de 2022. Eso impacta en los salarios docentes, en las becas estudiantiles, en el financiamiento de proyectos, en la continuidad de investigaciones. También los recursos para cubrir los gastos de funcionamiento quedaron desfasados en relación a los aumentos. Son los que sirven para pagar la luz, el agua, internet y mantener en condiciones los establecimientos. En todos los indicadores, el contexto es peor al del año pasado.
La situación más angustiante la transitan los docentes universitarios. Un profesor con dedicación inicial cobra 150 mil pesos por mes, mientras que un titular a cargo de una materia, con 20 años de antigüedad y formación posdoctoral, cobra poco más de 300 mil. Un relevamiento del CIN arrojó que el 80% del personal universitario argentino percibe un sueldo por debajo de la línea de la pobreza. Según Bartolacci, eso empieza a tener consecuencias en Rosario con alrededor de 200 docentes que abandonaron su cargo el último año.
Por eso, la jornada de este jueves inició un paro de 48 horas, donde no habrá clases en las facultades de la ciudad. Por eso también, la jornada de reclamos incluyó una movilización hacia la plaza Montenegro, donde hubo un breve acto. En ese mismo lugar aguardaban distintas organizaciones sociales, civiles y religiosas para realizar la tradicional marcha “Ni un pibe menos por la droga”, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido. Recién finalizado el acto de la comunidad universitaria, la columna de las organizaciones sociales iniciaron su camino en dirección al Monumento Nacional a la Bandera.
Un millón de firmas
Durante el acto hablaron las distintas patas que conforman la comunidad universitaria: Sergio Acuña, de APUR, en representación del sector no docente; Agustina Rosso Sasia, presidenta de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), como referente de los estudiantes; y Federico Gayoso, secretario general de COAD, en representación de los docentes universitarios.
“El ahogamiento presupuestario que estamos sufriendo es algo que nunca vivimos”, aseguró Gayoso. El dirigente reconoció que antes de que asuma Javier Milei en el gobierno “no estábamos en el mejor de los escenarios”. Sin embargo, en solo un año y medio la situación empeoró considerablemente: “La diferencia entre la inflación y los aumentos alcanzó el 88%. Esto explica por qué nuestra obra social está a punto de quebrar y por qué cada día un compañero deja de ser docente de nuestra universidad para ir a buscar un mejor horizonte. Con profunda tristeza vemos cómo se vacía de docentes de a poco”.
El cierre estuvo a cargo de Bartolacci quien destacó la “unidad” de distintos sectores en un mismo reclamo. “Somos un montón y pensamos muy distintos en muchos temas. Volvemos a decir presente como colectivo para señalar, ante quien haga falta, que con la educación pública no se juega”, señaló. “Es imperdonable el destrato, la desconsideración y la precariedad salarial a la que son sometidos el 80% del personal docente y no docente, cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza. Casi el 5% de la docencia universitaria de todo el país renunció en el último año”, reveló el rector.
El vicepresidente del CIN también planteó que en todos los escenarios la situación empeoró en solo un año. Por eso, desde el Consejo Interuniversitario presentaron a finales de mayo un proyecto de ley de financiamiento universitario en el Congreso, que prevé un aumento escalonado de los recursos hasta lograr una participación del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en el año 2031. La particularidad de la iniciativa es que, como exigía le gobierno, se explicita de dónde saldrán los fondos que se destinarán al sector. En concreto, el texto de la norma señala que el Poder Ejecutivo deberá transferir todos los meses una parte de los fondos que recauda en concepto de coparticipación al programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Al respecto, el próximo 2 de julio está convocada una sesión especial en el Congreso para que puedan emplazarse las comisiones de Presupuesto y Educación y, en las semanas siguientes pueda haber dictamen y un posterior tratamiento en el recinto. Por lo bajo, en la comunidad universitaria reconocen cierta premura en su tratamiento. Por un lado, por la urgente situación económica que atraviesa el sector universitario. Pero también aparece en el radar la posibilidad de que, si el tratamiento se dilata, el oficialismo pueda contar con una bancada más robusta a partir de las elecciones legislativas de octubre, que imposibilite su aprobación.
“Queremos llevar al Congreso de la Nación más de un millón de firmas para que aprueben esta ley de financiamiento universitario”, finalizó Bartolacci, dejando un mensaje dirigido a los legisladores santafesinos: “Y queremos decirles a los diputados y diputadas de Santa Fe, especialmente a los que tuvieron la posibilidad de formarse en la universidad pública, y fundamentalmente a aquellos que son docentes en nuestra universidad pública, que no miren para el costado; que el próximo 2 de julio den el quórum necesario para que podamos empezar a tener una ley que garantice a las futuras generaciones el mismo derecho que esos diputados tuvieron y que les permitió llegar a ese lugar que hoy ocupan”.
