Otra vez la Policía de Córdoba se sacudió por la caída de un alto mando. Esta vez fue el turno de Maximiliano Ochoa Roldán. Según el fiscal Guillermo González, quien encabezó la investigación, el jefe de la Caminera provincial lideraba una banda que se dedicaba a cometer delitos, principalmente vinculados a inmuebles y desalojos. La principal figura acusatoria es de asociación ilícita y junto a Ochoa Roldán fueron detenidos su hermano, el jefe de la asesoría legal de la Policía, otros tres policías y un civil (también abogado, al igual que todos los oficiales). Desde la fiscalía no descartaron que puedan haber nuevas detenciones.

“Además de asociación ilícita tenemos peculado, extorsiones, coacciones. Por ejemplo: esta gente, cuando había algunos inmuebles ocupados, ofrecían soluciones por la vía de hecho en vez del camino legal, que conocían perfectamente porque eran abogados y cobraban hasta 20 o 30% del valor del inmueble para desalojarlo por otras vías de forma ilegítima”, resumió González, quien se encargó varias veces de subrayar que los hechos no tienen que ver con las funciones que los detenidos cumplían dentro de la fuerza y no están relacionados de ninguna manera con multas de la Caminera.

Según lo investigado por el fiscal, la banda aprovechaba la información a la que podían acceder en su condición de policías de alto rango y al uso logístico de recursos de la fuerza, como móviles, patrulleros y la chance de ordenar consignas.

“La particularidad de tener altos cargos refleja el perfil de estas personas. Este es el perfil típico del estafador, que es básicamente un seductor, una persona que engaña, que hace ingresar en un lugar a veces de duda o vulnerabilidad a quien va a ser la víctima”, detalló el fiscal. Agregó que todos los detenidos que integran la fuerza “tienen una excelente foja de servicios, han desarrollado su tarea policial muy bien y por eso han ido ascendiendo”, posición que luego habrían utilizado para cometer estos delitos.

El dato que desató la investigación surgió de otro procedimiento similar llevado adelante en Cosquín. Allí, otra banda que tenía una operatoria similar fue investigada por la fiscal Paula Klem: uno de los miembros de esa banda habría sido parte también de la otra. Esa fue la punta del ovillo para González: “Desde la madrugada hicimos las detenciones. También pudimos entrar a distintos objetivos que teníamos para allanar y encontramos pruebas que confirman las sospechas que teníamos”.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, estuvo en la conferencia de prensa junto al fiscal González. “Desde que asumimos el 10 de diciembre de 2023 el gobernador me dio una instrucción precisa y muy concreta: producir la mayor transformación histórica en la fuerza policial dotándola de absoluta transparencia. Estos hechos mellan la transparencia”, dijo Quinteros.

Hace pocas semanas, tras hechos de agresiones contra el personal policial en distintos controles, el gobernador emuló a Patricia Bullrich y dijo: “Los buenos son los de azul”. Pero las cosas parecen ir en otra dirección: este es el tercer escándalo con altos mandos durante la gestión de Martín Llaryora.

En las últimas horas, el fiscal Enrique Gavier acusó a Alejandro Mercado, el exsubjefe de la Policía -nombrado por el actual gobernador-, por integrar una asociación ilícita en el área de Delitos Económicos junto a otros comisarios. Mercado ya había sido detenido por el mismo fiscal en septiembre del año pasado, y se inició una causa que investiga si encabezaba una banda a cargo de una financiera ilegal y dedicada a la venta de neumáticos y celulares robados.

Otro exsubjefe de la Policía, Gustavo Folli, cayó en desgracia en estos meses: el propio fiscal Guillermo González le dictó prisión preventiva por considerar que era parte de una asociación ilícita dedicada a la entrega de certificados truchos de Bomberos, donde Folli había sido jefe (posición en la que habría construido esa estructura delicitva). La acusación también incluyó a su sucesor en el área afectada, Sergio Sosa.

También durante septiembre del año anterior cayó la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba. ¿La figura? La misma: asociación ilícita. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, acusó a los jefes penitenciarios por distintos negocios ilegales dentro de los establecimientos carcelarios. El sindicado como jefe de esa presunta banda era Juan María Bouvier, que había sido el jefe de la cúpula anterior del SPC.

La oposición dio un respingo en la mañana del viernes al conocerse la noticia. El primero en abalanzarse sobre la temática fue el Frente Cívico, el partido de Luis Juez, que ingresó un proyecto a la Legislatura. “Exigimos que el gobernador le pida la renuncia al inútil del ministro de Seguridad que es el responsable de este jefe de Policía y de su secretario privado”, bramó el senador Juez, recordando el vínculo de Ochoa Roldán con la máxima autoridad policial actual, Héctor Leonardo Gutiérrez.

“¿Qué más les tiene que pasar a los ciudadanos para que el gobernador tome la decisión de echar al ministro de Seguridad? ¿Cuántos jefes de la policía tienen que estar presos para que el gobernador se anime a darse cuenta de que este es un problema estructural? Ochoa fue secretario de Gutiérrez durante ocho años”, completó Juez en declaraciones a Canal 10. Juan Pablo Quinteros, el actual ministro, fue durante años uno de los referentes del juecisimo y uno de los fundadores del Frente Cívico a principios de siglo.

El comunicado del bloque de legisladores de la UCR no fue mucho más suave: “El Ministro Quinteros volvió a premiar con un ascenso a un efectivo que termina tras las rejas por corrupción”.

“Este nuevo escándalo responde a 26 años de un gobierno que, evidentemente, se está cayendo a pedazos. Que ya no puede esconder con la mano la impunidad y la negligencia con la que se maneja”, reza el texto de los radicales, en una semana de alta tensión política en la provincia.