En un trámite express, como suele ocurrir con las iniciativas del Ejecutivo provincial, la Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción ayer al proyecto de ley por el que se disminuyen la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos, se reducen tasas administrativas, entre otras medidas tendientes a dar un alivio al comercio en momentos en que el ajuste del Gobierno nacional viene provocando una retracción de la economía en todas sus manifestaciones. 

El proyecto, "Régimen promocional para los contribuyentes de las actividades económicas", fue presentado por la diputada Patricia Hucena (del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), quien destacó que el gobierno provincial puede tomar estas medidas gracias alequilibrio fiscal sostenido de la provincia y señaló que estas medidas buscan dinamizar sectores claves de la económica local para fomentar la inversión.

Sobre la iniciativa, destacó que tiene cinco títulos principales. El primero establece una disminución del 20% de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos aplicables al comercio mayorista y minorista, la hotelería y los restaurantes. También prevé, entre otras decisiones, un incentivo a la formalización y a  las nuevas inversiones con una exención por un año para todos aquellos contribuyentes que espontáneamente se inscriban en el impuesto.

Por otro lado, el proyecto propone modificaciones al Código Fiscal para la derogación de seis impuestos provinciales: a los productos forestales, a los combustibles, a los derivados del petróleo, al cemento, a la venta de boletos de carrera de caballos y a la tómbola. También se modifican y reducen las multas por decomiso de mercaderías. 

Y se mantiene la exención del impuesto a las actividades económicas para las agencias de viaje y turismo. También ratifica la vigencia de la Ley 7085 de Fomento a la Inversión, que otorga exenciones impositivas a proyectos de gran impacto productivo y social. 

Hucena aprovechó la presentación para cuestionar la distribución de la coparticipación federal. Recordó que la provincia recibe solo el 1,9% de estos recursos, "sin equidad territorial sin duda que no hay una nación desarrollada”, sostuvo. Agregó que una modernización del sistema impositivo "debería fundarse en un federalismo cooperativo, no competitivo".

Previsiblemente, los legisladores ubicados a la derecha del oficialismo lo chicanearon con que estaba tomando el camino mostrado por el Gobierno nacional, pero le reprocharon que la disminución impositiva es insuficiente. 

El primero en poner objeciones fue el diputado Guillermo Durand Cornejo (Conservador). Aunque finalmente votó a favor, en cuanto a la reducción impositiva, la tachó de "nada", y una "bagatela” la reducción de tasas administrativas.

Es “nada” frente a la “contingencia” que atraviesa el sector turístico, sostuvo. Culpó por esta crisis, como lo viene haciendo, a la anterior gestión en el Ministerio de Turismo de la provincia. “Por favor, menos anuncio y algo más significativo, algo que realmente salve a muchísimos empresarios del turismo que son los que están dando empleo a la provincia de Salta”, afirmó. 

La diputada Sofía Sierra (PRO) criticó que, “como es costumbre”, el proyecto les fue enviado sin margen para un tratamiento más detenido, recién al mediodía, y para ser tratado sobre tablas en cuestión de horas. “Nos llega sobre la hora este proyecto para tomar una decisión tan importante” como lo es “la disminución de la presión tributaria, modificación del Código Fiscal y la ley impositiva 6.611”, sostuvo antes de destacar que debería tratarse la ley de administración financiera, lo que viene pidiendo la Auditoría General de la Provincia para cumplir con su obligación de control. 

Roque Cornejo (LLA) sostuvo que el proyecto es insuficiente. “Este es un primer paso, entiendo". “Veamos una reestructuración profunda del Estado”, “acá hay que laburar, hay que ajustarse el cinturón”, reclamó. 

Su par José Gauffín (exPRO, bloque Independencia) concedió que la iniciativa implica "un alivio” en un momento en que, “aunque en algunos ámbitos se la niegue, hay una retracción en la actividad económica”.

Señaló que las actividades a las que va dirigido el proyecto “tienen en este momento una enorme crisis y realidades totalmente diferentes”. 

Sin embargo, Gauffín consideró un "chiste" que se diga que es una promoción para la hotelería. Lo comparó con el régimen impositivo de Jujuy, que también hizo un alivio fiscal temporal frente a la motosierra, y consideró que con la rebaja del 20% “estamos poniendo casi un certificado de defunción al crecimiento de la hotelería en Salta”.

Como muestra, detalló que la alícuota en servicios de hoteles y alojamiento es del 4% hoy en día, con la promoción del 20% quedaría en 3,6%, un punto por encima de Jujuy, en donde quedó fijada en 2,6%. “Esto no está promocionando, simplemente está dando un alivio a ver si aguantan hasta fin de año”, afirmó. 

También cuestionó la urgencia en el tratamiento y cuestionó que el proyecto no explica  de cuánto será el impacto de esta disminución impositiva en los recursos de la provincia, ni dónde se hará el ajuste. “Si le vamos a sacar a los servicios de la provincia como salud, educación y seguridad, bueno, ya directamente cerremos la persiana en esos servicios”, sostuvo. 

También Griselda Galleguillos (Frente Liberal Salteño) criticó el apuro en el tratamiento y afirmó que la reducción impositiva debería alcanzar a más actividades y por un porcentaje mayor. 

La diputada Mirtha Miller (Evita Conducción) coincidió en la crítica a la urgencia. “A veces parecemos una escribanía, donde llega (un proyecto) media hora antes, acompañamos, firmamos”, describió. 

Germán Rallé contestó a las críticas de legisladores cercanos al Gobierno nacional. “Es una norma transitoria que va a ser reevaluada en un año. Vamos a ver si el Gobierno nacional no nos sigue quitando recursos y tenemos que volver a inventar cajas de Pandora para poder seguir sosteniendo la educación, la salud pública, la seguridad, el apoyo a nuestros pequeños productores”, chicaneó. 

El proyecto pasó al Senado para su revisión. Por otro lado, Diputados le dio sanción definitiva a un proyecto que impone una tasa para presentar recursos en apelación en el sistema provincial de justicia. La oposición votó en contra, señalando que esta medida es inconstitucional porque limita el acceso a la administración de justicia.