La gestión económica del gobierno macrista entre 2016 y 2019 constituye un caso paradigmático de cómo la aplicación de políticas de ajuste, endeudamiento excesivo y liberalización desregulada puede conducir a un deterioro profundo y acelerado de las condiciones económicas y sociales de un país. Si bien el equipo económico que dirigió estas políticas estuvo conformado por profesionales con amplia experiencia y vínculos internacionales, la praxis de sus decisiones evidenció un marcado desconocimiento o desprecio por las consecuencias sociales y estructurales que estas implicaban.

Las decisiones del equipo económico de entonces -que coinciden con muchos de los actuales- no solo profundizaron problemas estructurales preexistentes, sino que también generaron nuevas vulnerabilidades que aún condicionan el desarrollo del país.

Endeudamiento externo

Uno de los legados más claros y preocupantes fue el aumento abrupto y sostenido del endeudamiento externo. En apenas cuatro años, la deuda pública bruta pasó de aproximadamente 52 por ciento a cerca del 90 del PIB, impulsada por un ambicioso programa de toma de créditos en los mercados internacionales y un masivo rollover de la deuda interna a títulos externos. Este endeudamiento no estuvo acompañado de un crecimiento económico sostenido ni de inversiones productivas significativas, sino que se destinó en gran medida a financiar el déficit fiscal y el consumo, generando una bomba de tiempo para la sostenibilidad financiera del Estado.

La consecuencia inmediata fue la dependencia de Argentina de flujos de capitales especulativos, lo que incrementó la vulnerabilidad ante shocks externos. De hecho, la crisis cambiaria de 2018 y el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, el mayor en la historia del organismo para un país emergente, evidenciaron la fragilidad del esquema implementado. La imposición de metas fiscales rígidas y ajustes acelerados, más que estabilizar, profundizaron la recesión económica y el deterioro social.

Colapso productivo

Las políticas de apertura indiscriminada de importaciones y desregulación afectaron gravemente a la industria nacional y a las pymes, pilares fundamentales para el empleo y el desarrollo local. Según datos del Indec, entre 2015 y 2019 la producción industrial cayó 10,2 por ciento, con sectores clave como la industria automotriz y la metalúrgica sufriendo caídas aún mayores. Según Sturzenegger -presidente del BCRA de Macri- el PBI per cápita cayo alrededor de 10 por ciento en el mismo periodo.

La liberalización comercial, sin una política industrial activa que protegiera y estimulase a los sectores estratégicos, provocó la pérdida de mercados internos y externos, el cierre de empresas y la caída en la inversión productiva. Esto no solo impactó negativamente en la capacidad de generación de empleo, sino que también erosionó el entramado tecnológico y la innovación productiva, aspectos cruciales para el desarrollo a mediano y largo plazo.

Menos empleo y más precario

El impacto en el mercado de trabajo fue otro factor que confirmó el daño social de las políticas implementadas. La tasa de desempleo trepó de 6,9 por ciento en 2015 a un pico de 10,6 en 2019, mientras que la tasa de empleo formal se redujo notablemente. Paralelamente, aumentaron las modalidades de empleo precario, con crecimiento del trabajo informal y subempleo.

Este fenómeno refleja no solo la destrucción neta de empleos formales, sino también un deterioro en la calidad del trabajo, con un incremento de contratos temporales, bajos salarios reales y pérdida de derechos laborales.

Pobreza y desigualdad

El indicador más preocupante y a la vez el más visible es la profundización de la pobreza y la desigualdad social. Esto, en un contexto donde los salarios reales y las jubilaciones sufrieron pérdidas importantes debido a la inflación y la falta de recomposición.

La combinación de recesión económica, ajuste fiscal, aumento de tarifas y caída del poder adquisitivo impactó severamente en los hogares más vulnerables. La ausencia de políticas públicas de contención social y el debilitamiento del Estado de bienestar aumentaron las brechas sociales y territoriales, agravando la exclusión y la precarización

Repetición del daño

El análisis de estas evidencias prácticas deja claro que la experiencia macrista no fue simplemente un episodio de políticas económicas erráticas, sino un caso de daño estructural profundo con efectos duraderos. El patrón de endeudamiento insostenible, carry trade, apertura comercial sin protección, ajuste fiscal y debilitamiento social configuró un escenario de crisis recurrente y limitó severamente la capacidad del país para recuperar su desarrollo.

Este debería ser un caso de estudio que no solo documente un pasado reciente, sino que advierta sobre las consecuencias previsibles de repetir el mismo esquema económico. La gestión actual, en algunos aspectos, muestra paralelismos inquietantes con la estrategia macrista, lo que implica que, sin una revisión crítica y cambios profundos, la historia se puede repetir con resultados igual de devastadores.

Mecanismos del saqueo

El saqueo económico de la Argentina operó a través de un entramado financiero cuidadosamente diseñado, en el que se combinaron decisiones políticas, ingeniería financiera y complicidad regulatoria. Desde ahora abordaremos los principales mecanismos que permitieron la transferencia sistemática de riqueza desde el Estado y la sociedad argentina hacia actores privados, locales y extranjeros, articulados con el sistema financiero global.

Etapa 1: endeudamiento

Tanto en el gobierno de Macri como en el de Milei, el mecanismo inicial fue el endeudamiento externo acelerado. El discurso oficial en ambos casos sostuvo que se trataba de “volver a los mercados”, “recuperar la confianza” y “sanear las finanzas públicas”. Sin embargo, los datos muestran que gran parte de esa deuda no fue utilizada para inversión pública ni para cancelar pasivos de largo plazo, sino para sostener artificialmente el tipo de cambio e incentivar el ingreso de capitales especulativos.

Durante la gestión de Macri, se emitieron bonos por más de 100.000 millones de dólares en solo tres años, con tasas de interés exorbitantes en el contexto internacional de tasas cero o negativas. La colocación del bono a 100 años a una tasa del 7,9 por ciento anual fue la culminación simbólica de esa lógica. 

Bajo Milei, el mismo mecanismo reaparece con nuevos nombres y el pretexto de “normalizar” la macroeconomía. En ambos casos, los fondos recaudados no quedaron en el país; fueron utilizados para pagar intereses, sostener el tipo de cambio y garantizar la rentabilidad del capital especulativo.

Etapa 2: carry trade

Una vez ingresados al país, los capitales financieros se dirigieron principalmente hacia instrumentos en pesos de altísima rentabilidad, como las Leliqs y Pases pasivos, en el período macrista, y luego los Bopreal y nuevos bonos en pesos del Tesoro, bajo la gestión de Milei. En ambos casos, las tasas de interés reales en dólares superaron cualquier oferta global -desde 55 por ciento hasta alrededor del 300 en dólares-, algo impensado en mercados desarrollados.

Este diferencial fue el incentivo para el llamado carry trade; los inversores ingresaban dólares, los convertían a pesos, compraban bonos, acciones o colocaban plazos fijos con tasas altísimas, y luego recompraban dólares para fugar capitales, generando enormes ganancias sin inversión productiva. La contracara fue una apreciación artificial del tipo de cambio real, que destruyó la competitividad del sector industrial y favoreció importaciones muchas veces absurdas (como actualmente cítricos de Egipto, peras de China o textiles de Bangladesh), afectando la producción nacional y el empleo.

Este proceso también funcionó como una bicicleta inversa para insiders; mientras el gobierno aseguraba “confianza”, los actores privilegiados compraban bonos en pesos a tasa real positiva, ya con el compromiso implícito de que podrían luego salir del país sin restricciones cambiarias. La arquitectura fue la misma en ambos ciclos, con diferencias menores en los instrumentos, pero identidad total en la lógica.

Etapa 3: estatización de pérdidas

Al desarmarse el ciclo de valorización, los pasivos generados con el capital especulativo quedaron en cabeza del Estado. Bajo Macri y Milei, el traspaso fue evidente; el BCRA absorbió pesos a través de Lebac, Leliqs y, luego con Milei, Caputo transfirió el problema al Tesoro al emitir deuda. Bajo Milei, la operación fue aún más directa; se eliminaron las Leliqs para evitar la emisión secundaria, pero la contrapartida fue la emisión masiva de deuda en dólares con legislación extranjera, lo que expuso aún más al país a los tribunales internacionales.

La sumatoria de ganancias de ambos períodos, los lucros privados, fueron transformadas en estatización de deuda pública. El ciclo cierra con la huida de los capitales, una crisis de reservas, la necesidad de recurrir al FMI y el inicio de un nuevo ajuste.

Etapa 4: fuga de capitales

La etapa final del mecanismo fue la fuga de capitales, legal o encubierta, que dejó el país con deuda externa elevada y sin reservas. Durante el macrismo, se fugaron más de 86.000 millones de dólares. Una parte de estas divisas fueron adquiridas por empresas y personas vinculadas al poder político, corporativo y financiero, muchas de las cuales tenían acceso privilegiado al tipo de cambio oficial.

En la gestión Milei, la eliminación del control de capitales y la “libertad cambiaria” prometida como dogma permitió repetir el ciclo sin ningún obstáculo institucional. La fuga fue incluso más rápida gracias a la digitalización financiera y los instrumentos offshore que permiten enmascarar beneficiarios finales.

Todo el esquema operó en un marco de impunidad legal y ceguera regulatoria deliberada, con organismos como la CNV, la UIF y el propio BCRA funcionando como meros observadores. 

* Director Fundación Esperanza.