En definitivo modo campaña gubernamental, Javier Milei propala el diseño de políticas de aumento de la tasa de natalidad, otorga poder a cúpulas evangelistas que sostienen la cruzada antiderechos en Latinoamérica, y celebra la eliminación de programas de salud sexual y (no reproductivas), jurando que nunca volverán a implementarse aquellos programas que garantizan el derecho a decidir de mujeres, niñxs y adolescentes. El Plan ENIA, de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, no es la excepción a sus reglas tribuneras: apenas cuenta con un 53% de ejecución, de un presupuesto que se mantiene sin actualizar desde 2024, subraya el quinto informe de la mesa intersectorial “La cocina de los cuidados”.
Elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, Iglesias, académicxs, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas, el estudio remarca también la situación dramática que compromete a estas políticas. Por caso, “las políticas de salud sexual y reproductiva fueron desarmadas: ya no hay presupuesto disponible para garantizar la Educación Sexual Integral y la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, expresa.
“En agosto de 2024 nos quedamos sin medicación para garantizar abortos en nuestra provincia. También desarmaron los equipos de ESI y queda a criterio de cada establecimiento. A fines del año pasado, una niña fue obligada a continuar su embarazo cuando la familia había pedido la interrupción del embarazo que habilita la ley”, explica a lxs entrevistadorxs Laura Sánchez, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto sobre lo que sucede en Tucumán.
Por su parte, la ex directora de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, destaca “las consecuencias que tiene en las provincias el corte del financiamiento del Estado nacional y la falta de entrega de la canasta básica de insumos”, para la salud sexual y reproductiva. “La interrupción de la compra y distribución nacional de estos insumos esenciales de salud pública tiene efectos críticos sobre el acceso equitativo de la población”, confirma Isla. “Esto profundiza las desigualdades estructurales entre jurisdicciones: mientras algunas provincias con mayores recursos pueden sostener parte de la provisión, otras quedan completamente desprovistas. Las consecuencias de mediano plazo comprometen la salud, la autonomía y la vida de miles de personas, especialmente de mujeres, adolescentes y personas lgbtiq+.”
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