La persecución hacia migrantes recrudece cuando se trata de mujeres travestis y trans, en especial, quienes provienen de países limítrofes, que es la principal migración que recibe el país. Son trabajadoras sexuales que en su mayoría residen en la Ciudad de Buenos Aires. "Lo que nosotras identificamos y venimos denunciando hace tiempo desde el espacio Casa Roja es una razia, un blanqueamiento y una persecución por la identidad de género, la clase y la raza, que se vio ahora exacerbado y justificado a través del decreto de necesidad de urgencia 366-2025 que expidió Javier Milei”, asegura Mely Sánchez Rincón, politóloga colombiana, integrante de la Consejería Migrante de Casa Roja, un espacio de acompañamiento socio jurídico que pertenece al sindicato Ammar.

El decreto que emitió el Gobierno Nacional en mayo de este año estigmatiza a las personas migrantes acusándolas de migrar para hacer uso de la salud y la universidad pública; también las criminaliza asociándolas a la delincuencia. Este decreto obstaculiza aún más el proceso de radicación en el país para las personas migrantes, en el caso de las mujeres travestis y trans resulta más complejo.

Para acceder a un documento de identidad que respete su identidad de género la persona migrante primero debe atravesar un proceso de regularización de cuatro a cinco años para obtener un documento permanente. “Esta ausencia del Estado de poder garantizar el derecho a la identidad y a una documentación acorde, que le permita mantener su permanencia de manera regular en el país, con un decreto en donde persigue cualquier tipo de irregularidad en la comunidad migrante, las perjudica el doble. Por ende, si unimos esos factores: que son compañeras que ejercen un trabajo informal y estigmatizado, las han convertido en el principal foco de persecución de la Policía de la Ciudad”, explica la politóloga.

Sanchez Rincón asegura que en estos casos lo que se está intentado hacer son expulsiones exprés: “Al retenerte en la calle se hace un cruce desde el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Ciudad, con la Dirección General de Migraciones y se verifica que esas compañeras estén regularizadas o no. En su mayoría las órdenes de expulsión que estamos recibiendo son compañeras que han cometido algún delito menor y se encuentran en etapa de investigación, o incluso han convenido hacer alguna suspensión de juicio a prueba, o que ya se han puesto a derecho con la justicia, o no han podido certificar un sello de ingreso al país que sea catalogado como los pasos regulares fronterizos”.

Desde Casa Roja, junto a sus abogadxs están trabajando a fin de evitar esas expulsiones. Poseen un espacio de asesoría migrante, que integra Sánchez Rincón junto a otras compañeras, para la promoción de los derechos no solo de las mujeres travestis y trans migrantes, tamibén está abierto a cualquier vecinx migrante del barrio de Constitución que necesite asesoramiento. Funciona los miércoles de 16 a 18 en Filiberto 1745, CABA.

“Nosotras articulamos con los organismos de defensa correspondientes dentro del Poder Judicial para que nos asistan en el derecho que tiene cualquier habitante que está en suelo argentino que es el derecho a la defensa. Estamos trabajando sobre todo en rebatir una decisión que es absolutamente racista y discriminatoria como la decisión de modificar el artículo 6 de la Ley de Migraciones que proclama que el acceso igualitario a la comunidad migrante va a ser tratada según su categoría migratoria, es decir, que el acceso a derechos básicos como trabajo, salud, seguridad social y educación va a estar sujeta al documento que posea la persona migrante”, explica Sánchez Rincón y agrega: “Con ese criterio, un migrante con un documento de identidad temporario no va a poder acceder a sus aportes en caso de, por ejemplo, tener un empleo formal y en virtud de eso se siguen vulnerando derechos que violan la Constitución Nacional”.