Desde Brasilia

Luiz Inácio Lula da Silva más que sextuplica en popularidad a Michel Temer, con un 26 por ciento de intenciones de voto, aprobación que le daría la victoria en la primera vuelta de las elecciones directas reclamadas por el 63 por ciento de los brasileños, según informó ayer la consultora Datafolha.

Objeto de ataques periodísticos y judiciales cotidianos, a través de noticias contaminadas y procesos basados en “convicciones” más que en pruebas, el ex mandatario tiene el 26 % de aprobación, contra el 17 % de Marina Silva, precandidata de la Red de Sustentabilidad suma, el 8 % por Geraldo Alkmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y el 4 % de Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Esos números muestran que Lula creció el 3 % desde julio y el 9 % desde diciembre, mientras Marina, ex ministra de medio ambiente que dejó el PT en 2007, perdió 6 puntos en los últimos 12 meses.

La popularidad de Lula y la exigencia de elecciones directas, publicadas en una encuesta del domingo, renovaron las voces que, dentro y fuera del PT, impulsan su candidatura a un tercer mandato.

“La burguesía dio un golpe para aumentar sus tasas de ganancia, y después de eso quiere tornar inviable la candidatura de Lula por eso es necesario garantizar el derecho de Lula a ser candidato” planteó Joao Pedro Stédile, líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

El informe de la consultora Datafolha presenta varias simulaciones con distintos candidatos a los que Lula derrotaría en primera vuelta pero no en un ballottage, donde la favorita es Marina Silva.

Esa eventual victoria de la ecologista Marina Silva se explica en las simpatías que despierta en sectores de las clases medias, esencialmente antipetistas, que luego de movilizarse por el golpe en 2015 y 2016, al grito de “Fuera Dilma” Rousseff, ahora comienzan a adherir a la consigna “Fuera Temer”.

Grogui

En el sondeo de Datafolha divulgado ayer Temer sólo encabeza una lista, la de los políticos con alto rechazo, con el 45 %, seguido de Lula con el 44 %: lo cual significa que un segmento considerable de los consultados declaró que jamás los votaría.

Sin embargo la repulsa contra Lula, muy elevada en la población blanca con ingresos medios y altos, ha caido en las últimas mediciones más del 5 %.

La aprobación del ex presidente y líder del PT impactó como un gancho al mentón en un gobierno que ya lucía grogui, con la guardia baja y en las cuerdas debido a las denuncias de corrupción conocidas la semana pasada.

Si los números de Datafolha fueron catastróficos para un gobierno de sólo 7 meses, cumplidos ayer, acaso hubieran sido peores si la encuesta se realizara esta semana, luego de que se publicó que Temer recibió unos 2,9 millones de dólares ilegales de la constructora Odebrecht.

La acusación fue realizada por un ex ejecutivo de Odebrecht, Claudio Melo Filho, y es la primera de las 77 delaciones premiadas en las que, según trascendidos, habrá más imputaciones contra miembros del núcleo duro del gobierno y sus aliados en el Parlamento, artífices de la destitución del gobierno elegido.

Entre los posibles denunciados por los directivos de la constructora aparece Eliseu Padilha, actual jefe de gabinete, del Partido Movimiento Democrático (PMDB), igual que Temer, quien ya vio rodar la cabeza de seis ministros, en su mayoría envueltos en casos de corrupción.

Ayer el mandatario suspenció su agenda de compromisos públicos para reunirse con el titular del PSDB, Aécio Neves, con quien al parecer se analizó una reforma ministerial para garantizar la sobrevivencia del gobierno.

Si hasta hace dos semanas la prensa era omisa al hablar de una salida del presidente, ahora son moneda corriente las especulaciones sobre el fin anticipado de una gestión que debería concluir el 31 de diciembre de 2018.

Fuentes cercanas al gobierno y del Congreso dijeron “sin rodeos que el gobierno corre serio riesgo de caer”, publicó ayer Folha de San Pablo.

Esos dirigentes próximos al Planalto opinan que Temer debe hacer una pronta reforma de gabinete para recuperar la gobernabilidad perdida.

En los mentideros políticos comenzó a especularse sobre quien podría asumir el gobierno si Temer finalmente tira la toalla.

Entre los nombres citados están los del expresidentes Fernando Henrique Cardoso y Nelson Jobim, ex titular del Supremo Tribunal Federal.

Cardoso, del PSDB, negó de forma ambigua su intención de ser el presidente elegido por un colegio de parlamentarios en caso de que su aliado Temer, del PMDB, no resista en pie la andandada de noticias que lo imputan como beneficiario de dinero sucio.

 “No soy candidato, esas especulaciones afectan al país” afirmó ayer  Cardoso. “Yo no voy a colaborar en afectar la confianza (en el gobierno), cualquier especulación yo no soy de asumir esa posición”, insistió. Pero volvió a hablar de la vulnerabilidad de Temer y comparó a la actual gestión con una “pinguela”, palabra poco usada en el portugués formal,  que significa “puente rústico, precario, hecho con troncos, sin barandas laterales”, que puede desplomarse ante el menor soplido de viento.

Cardoso posiblemente apuesta a ser el beneficiario de un eventual “golpe dentro del golpe”, un escenario que la derecha ha diseñado ante el fracaso de la actual administración, según dijo la semana pasada Lula, cuando recibió a la expresidenta Cristina Fernández en San Pablo.


Nuevas denuncias

El presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, fue denunciado ayer por corrupción y lavado de dinero en el marco de la conocida operación policial “Lava Jato”, poco después de haber sido acusado de peculado por la justicia. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, presentó la denuncia contra Calheiros ante el Tribunal Supremo de Brasil (STF). Ahora es la Corte la que debe decidir si acepta la denuncia para que el político del partido del presidente Michel Temer, el conservador PMDB, pueda ser sometido a juicio. Según el portal de noticias UOL, Calheiros es acusado de haber recibido 800.000 reales (casi 240.000 dólares) en 2009 por hacer de intermediario para que el grupo de ingeniería Serveng Civilsan obtuviera un contrato con la petrolera estatal Petrobras. Janot acusó a Calheiros y al diputado Aníbel Gomes, también miembro del PMDB, de haber ocultado y disimulado el pago de esos recursos. La semana pasada, el juez del Supremo Marco Aúrelio Mello ordenó la suspensión de Calheiros debido a acusaciones de que había desviado recursos públicos hace más de diez años para pagar la manutención de una hija suya.