El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó por la 750 cuál es el estado actual de la Ley de Bosques en el país y la protección del suelo argentino.
Giardini explicó que si bien los datos que aporta el Gobierno sobre la destrucción de bosques nativos “son buenos”, tiene la particularidad de que “llegan tarde”, un año y medio después de los hechos.
Por eso mismo, dijo, ellos desde Greenpeace hacen un monitoreo desde donde revelaron que “sobre todo de las provincias del norte” hay una “gran parte de la deforestación”.
“En el sur se da mayormente por los incendios forestales. En el norte es por el avance de la frontera agropecuaria. Santiago del Estero y Chaco son las que más pérdida tienen, y se está dando de manera ilegal”, explicó Giardini.
Y añadió: “Ya no solo implica perder el bosque, sino un impacto de derechos: hay fincas que se compran y se venden con gente adentro. Buscan ampliar las actividades agropecuarias y hay un conflicto directo sobre las familias que viven ahí”.
Esto, dijo, implica la destrucción del bosque que “es su casa, su almacén, su farmacia”. “Y están contribuyendo a la crisis climática que estamos viviendo”, aseguró sobre el cambio climático.
Tras lo que aclaró que si bien “Argentina no es el principal generador de crisis climática”, sí “está contribuyendo”. “Perder el bosque nos vuelve aún más vulnerables a esta situación”, dijo.
En este contexto, explicó el representante ambientalista, si bien el Gobierno intentó anular la Ley de Bosques con la Ley Bases sin éxito, se está afectando gravemente es el financiamiento.
“El gobierno sí le pudo meter mano a los fondos de la Ley de Bosques. Le metieron mano a los fondos que le dan a las provincias para controlar el desmonte ilegal”, explicó.
Y añadió: “Las provincias tienen fondos y el Gobierno nacional metió mano. También lo hicieron con el manejo del fuego. Esto probablemente haga que haya poco apoyo a los incendios forestales en el verano”.
Frente a esto, se lamentó, “las provincias desfinanciadas tienen muy difícil el control de la deforestación ilegal, y el sistema de multas no está ayudando a contener a quienes buscan destruir el monte y lo meten —la multa— en el costo de producción”.
“Los gobiernos provinciales parece que se contagian de la onda del desguace. Eso se está empezando a ver. Empiezan a flexibilizar normas locales, o empieza a haber una aplicación a medias de la normativa”, afirmó.
Tras lo que finalizó: “El tema está complejo. En el caso de los bosques, creemos que hay que reforzar la ley para que se cumpla mejor en el marco de lo que tiene que ver con la penalización. Hoy es delito robarte un pan para comer y no destruir un bosque”.
