La rebaja de retenciones que concedió el presidente Javier Milei al campo disparó en Santa Fe una polémica inesperada entre funcionarios de Maximiliano Pullaro y un productor agropecuario y desarrollador inmobiliario de Funes.

Es que el anuncio del jefe de Estado este fin de semana en la Rural de Palermo alimentó el afán del sector y llevó, por ejemplo, al empresario Juan Félix Rossetti a reclamar otra rebaja impositiva en Santa Fe. Pero le salió al cruce, flamígero, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y se armó. Y luego, el propio titular de Agricultura local, Ignacio Mántaras, se sumó a la réplica para defender el esquema tributario provincial y poner, de paso, otro escenario de distancia ahora con Casa Rosada.

El funcionario pullarista estuvo en el mitin ruralista donde Milei anunció volver al esquema de retenciones que había interrumpido un mes atrás, es decir, de 33% a 26% para el caso de la soja. Aplaudió la novedad que profirió el jefe de Estado, pero luego con la comparación, cerró filas. "En Santa Fe el campo está exento de Ingresos Brutos, y en cuanto al Impuesto Inmobiliario, tenemos los avalúos fiscales más bajos del país", planteó Mántaras.

El comentario vino como respuesta al empresario inmobiliario y productor rural que el domingo celebró el anuncio del libertario y posteó en la red social X: "Ahora esperamos el anuncio de baja del impuesto inmobiliario rural en Santa Fe".

A eso Mántaras contestó ayer en declaraciones a la prensa que la última reforma introducida al sistema tributario hizo que en 2025 los contribuyentes del Inmobiliario se redujeron de 12.000 a 3.000, debido a la introducción de la figura de "gran propietario rural".

"Este gobierno provincial tiene la vocación de reducir la presión fiscal. Hubo modificaciones para Ingresos Brutos en la compra de maquinaria agrícola, y se eximió al transporte lechero de ese impuesto", añadió. 

Mántaras rechazó las chicanas de Rosetti, que el año pasado hizo gala también de sus ideas libertarias al intentar crear las condiciones para constituir el country Kentucky como un municipio aparte de Funes.

"Esas posturas, más mediáticas o políticas, no las escuchamos en la mesa donde nos reunimos con las entidades como Coninagro y Carsfe", distinguió el secretario de Agricultura. "Si bien es legítimo que haya vocación de los productores en sumarse al discurso nacional, les pedimos que lo hagan con responsabilidad", amonestó. 

Boasso, ahora funcionario pullarista, pero reconocido polemista de sus años como concejal en Rosario, detectó enseguida el posteo de Rossetti y lo cruzó en el aire, y por la misma red social. "Seguramente (la baja del Inmobiliario Rural) se podrá hacer cuando Milei pague todas las deudas que tiene con Santa Fe... los 2 billones de la Caja de Jubilaciones, los 15 mil millones mensuales que no paga desde enero, las rutas nacionales, la coparticipación que pisa", devolvió el radical.

El libertario funense no se achicó con la réplica del funcionario y redobló el sarcasmo. "¡Apliquen Ivomec a la provincia ya!", ironizó con la alusión a un desparasitante de uso ganadero. Y Boasso se sintió convocado a su mejor juego: "Por lo boludo, seguro que debe ser un troll", devolvió al tildar a Rossetti como uno de los odiadores anónimos que operan en redes sociales para La Libertad Avanza.

Rossetti tiró una vez más y negó que su cuenta fuera falsa, afirmó que está verificada y que su reclamo iba en serio.

Boasso, ya sin ánimo de componendas, cerró el asunto tajante: "Entonces, Haloperidol para vos", dijo en alusión a un reconocido anti psicótico.

Mántaras se alineó con el planteo del más vehemente Boasso y afirmó: "Cada vez que desde las provincias se carga sobre las retenciones, el gobierno responde con Ingresos Brutos", dijo en alusión al gravamen que el ministro Luis Caputo exige suprimir. "Pero está muy claro –prosiguió Mántaras– que el 95% de la presión tributaria que sufre el campo proviene del Estado nacional". 

El funcionario provincial definió como "un alivio" la baja de las retenciones a los cereales, pero advirtió que en el caso de la soja es una alícuota todavía elevada como para llegar a estimular al productor, y que para la ganadería el gobierno "se quedó corto".