La jueza de Nueva York, Loretta Preska, le ordenó este martes a la Argentina entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y ex funcionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.
Según trascendió, la información requerida involucra una amplia gama de información, como mensajes personales, correos electrónicos oficiales y personales, y también contenidos de servicios de mensajería, como WhatsApp. Incluso, información de Banco Central.
Qué fue lo que ocurrió en el juzgado de Loretta Preska
La audiencia de este martes en el juzgado de Preska se limitó, de manera exclusiva, a la discusión sobre la prueba a producir (discovery) con vistas a la potencial ejecución de la sentencia.
La jueza resolvió diversos pedidos efectuados por los demandantes desde hace un año, explicaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a la causa.
Al respecto, la jueza Preska ordenó a la República Argentina producir prueba de comunicaciones internas relacionadas con YPF y el BCRA. También dispuso la entrega de comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y ex funcionarios.
Además, se autorizó discovery sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
De acuerdo con fuentes oficiales, la medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, porque vulnera la soberanía y, según afirman, no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República.
Si bien el caso contra la Argentina se encuentra en apelación, el gobierno de Javier Milei considera que ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, ya que entregó a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países, indicaron fuentes oficiales.
Una fuente cercana a la Casa Rosada le dijo a NA que es “evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery” y sostuvo que “su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”.
Fuentes oficiales aseguraron que el Gobierno se encuentra “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes, y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”.
Argentina presentó la apelación al fallo previo de Preska
La orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaran un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control del 51 por ciento de las acciones de YPF.
En su presentación, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF “causaría un daño irreparable a la República” y “podría desatar un conflicto diplomático significativo” con Estados Unidos.
En el escrito, además se sostuvo que la orden de la magistrada “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero” y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.
Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.
