El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia en los tribunales federales de La Plata para que se investigue el presunto espionaje en su contra, después de que se revelara que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había producido un informe con la actividad de dirigentes políticos opositores, gremios e incluso grupos de jubilados y personas con discapacidad que suelen manifestarse en reclamo de sus derechos. La de Kicillof no fue la única presentación por el escándalo de la vigilancia ilegal: la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, por su parte, denunciaron a Javier Milei y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert.

El periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, tuvo acceso a un documento que lleva por título Hechos Previstos 09JUL25, que da cuenta de que la SIDE monitoreó qué protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales estaban previstos para ese día. El 9 de julio fue miércoles, jornada en la que suele haber movilizaciones en la zona del Congreso encabezadas por los jubilados. En esa fecha, además, vencía el plazo para la presentación de las alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.

La SIDE habría seguido con atención los movimientos de Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner en la víspera del cierre de alianzas. Por eso, el gobernador decidió presentar una denuncia para que se investigue lo sucedido.

“No conozco más detalles de lo sucedido. Pero el contenido de esa noticia y la gravedad de lo presuntamente ocurrido me imponen formular esta denuncia para que se investigue”, sostiene el escrito que presentó Kicillof ante la justicia federal de La Plata.

La presentación quedó radicada en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla. El magistrado tiene experiencia en investigar a los servicios de inteligencia. En 2019, fue quien destapó la red de espionaje y extorsión que tenía a Marcelo Sebastián D’Alessio como nodo. Ramos Padilla también investigó el llamado Proyecto AMBA, a través del cual la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) montó una serie de bases en la provincia para monitorear la actividad política y social.

Por otra parte, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) presentaron una denuncia en los tribunales de Comodoro Py que apunta directamente hacia Milei por ser quien sienta los objetivos con los cuales se mueve el aparato de inteligencia. En la presentación también se pide que se investigue a Neiffert, titular de la SIDE.

“Es fundamental investigar estos hechos para esclarecer la existencia de un esquema sistemático de espionaje ilegal que vulnera derechos constitucionales fundamentales”, afirma el escrito.

La denuncia de las dos CTA está patrocinada por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. En la presentación se hace hincapié en que la vigilancia no habría estado motivada por razones de seguridad del Estado, sino por fines puramente políticos.

El artículo cuarto de la ley 25.520 establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

En su escrito, Yasky y Godoy remarcaron que “la omisión de investigar a quienes dieron órdenes o autorizaciones específicas implicaría un grave daño a la democracia”.

La denuncia de las dos CTA quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien se quedó con los expedientes de espionaje ilegal del macrismo que habían tramitado en Dolores.

La inteligencia en la mira

En julio del año pasado, Milei decidió eliminar la AFI y resucitar la SIDE. Volvió al nombre que le había dado la última dictadura y que se mantuvo durante los primeros gobiernos democráticos, cuando fue emblema de los fondos reservados usados para las operaciones en la política y en la justicia. 

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024, Milei decidió que la SIDE quedara dividida en cuatro órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División Asuntos Internos. 

El informe que hace foco en la actividad del 9 de julio habría sido confeccionado por la ASN. Esa dependencia está a cargo del comisario retirado Alejandro Cecati, que supo estar al frente de la custodia de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Gerardo Milman durante el gobierno de Cambiemos. Macri pidió que Cecati declarara a su favor en la causa sobre el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan por la que el expresidente llegó a estar procesado.

No es éste el primer escándalo en el que se vincula a la SIDE. Semanas atrás, hubo polémica cuando se conocieron fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que es el documento a través del cual el Gobierno establece los lineamientos en el área. El PIN se sospecha que habilitaría la vigilancia sobre periodistas, críticos a la política económica o a la política exterior y opositores en general. También se conoció, a través de una publicación de La Nación, que existiría una directiva para monitorear “grupos vulnerables”. Esa orden habría sido impartida por Diego Kravetz, quien, desde principios de año, funge como jefe de Operaciones de la SIDE.

Estos hechos fueron denunciados en junio por Paula Litvachky y Diego Morales, directivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En Comodoro Py, no hubo una actividad frenética para investigar el tema. De hecho, la denuncia inicialmente estuvo en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien decidió enviársela a su colega Sebastián Casanello por sugerencia del fiscal Gerardo Pollicita. El tema está actualmente en manos del fiscal Guillermo Marijuán.

Horas después de que se conociera la existencia del informe de la ASN, el diputado Facundo Manes hizo una presentación en la causa que se abrió después de que él fuera increpado en pleno Congreso por Santiago Caputo, asesor presidencial y quien puso a Neiffert en la SIDE.

Por el momento, no se conoce que alguna de las investigaciones haya sido impulsada. Todo sucede mientras se resquebraja la relación entre el Presidente y su vice, Victoria Villarruel, quien denunció que es víctima de una campaña --orquestada por Lilia Lemoine, Nicolás Márquez y tuiteros alineados con Milei-- para forzar su renuncia.

El Congreso se activó con este tema también. El senador radical Martín Lousteau convocó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) para el próximo martes a las 15.30. Ese día, los integrantes del cuerpo decidirán si citan a Neiffert para que dé explicaciones o avanzan con la convocatoria de otros integrantes de la SIDE.