Habiendo transcurrido algunos años ya de la legalización del consumo de cannabis con fines medicinales, a los usuarios les sigue resultando dificultoso el acceso de los productos industriales disponibles. En ese marco, el diputado provincial Marcos Corach ingresó a Legislatura un proyecto de ley que habilitaría a las farmacias de toda Santa Fe a elaborar y vender medicamentos personalizados a base de cannabis, siempre bajo prescripción médica, se aclaró.

El propósito de la iniciativa parlamentaria es “garantizar el acceso seguro, legal y profesional a tratamientos con cannabis medicinal”, indicó el legislador justicialista.

Actualmente, en el sistema de salud formal solo existen productos genéricos con fórmulas fijas, que no se adaptan a las necesidades específicas de muchos pacientes. Esta limitación obliga a recurrir al mercado informal, a judicializar tratamientos o directamente a resignarse a no recibir el tratamiento adecuado.

El proyecto busca cubrir ese vacío legal y sanitario, al permitir que las farmacias preparen fórmulas magistrales —como ya ocurre con otros medicamentos— en base a materia prima vegetal de cannabis legalmente autorizada y con todos los controles de calidad, trazabilidad y seguridad.

El proyecto establece que estas formulaciones deberán realizarse en farmacias habilitadas, por profesionales farmacéuticos, con receta médica detallada y supervisión del Ministerio de Salud. Además, obliga a las obras sociales, incluido IAPOS, a cubrir estos tratamientos cuando estén indicados por un profesional de la salud.

“La salud no puede depender del azar ni del mercado negro. Este proyecto viene a dar una respuesta concreta, segura y profesional a miles de personas que hoy están desprotegidas. No es solo una propuesta sanitaria, es también una política de justicia social y de dignidad”, señala el proyecto de Corach que cuenta con el acompañamiento de las diputadas Celia Arena y Sonia Martorano.

Además de su impacto sanitario, la ley abre una oportunidad de desarrollo productivo para farmacias, laboratorios públicos y cooperativas cannábicas habilitadas, consolidando un circuito económico legal y profesional con fuerte arraigo territorial.