“Demandamos una respuesta habitacional urgente y adecuada para las familias afectadas que aún permanecen con incertidumbre”. Este es uno de los pedidos que elevaron los vecinos del barrio Ampliación 20 de Junio, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, tras el incendio que el 1° de agosto consumió por completo al menos trece viviendas y provocó daños en otras. 

Al menos 21 terrenos fueron alcanzados por el fuego de aquel día. “Los que tienen daño total son 13”, dijo a Salta/12 Román Oviedo, presidente del Centro Vecinal 20 de Junio.

Hasta esta semana eran al menos 15 las personas que se quedaban a dormir en las instalaciones del Centro Vecinal que se encuentra a unas seis cuadras del lugar donde aconteció el siniestro tras el viento Zonda que azotó a la región el primer día de este mes. Además, montaron cerca una especie de campamento en donde realizan ollas populares.

Los terrenos afectados estaban “nivelados” con escombros que tiraban en la zona distintas empresas de contenedores. Una de ellas es Contemax, que fue principalmente señalada por el municipio de la ciudad de Salta ante la confrontación que con La Libertad Avanza. Es que una de las socias de esta firma es Yanina Castro, concejala electa por la LLA.

Los escombros tendrían que haberse arrojado en el relleno sanitario San Javier, pero la práctica habitual de algunas empresas es arrojarlos en distintos sitios de la ciudad.

En este caso, entre los escombros se habrían filtrado residuos inflamables que facilitaron la propagación del fuego. El siniestro dejó "con lo puesto" a quienes vivían en Ampliación 20 de Junio. Todos los ahorros de su vida quedaron convertidos en cenizas.

Según contó Oviedo, el fin de semana pasado un comisario avisó a los vecinos del levantamiento de los vallados, con lo que podían reingresar a los terrenos. “Le consulté si eso quería decir si eran habitables o no. Porque entendemos que no lo serían. Pero (el jefe policial) indicó que no era de su competencia responder sobre eso y tenía que ser respondido por el gobierno de la provincia”. Oviedo dijo que la comunicación con el comisario fue luego de que la fiscalía a cargo de la investigación indicara que no había más peligro de incendio.

Vulneración de derechos

En un extenso comunicado en el que detallaron la situación que atraviesan, vecinos y vecinas del Ampliación 20 de Junio recordaron que los barrios populares como este (inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares, RENABAP) enfrentan condiciones de precariedad habitacional “con un 42.9 por ciento de hogares en situación de hacinamiento y un 18.1 por ciento en viviendas de calidad adecuada, según el Ministerio de Capital Humano”.

Entendieron que las cifras evidencian el sostenido incumplimiento de los gobiernos para garantizar diversos derechos entre los que se encuentra el acceso a una vivienda digna  y el derecho a la salud (ante la exposición a entornos insalubres como rellenos sanitarios o falta de servicios básicos). También sumaron el derecho a la seguridad, con construcciones seguras, o a la igualdad y no discriminación, ante “la exclusión sistemática de los barrios populares de las políticas urbanas y habitacionales”.

Las familias afectadas por el incendio “se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, agravada por la pobreza estructural que afecta al 53 por ciento de la población argentina, según datos oficiales del primer semestre de 2024, con un 18 por ciento en situación de pobreza extrema. En Salta, estas condiciones se ven agravadas por la falta de acceso a la tierra y la vivienda, lo que limita las oportunidades de desarrollo y perpetúa un ciclo de exclusión”, manifestaron los vecinos y vecinas.

Una política ambiental que incluya al Arenales

Este barrio tiene su límite a diez metros de la ribera del río Arenales. De hecho, fue levantado en una zona indicada como no factible para la existencia de viviendas por la cercanía de la ribera. Precisamente por los rellenos que se hicieron sobre este cauce en 2011 vecinos y vecinas del barrio Ceferino perdieron todo, pero, en esta ocasión, a raíz de las inundaciones.

Tras este evento de hace 14 años se presentó un recurso de amparo en cuyo marco la administración de justicia ordenó que el río sea seaneado tanto por la Municipalidad de la ciudad de Salta como la provincia y Aguas del Norte, empresa que vuelca líquido cloacal en la cuenca Arias/Arenales.

Entre otros puntos, en la causa por el amparo ya se advertió de las prácticas de relleno en lugares cercanos a la ribera del río para la construcción de viviendas.

En el comunicado conocido ahora, vecinas y vecinos solicitaron una “política ambiental integral para el río Arenales”, además del cumplimiento efectivo de la normativa ambiental que sancione a las empresas que comprometen la sostenibilidad ambiental y la seguridad de los barrios populares. “Es imperativo garantizar el cumplimiento de las normativas para prevenir futuros desastres”, afirmaron.

También solicitaron el reconocimiento e integración socio urbana del barrio, el avance en las denuncias contra las empresas responsables, pero sin olvidar que “cualquier discusión debe ir acompañada de soluciones concretas para garantizar el acceso a la tierra y la vivienda digna para los sectores populares”.

Tras lo sufrido solicitaron asimismo que se elabore un “protocolo de asistencia en emergencias” para asistir a personas afectadas, con el fin de que puedan acceder a condiciones dignas de alojamiento, acceso a servicios básicos (como higiene y alimentación, atención médica, salud mental) y "un plan de acción inmediata para la reubicación y reconstrucción un centro de refugio para situaciones de catástrofe y emergencias móvil”.