Dos comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) le entregaron esta semana a la fiscal General, María Cecilia Vranicich, el informe final de la visita de inspección que el organismo realizó el año pasado a la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, en el que constató “las prácticas planificadas y sistematizadas” del personal del Servicio Penitenciario (SP) santafesino aplicadas con “violencia desproporcionada” y “uso excesivo de la fuerza” a reclusos de ese penal, por lo que hay diez empleados imputados.
Fue a principios de marzo, luego de que dos micros de la empresa Laguna Paiva que trasladaba por avenida de Circunvalación a personal de SP fuera baleado desde un auto, hecho por el cual esta semana comenzó a ser imputado un narco de Capitán Bermúdez que cumple condena y otras 12 personas.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura visitó la cárcel de Piñero en abril de 2024, luego de que el área de violencia institucional del Servicio Público de la Defensa Penal se hiciera eco de varias denuncias de aplicación de tormentos en el penal. Los presos señalaron que sufrieron una violenta requisa, robos y –algunos- permanecieron varios días “engomados” a pesar de haber sufrido lesiones, como represalia por el ataque a los micros que trasladaban a personal penitenciario.
En septiembre y octubre del año pasado, con un inusual secretismo que se contrapone con el carácter público y oral del sistema procesal adversarial que se aplica en Santa Fe desde 2014, la fiscal Karina Bartocci imputó en libertad a diez miembros del SP por delitos que no se conocen, atento a que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió no difundir –como hace habitualmente- información mínima del caso, fundado en la “prudencia por temas de seguridad”.
Final y secreto
Los comisionados del CNPT Gustavo Palmieri y Kevin Nielsen se reunieron esta semana con Vranicich en la sede Rosario del MPA. La fiscal General estuvo acompañada por el secretario de Política Criminal y Derechos Humanos, Gustavo González, y el funcionario Mauro Trucco.
La jefa de los fiscales recibió el informe final del Comité sobre la visita realizada en abril de 2024 a Piñero tras las torturas, pero su contenido “aún no es público”, explicaron a Rosario/12 fuentes oficiales. “Estamos aún el periodo de reserva de la ley”, agregaron los informantes.
El documento contiene el seguimiento del avance de la investigación por los hechos de torturas de febrero y marzo del año pasado y por el régimen de alto perfil aplicado por el Servicio Penitenciario santafesino, que en aras de acentuar públicamente su dureza sobre determinados criminales privados de la libertad construye una cárcel que llama con el nombre de la primera de las tres cánticas de la Divina Comedia de Dante Alighieri: “El Infierno”.
Luego del encuentro, la fiscal General valoró que “la delegación de la CNPT propuso abordar cuestiones advertidas en la inspección y articular acciones para la implementación de recomendaciones para prevenir actos de tortura en perjuicio de personas privadas de su libertad”, según informó el MPA.
Si bien el informe final todavía posee la condición de reservado, el informe anual 2024 de la CNPT adelanta algo de lo recabado por los comisionados que visitaron la cárcel de Piñero tras la balacera a los micros y los posteriores “hechos compatibles con la imposición de torturas” a los internos.
El informe anual señala que “al momento de cierre del presente”, en la investigación de la fiscal Bartocci “habían sido imputados diez agentes del servicio penitenciario de Santa Fe, sólo por algunos de los hechos denunciados y con calificaciones iniciales que distaban de las que el Comité encontraba aplicables en base a un análisis preliminar de los hechos que ponía en evidencia que las conductas delictivas interpretadas como ‘apremios ilegales’ compartirían elementos típicos con la ‘imposición de torturas’”.
Robo en la penitenciaría
De la documentación revisada por los comisionados, surgieron en el informe “dos cuestiones adicionales”. La primera, “que de las evidencias utilizadas por la fiscalía en las audiencias imputativas se advertían situaciones y conductas tendientes a obstaculizar la investigación y conseguir la impunidad de las personas involucradas que ya han sido críticamente observadas por el CNPT en hechos previos que tuvieron lugar en la provincia de Santa Fe”.
Entre ellas, la CNPT mencionó “la baja calidad de las filmaciones; cámaras de pabellones que no estaban en funcionamiento por desperfecto; las referencias constantes en las entrevistas al objetivo de que las víctimas no pudiesen reconocer a sus agresores ni quedara registro documental de los hechos ni de quienes participaron; la organización del Servicio Penitenciaria destacada por la Fiscalía para vigilar y controlar lo que ocurría adentro de cada celda; etcétera”.
La segunda observación consistió en que “de las evidencias surgía también que las personas entrevistadas fueron víctimas de delitos contra la propiedad que merecen ser eventualmente investigados, sancionados y reparados”. Es decir, los penitenciarios los habían robado.
“Planificadas y sistematizadas”
El informa 2024 del Comité advierte que “para las primeras imputaciones la Fiscalía seleccionó sólo algunos hechos” de los denunciados tanto en Piñero, en presunta “venganza” por el ataque a los micros que trasladaban a los penitenciarios, hecho que esta semana también tuvo avance judicial con el inicio de las imputaciones a 13 personas, entre ellas el jefe de una organización narcocriminal liderada por el preso Walter González, condenado por homicidio.
El CNPT señala también en el documento que sí es público, que en las audiencias acusatorias la fiscal Bartocci atribuyó a 10 penitenciarios “hechos específicos sobre personas determinadas ocurridos el 2 de marzo del 2024 en la Unidad Penitenciaria N° 11, en el marco de procedimiento de requisa extraordinario a los pabellones de alto perfil N° 7, 8, 25, 26, 27, 28 y 29”.
“Sin embargo -sigue el documento-, de los fragmentos y conclusiones que la Fiscalía extrajo de las pruebas para fundarlas se advierte con detalle las prácticas planificadas y sistematizadas que fueron reproducidas en distintos pabellones y los comportamientos delictivos del personal penitenciario, caracterizados por la violencia desproporcionada; uso excesivo de la fuerza; y por tener de objetivo deliberadamente causar afectaciones graves a la integridad personal y dignidad de las personas privadas de libertad como una forma de represalia o castigo por un hecho anterior”.
Sin muchas precisiones, tras el encuentro de esta semana entre los comisionados y Vranicich, el MPA informo en un comunicado que “la delegación de la CNPT propuso abordar cuestiones advertidas en la inspección y articular acciones para la implementación de recomendaciones para prevenir actos de tortura”.
