"Es del todo cierto, y así lo demuestra la Historia, que en este mundo no se arriba jamás a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible”. Max Weber

El 20 de agosto de 2025 va a quedar como un hito. Ese día la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención para la Reforma de la Constitución de Santa Fe  dictaminó el derecho al agua, al saneamiento y preservación de los cursos de agua y humedales. Estas cuestiones las venimos sosteniendo desde 1993 y nos alegra y aplaudimos a los convencionales constituyentes que nos apoyan en estas insistencias de que el acceso al agua y al saneamiento sean un derecho de todas las personas y que los humedales y cuerpos de agua deban ser protegidos constitucionalmente por el Estado.

Muchas veces para valorar debemos recurrir al método histórico comparativo. Así, podemos analizar que es la primera vez que con suma importancia y jerarquía se abordan estas temáticas en un proceso constitucional en la provincia de Santa Fe. También que se esté dando respuesta a una álgida situación. Hay cerca de 400 mil personas que no acceden en forma segura e integral al agua potable, de 1.289.967 viviendas de la provincia de Santa Fe, 767.326 están conectadas a la red pública de saneamiento. La provincia presenta 469 barrios populares vulnerables con escasez social de agua y saneamiento. Agravado muchas veces por factores como la baja presión del agua, que no llega a los 7 metros columna como se necesitan. Y el no acceso al vital elemento se produce por la baja presión muchas veces de 2 metros columnas y las altas pérdidas de agua en la red pública de distribución. Hace todo ello que estemos frente a una escasez social del agua que produce lesa ambientalidad, un daño ambiental.

Si bien hubo importantes avances en materia sanitaria desde el 2007 al presente, el atraso heredado es grande. Los 10 años (1995 hasta principios de 2006) de la privatización del agua y el saneamiento a manos del Grupo Suez, marcó un fracaso de dicha privatización y cuyas secuelas los santafesinos aún sufrimos.

Santa Fe presenta grandes problemas de arsénico, fundamentalmente en la zona oeste, donde supera con creces los 10 mg. El consumo de agua con arsénico genera graves problemas de salud.

Argentina tiene 9 millones de personas que no acceden integralmente al agua potable segura y cerca 19 millones que presentan déficit en el acceso al saneamiento.

La envergadura de lo aprobado por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías es de tal magnitud no sólo por lo antes señalado sino también cuando lo contextualizamos con lo que pasa en el mundo. Cerca de 2100 millones de personas no acceden a agua potable segura e integral y 4200 millones no acceden a un saneamiento seguro. Por día fallecen 4000 personas en la Tierra, por causas directas e indirectas vinculadas con el no acceso al agua potable, segura e integral. Lo descripto nos señala todo un biocidio.

Pudimos comparar desde lo local, nacional e internacional la suma importancia de lo dictaminado. Es sin duda alguna un paso adelante de conexión con los problemas concretos de la gente en su sociología de lo cotidiano.

La cuestión sanitaria de agua potable segura e integral y el saneamiento necesita de consensos. Es una problemática compleja que requiere de todas las fuerzas políticas humanitarias. El agua no se debe privatizar. El agua es un bien común público colectivo.

El consenso al que arribaron los constituyentes buscando intereses comunes y sin quedar rígidos en sus ideas, hizo nacer algo que tenemos que recuperar: el diálogo y la conversación. Es decir acuerdos entre fuerzas políticas humanistas. Ello es lo que se necesita en la nueva Constitución.

Necesitamos convenir ante los problemas sanitarios que tenemos. Las fuerzas políticas con convicciones democráticas, conocimiento científico, solidaridad, empatía con el prójimo y equidad socioambiental son las que pueden acercarse más a los problemas de las personas.

Los convencionales constituyentes que dictaminaron por el derecho al agua, al saneamiento y la preservación de los humedales y otras variables protectivas del agua evidenciaron sus cercanía con una sociedad que busca amparo. Demostraron que la mesura, la sensatez, la razonabilidad, la paz y la empatía construyen bien común. Necesitamos ir hacia una sociedad armonizada en que el ambientalismo inclusivo nos permita abordar desde el biocentrismo y la transición del cuidado del planeta que el agua buena la necesitamos para todos los vivientes. Al agua hay que respetarla. El 70% del agua dulce lo consume la actividad agraria y ganadería, el 20% del agua dulce lo consume la industria y 10% lo consume la humanidad. A modo de ejemplo necesitamos 2100 litros para 1 kilo de soja, 500 litros de agua para 1 kilo de trigo, 15 mil litros para 1 kilo de carne vacuna, 6000 litros para 1 kilo de cerdo, 4300 litros para 1 kilo de pollo y 1000 litros para 1 litro de leche.

Desde el ambientalismo inclusivo queremos superar el divorcio entre el ambientalismo y el empresariado y todos los sectores productivos no extractivista. Tenemos que sentarnos todos unidos en la diversidad de intereses, e ir por más vida en Santa Fe. Los límites son para crecer, no para caer.

La naturaleza necesita de la moderación de la razón y de los sentimientos de compasión.

(*) Director de la Cátedra del Agua UNR y Centro Interdisciplinario del Agua UNR.

Coordinador de AHT Argentina. Magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable

Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Licenciado en Ciencias Sociales

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Docente UNR.