En una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, declararon cuatro funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, un interno y un exinterno.

En esta etapa, la mayoría de los citados son testigos propuestos por las defensas, pero el exdetenido que quedó demorado hasta hoy había sido propuesto por la fiscalía, que para este juicio se constituyó en una Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio y los fiscales Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. 

Este testigo pidió declarar sin la presencia de los imputados, pero aún así fue claro que sentía temor. Contó que estuvo detenido en la Unidad Carcelaria 1 entre 2020 y 2023. Dijo que en ese lapso su madre y su hermana hicieron transferencias de dinero para que él pudiera acceder a un celular con servicio de internet, que usaba -sostuvo- para estudiar de manera virtual.

Detalló que las transferencias de diferentes sumas se hacían a CBU que otros internos le pasaban anotadas en papelitos. En esas notas también se especificaba el monto y el tiempo que podía usar el wifi. Él llamaba a sus familiares por el teléfono fijo del penal, o por el mismo celular que le prestaban, para solicitar que hicieran la transferencia. Agregó que cuando le entregaban el teléfono no preguntaba de quién era para no tener problemas.

La madre y las hermanas de este testigo ya declararon en la audiencia en relación a transferencias de dinero que hacían a favor de uno de los funcionarios acusados. 

Ayer el exinterno fue un poco más mesurado que en su primera declaración, en la fiscalía en la etapa investigativa, en la que había dado más precisiones. Esa vez había descripto al Servicio Penitenciario como “feroz, corrupto y perverso”. También había señalado a uno de los agentes imputados como “el cabecilla” de los que hacían entrar teléfonos y drogas para venderles a los detenidos. Había dicho que a este agente no lo revisaban porque tenía un cargo alto, y que también cobraba por el acceso a extramuros y por otros beneficios como la obtención de un punto más de concepto.

Además, había dicho que dos celadores acusados pasaban los teléfonos y la droga en “una ventana de tiempo” que era el cambio de guardia.

Por su reticencia a responder las preguntas de la fiscalía relacionadas con aquella primera declaración, y cayó en contradicciones respecto de lo que había manifestado antes. Dos veces el Tribunal le recordó que estaba bajo juramento y debía responder. 

A pedido de la fiscalía se leyeron pasajes de su declaración anterior para que los ratificara o se rectificara. Entre otras expresiones, se le pidió que explicara por qué había calificado al Servicio Penitenciario de “feroz, corrupto y perverso”, y que precisara su afirmación de que uno de los acusados era el cabecilla. Pero el testigo siguió en sus trece, por lo que el Tribunal le señaló que era evidente su miedo a declarar y decidió dejarlo demorado hasta la audiencia de hoy, cuando volverá a ser convocado.

Por otro lado, ayer también declaró una funcionaria penitenciaria que al momento de los hechos (2022 y 2023) se desempeñaba como jefa del sector de requisas. Fue consultada sobre el procedimiento en cuanto al personal del penal y dijo que los efectivos eran requisados al ingresar, con palpación, y sus pertenencias pasaban por un escáner.

También se le consultó sobre las requisas sorpresivas. Dijo que se realizaban en diferentes sectores de la unidad carcelaria, por orden directa del director.

Otro testigo, que entre 2022 y 2024 cumplió funciones de encargado de pabellón, declaró sobre el procedimiento interno en caso de faltas disciplinarias y sobre cómo se canalizan los beneficios de los reos. Dijo que, en este último caso, los encargados de gestionar los pedidos ante el Consejo Correccional son los jefes de pabellón. Señaló que, eventualmente, el encargado del sector puede ser convocado por el consejo para brindar un concepto del solicitante.

Sostuvo que el jefe de pabellón es quien tiene en su poder el registro de la conducta y el concepto de cada interno, y agregó que no le corresponde a un encargado de pabellón tener documentación acerca de los detenidos.

El tribunal a cargo de este juicio está integrado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar.

De los veinte imputados, los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo en concurso real.

Los otros implicados, internos y familiares, están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.