El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, empieza a moverse en la causa judicial sobre las presuntas coimas en la compra de medicamentos como en un juego de ajedrez. Un escrito presentado por sus abogados da la pauta de que baraja distintas alternativas. Por ahora no se sumó al planteo de nulidad de la investigación que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina, quienes cuestionaron los audios filtrados con (la que sería) su voz. Pero según allegados al exfuncionario, no descarta para nada en algún momento convertirse en "arrepentido". Para que esto último suceda debería conocer qué hay en el expediente y qué se le imputa, algo que no lo sabe a ciencia cierta porque todavía el caso está bajo secreto de sumario y seguirá así hasta mitad de la semana que viene. 

Todo el tiempo circulan fuertes rumores de que Spagnuolo tendría documentación e incluso en los ya famosos audios que se le atribuyen, donde hace referencia a las presuntas coimas en las que involucra a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, dice que lo habló con el presidente Javier Milei --con quien tenía una amistad y aún figura como su apoderado en causas judiciales-- y que incluso le dijo que tenía guardados whatsapp de su hermana. Pero por ahora no hay nada concreto. El Presidente, contra lo que dijo en su caravana fallida por Lomas de Zamora, hace dos semanas, tampoco denunció al exfuncionario. Allí gritó: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la justicia". Hasta ahora el Gobierno sólo hizo denuncias de "espionaje ilegal" en Comodoro Py y, vía la hermana del mandatario, promovió la censura previa de audios y cualquier mención que la asociara a ella con grabaciones. 

La apuesta de máxima

Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Suizo Argentina (padre y dos hijos), plantearon la semana pasada la nulidad de todo lo actuado a través de su abogado Martín Magram: cuestionaron la validez legal de los audios y la posible violación a la intimidad y, por otro lado, alegaron que el tema era cosa juzgada porque ya tramitó una causa en 2024 a raíz de un informe periodístico de Tomás Méndez. En rigor, está archivada, no sobreseída, y se refería sólo al tipo de compras realizadas de manera directa, no hablaba de posibles sobornos. 

Lo que mejor les vendría, probablemente, a todos los señalados hasta ahora en el expediente sería una declaración de nulidad, que se invalide el uso de los audios y no pase más nada. La jurisprudencia no los ayuda y todo indicaría que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi sólo toman los registros en cuestión como punto de partida.  

A cuento del pedido de nulidad de los Kovalivker, Casanello notificó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud en Andis, para saber si querían adherir. Con argumentos distintos señalaron que no es el momento para sentar posición sobre ese tema. 

Los abogados de Spagnuolo --Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze-- respondieron que como la causa aún está bajo secreto de sumario "pretender que se responda adecuada y suficientemente" "implica una afectación al debido proceso y un menoscabo del derecho de defensa". Pidieron que se "suspenda la tramitación" de esta discusión hasta que puedan ver qué pruebas hay pero dejaron claro que no renuncian a un reclamo similar. Por Garbellini se presentaron Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte. Dijeron que al no haber visto el expediente no pueden opinar "Desconocemos por completo --añadieron-- si los audios que oficiaron como disparadores de la investigación son verdaderos, editados, construidos por Inteligencia artificial, obtenidos de manera ilícita, o alguna otra alternativa que nos encontramos analizando". 

El juez tiene que decidir si también les pide opinión al fiscal Picardi y a la querella de Poder Ciudadano. Podría no hacerlo y dejar que pasen los días hasta que se levante le secreto de sumario, que todos vean el material de la causa y en función de eso decidan si quieren hacer nuevas presentaciones. Un interrogante es si cuando llegue ese momento, en pocos días (mediados de las semana que viene) habrá directamente algún llamado a indagatoria, o nuevas medidas, o nada. 

¿Arrepentidos? 

La posibilidad de que ciertos implicados en una causa penal asuman el papel del llamado "arrepentido" o "imputado colaborador" está sujeta a una serie de condiciones: algo obvio, pero no tanto, es que tienen que estar formalmente imputados en el expediente (en el de las coimas en Andis aún no ocurrió) y si hacen una acuerdo de colaboración, es clave que al momento de declarar aporten datos concretos y que sean verificables, que puedan tener respaldo documental. Si todo esto sucede, aspiran a una pena morigerada al momento de una sentencia. Tampoco es que cualquiera puede acceder a esta opción: los funcionarios que ejerzan o hayan ejercido cargos que puedan ser removidos por juicio político. 

En el caso de las compras en Andis que involucra a la droguería Suizo Argentina todos los abogados están a la expectativa de conocer qué es exactamente lo que podría comprometer a sus clientes en función de toda la prueba que Picardi y Casanello buscaron asegurar en el comienzo de la pesquisa en plan de determinar si hay elementos y maniobras que se correspondan con los relatos que surgen de los audios. En este contexto es que en el entorno de Spagnuolo dicen que no pueden descartar un acuerdo de arrepentimiento. Todo dependerá de qué hay en su contra, si es que hay, y del avance o no de otros planteos. 

Días atrás la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)  abrió el celular de Spagnuolo pero no encontró prácticamente nada. No está claro si es un celular nuevo o "muleto", es decir, cabe el interrogante acerca de si tiene o tuvo o otro y si guarda información. La Policía de la Ciudad se lo secuestró cuando estaba a bordo de su camioneta, como quien está por escapar. En su casa del barrio Altos de Campo Grande en Pilar se encontró una máquina de contar billetes y otro celular que estaría inutilizado. Sus abogados no designaron perito para el momento en que se hizo la extracción de información del aparato. 

Esta semana la fiscalía recibió el contenido del celular de Garbellini, que fue extraído la semana pasada y era pesado. Tampoco designó perito. El argumento de su defensa es que cuando le incautaron el celular en su casa en Avellaneda, entregó la clave y no había borrado nada ni realizado ninguna clase de manipulación. Habrá que ver si el peritaje coteja esto. Cuentan sus allegados que está afectado por haberse quedado sin trabajo. Lleva años en la gestión pública y en la Corporación Buenos Aires Sur. Hasta el gobierno libertario se desempeñó en administraciones macristas. En Andis se ocupaba, entre otras cosas, del programa Incluir Salud, para personas sin cobertura médica, lo que incluye las llamadas prestaciones de alto costo y baja incidencia. Buena parte de estas últimas se contrataban con la droguería Suizo Argentina. 

Los celulares de los Kovalivker todavía esperan. El de Emmanuel, en rigor, aún no pudo ser abierto. Los empresarios sí designaron perito tecnológico. Los aparatos de Jonathan --quien alcanzó a fugarse cuando llegó la Policía de la Ciudad a Nordelta-- y su padre fueron entregados varios días después de los allanamientos. 

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza una enorme cantidad de facturas, contrataciones y expedientes administrativos. Como la Suizo Argentina no quiso facilitar los correos electrónicos y puso trabas para el acceso a los servidores, todavía hay archivos y dispositivos en proceso de desbloqueo. También se analiza información patrimonial. 

La ofensiva del Gobierno

En el plano judicial, el Gobierno hizo una insólita denuncia a través del ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal, donde denunció una supuesta operación que atribuyó, en un revoleo de acusaciones, a Rusia, Venezuela, Bolivia y la AFA, además del "kirchnerismo". Pidió investigar, y el fiscal Carlos Stornelli le siguió la corriente, a los medios (Carnaval Stream y Data Clave) que difundieron audios atribuidos a Karina Milei, aunque abrían el abanico aunque sin nombrar a Spagnuolo. En el reparto de responsabilidades metieron al abogado Franco Bindi, quien recusó a Stornelli al considerar que hay razones que afectarían su imparcialidad. Stornelli lo había acusado en la causa conocida como "operación puf", donde incluso pidió medidas invasivas sobre él. Ese expediente fue declarado nulo un mes atrás. El abogado, pareja de la diputada Marcela Pagano, señala que teme que el fiscal quiera hacer ahora con él lo que no logró en aquel expediente. 

Por otro carril tramita la medida cautelar que consiguió Karina Milei, al pedir que se prohibiera la difusión de audios que habían sido anunciados en Carnaval Stream, pero que no se sabía qué eran. Cómo sea, logró que un juez --Alejandro Maraniello, quien arrastra una decena de denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas por acoso laboral y sexual-- dispusiera lisa y llanamente la censura previa de grabaciones, en la que incluyó a todos los medios, soportes y plataformas posibles. La secretaria presidencial --con el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza-- planteó una mezcolanza de cuestiones: su honor, la seguridad nacional y su familia (en especial su hermano) en alusión a un material desconocido. Lo poco conocido, dijo ella, había sido grabado en la Casa Rosa. Solo se la escuchaba decir a otros que tenían que estar unidos. 

Ante la prohibición y la restricción a la libertad de expresión, no solo apeló el periodista Mauro Federico (por Carnaval y Data Clave), sino otros abogados --como Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti-- en representación de un interés colectivo y periodistas también. Jorge Fontevecchia --con los abogados Sebastián Guidi, Ricardo Gil Lavedra, Roberto Gargarella y Hernán Gullco-- pidió que Maraniello revoque su propia decisión. El expediente estuvo bloqueado hasta ayer. Habían pedido acceder también  el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Amnistía. Las apelaciones fueron concedidas, pero ahora viene una etapa de presentar fundamentos y hasta la semana del 22 no se sabría que sala de la Cámara Civil y Comercial intervendrá.