El gobierno provincial reclama más de 6 mil millones de pesos que obras sociales y prepagas les adeudan a hospitales públicos de Santa Fe. La deuda corresponde a prestaciones que recibieron santafesinos que cuentan con cobertura, pero fueron atendidos en los efectores públicos provinciales. Solo la deuda de Pami supera los mil millones de pesos y, junto a otras cuatro obras sociales, concentran la mitad del monto adeudado. En total, son 224 instituciones las que mantienen deudas con el Estado. “Hasta ahora llegamos a la instancia administrativa y próximamente lo que se va a iniciar son las instancias de apremio fiscal”, explicó la secretaria de Hacienda de la Provincia, Belén Etchevarría. “Obviamente que esto no afecta en ninguna medida los servicios que se le brindan al ciudadano”, añadió.
La información fue difundida por el gobierno este miércoles. En concreto, son 6.102 millones de pesos que la Casa Gris reclama para el sistema de salud público provincial a obras sociales y empresas de medicina prepagas. El monto corresponde a los servicios prestados a personas con coberturas que no recibieron respuesta de sus financiadores primarios. Ese mecanismo de “recupero” se instrumentó el año pasado, luego de que el gobierno nacional –por medio del DNU 172– dejara de actuar como intermediario en el pago que deben realizar cada una de las obras sociales y prepagas a las provincias, en el marco de los servicios brindados.
El monto adeudado por Pami es de 1.161 millones de pesos, y alcanza una quinta parte de la deuda. Eso, sumado a las cifras correspondientes a la deuda de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho (Ospic), la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), representan en conjunto la mitad del monto total: 3.048 millones. Asimismo, el 80% de la deuda se concentra en 21 instituciones. En total, 224 instituciones mantienen deudas con la provincia por este tema.
“En 2024 el gobierno nacional dejó de actuar como intermediador. A partir de ahí es que la provincia se pone al frente de diseñar un sistema que permita gestionar un recupero de las prestaciones que brinda todos los días en los efectores públicos a personas que tienen una obra social, o una cobertura de medicina prepaga”, explicó Etchevarría a Rosario/12. “Este sistema arranca allá por abril de 2024 y ha ido gestionando la recomposición de esos fondos. Al 31 de julio tenemos esta situación, con un grupo de obras sociales que constituyen una deuda de 6.102 millones de pesos que no ha sido cancelada”, añadió.
Desde el gobierno explicaron que las áreas administrativas de cada efector identifican si el paciente que asiste al lugar cuenta con obra social o prepaga. Cuando eso sucede, se inician el reclamo correspondiente para que la cobertura devuelva al Estado provincial los costos de la atención brindada. “La gestión de deuda se realiza cotidianamente en cada uno de los efectores. En cada lugar tenés un equipo administrativo, que es el que tiene el contacto cotidiano y va gestionando el recupero de estos servicios que brinda el Estado”, explicó.
No obstante, desde el gobierno santafesino aclararon que el mecanismo no afecta la gratuidad de la atención sanitaria y remarcaron que el ciudadano es atendido en todos los casos. “Obviamente que esto no afecta en ninguna medida los servicios que se le brindan al ciudadano”, destacó la funcionaria. “El ciudadano va a al hospital y se lo atiende de la forma que es requerida y, en paralelo, se trabaja con un sistema digital donde automáticamente se detecta si cuenta con una cobertura de salud o no. Es un trámite invisible para el ciudadano”, añadió.
Etchevarría también remarcó la importancia de tramitar esos recursos, que vuelven automáticamente al sistema de salud. “Son fondos que se destinan a mejorar las prestaciones. Hasta ahora llegamos a la instancia administrativa y próximamente lo que se va a iniciar son las instancias de apremio fiscal. Es una instancia judicial donde se intiman a las instituciones al cumplimiento de las deudas vencidas”, detalló y agregó: “Obviamente buscamos evitar llegar a esa instancia, porque estamos persiguiendo un uso eficiente de los recursos”.
Por último, la funcionaria consideró que estamos ante un contexto de “afectación” de todas las obras sociales. “Cuentan con menos ingresos, a lo que se suma el encarecimiento de algunos de las prestaciones, o el caso del incremento del costo de los medicamentos. Hay muchos motivos por los que uno podría entender esta situación”, evaluó. “Así como nosotros gestionamos la eficiencia del recurso para el gasto, de la misma manera buscamos gestionar el recupero de aquellos insumos y prestaciones que el sistema público ya brindó”, finalizó.
