Los abogados defensores de Julieta Makintach, la jueza recusada por el escándalo del documental en el primer juicio por la muerte de Diego Maradona solicitaron la nulidad de la causa penal que investiga la presunta realización de un documental en los Tribunales de San Isidro. Mediante un escrito los letrados Nicolás Urrutia y Nicolás Corleto consideraron que su clienta está sometida a una investigación que es "un árbol envenenado" ya que llega desde "un procedimiento ilegal". El documento presentado al Juez de Garantías Nº4, Esteban Rossignoli, expresa que el origen de la causa es "ilegítimo" porque entienden que la Fiscalía y uno de los querellantes utilizó a Jorge Rivas, abogado del acusado Leopoldo Luque, para que denuncie el supuesto documental.

Respecto al fiscal del caso, Patricio Ferrari, sostienen que "perdió objetividad" al ser provisto de información por el mismo Rivas, lo que lo llevó a actuar en contra de la titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2, quien se encontraba haciendo una suplencia en el Nº3 al inicio del juicio por El Diez. Según Urrutia y Corleto, este aspecto perjudicó al proceso por lo que se debería anular el debate. Además, describen que el fiscal investigó de "manera exploratoria sin una base sólida o sospecha razonable" y que las pruebas contra Makintach fueron obtenidas "indiscriminadamente".

Los defensores de la jueza destacan que hasta la actualidad la investigación no consiguió "determinar el modo en que se vio comprometida la imparcialidad de la Dra. Makintach en su rol jurisdiccional en el transcurso del debate". Por el contrario, Urrutia y Corleto reclaman que su clienta sufrió "invasiones a la privacidad e intimidad" y que fue víctima de "manejos irregulares en la obtención de información para crear un `cuento´ con una única finalidad, la nulidad del debate".

La versión de los defensores

Urrutia y Corleto buscan comprobar que había conexiones indebidas entre Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, y el mismo fiscal Patricio Ferrari. De hecho, advierten que ambos llamaron a Julio Rivas el 17 de mayo para decirle que "se estaba corroborando" lo que dijo cuando indicó que Makintach tenía comprometida su imparcialidad por el presunto documental. "No queda claro como sabían en esa fecha, Burlando y el fiscal Ferrari, lo que estaba sucediendo en esta investigación, no eran parte y no deberían tener supuestamente acceso a la información", cuestionaron los defensores que consideraron esto como "una estrategia". "Es altamente incorrecto que el fiscal instruya a la defensa de qué planteos debe efectuar en perjuicio de sus funciones como fiscal", concluyen en el escrito de 36 páginas.