A pesar de haber perdido dos veces en el Congreso, el gobierno nacional persiste ahora en dilatar la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad. En el mismo día que el Ejecutivo la promulgó pero la dejó en suspenso a la espera de que el Poder Legislativo le indique con qué recursos, también eliminó las retenciones a las agroexportaciones, un renuncio de recaudación estimado en 1.600 millones de dólares. Por eso ayer el colectivo de entidades que nuclea a la población con discapacidad se rebeló de indignación y en Rosario inició una ofensiva que terminará en acciones judiciales.

Una docena de instituciones presentó ayer ante Defensoría del Pueblo un reclamo para que ese organismo exija al Ejecutivo nacional "el estricto y efectivo cumplimiento de la ley promulgada, sin dilaciones ni condicionamientos adicionales de financiamiento para su aplicación".

La carta lleva la firma de entidades involucradas directamente en el tema como Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Asociación de Transportes Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes), Movimiento de Unidad de Ciegos y Ambliopes de Rosario, TGD Padres TEA Rosario, Observatorio Mercedes Pagnutti y los colegios profesionales de Psicólogas y Psicólogos, de Fonoaudiólogos, de Trabajo Social, de Psicopedagogos, y la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, entre otras.

Apela al Ombudsman para que ejerza su poder constitucional para que el gobierno garantice la reanudación de prestaciones, pensiones, servicios de salud, aranceles de prestadores, certificaciones de discapacidad, todas implicancias que la renuencia de la gestión Milei puso en suspenso.

"Queremos que la Defensoría requiera al Ejecutivo un informe público de cumplimiento del trámite legislativo completo y de las acciones concretas que va a llevar adelante para garantizar los recursos necesarios, con transparencia, para evitar que la excusa del financiamiento sea usada como justificativo de inacción", postula el reclamo. Y aún más, proponen que la Defensoría promueva acciones judiciales colectivas o de amparo "para proteger los derechos vulnerados por la demora en la aplicación de la Ley". 

"Lo que solicitamos es que el defensor del pueblo ponga coto a la dilación que sostiene políticas de crueldad y abandono a una población que cada día que pasa presenta mayor grado de vulnerabilidad", dijo a este diario Mariel Chapero, presidenta de Apridis. 

"No efectivizar la ley de emergencia en discapacidad implica una decisión política, no tiene que ver con la disponibilidad o no de recursos. El mismo día en que se ubica que no se va a implementar la ley, se eliminan retenciones con el objetivo de sostener objetivos que lejos están de contemplar las necesidades de la población, pero que generan como consecuencia el mayor enriquecimiento de los sectores que más poseen", relacionó al aludir a la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones agrícolas que dispuso el lunes el Ministerio de Economía, hasta el 31 de octubre.

En ese sentido, Chapero puso énfasis en definir la acción de gobierno como "una política de abandono y crueldad".

Pablo Bolego, de los transportistas representados en Atraes, fustigó al Ejecutivo: "No quiere cumplir con la ley, y se trata ni más ni menos que de incumplir con una norma votada por mayoría abrumadora en el Congreso. La situación es absolutamente grave y límite. Mientras se habla de gastos, se toman decisiones como la condonación de retenciones que desfinancian al Estado", reparó.

El Ejecutivo envió a Diputados un mensaje para que especifique el origen de recursos que conlleva la ratificación de la ley. Una estocada burocrática para dilatar la ejecución de la emergencia en Discapacidad. A lo que Bolego puntualizó: "De ninguna manera puede el gobierno trasladarle al Congreso la decisión de establecer de dónde sacar las partidas. Es, simplemente, la decisión política de no cumplir con la ley", se expasperó.

En paralelo, desde la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) se informó que diputados y organizaciones "ya han iniciado acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Si el 4 de octubre la ley no está en plena vigencia, se ampliará la denuncia ante la justicia", advirtió la entidad que agrupa también a los prestadores de transporte en provincia de Santa Fe.