El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a un hombre y una mujer a 10 y 8 años de prisión, respectivamente, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y bajo el supuesto de reducción a la servidumbre. Las víctimas fueron cuatro personas, una de ellas menor de edad, que realizaban tareas rurales en su finca de la localidad jujeña de Palma Sola.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, y el auxiliar fiscal Federico Casas.
La sentencia, dictada el 9 de septiembre por el juez Diego Mautecci, recayó sobre Alberto Vega Galarza y su esposa, Lidia Claros. Ambos fueron considerados responsables del delito de trata de personas con fines de explotación, bajo el supuesto de reducción a la servidumbre, agravado por haber mediado abuso de una situación de vulnerabilidad, por haber logrado la consumación de la explotación, por ser notoria la discapacidad de las víctimas y por la cantidad de víctimas.
Además, a Vega Galarza se le sumó el agravante de que una de las víctimas es menor de 18 años de edad. Los finqueros además fueron condenados a entregar una reparación económica de las personas que explotaron y maltrataron.
La investigación se inició el 21 de marzo de 2024, a raíz de una denuncia realizada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) por la directora del hospital de Palma Sola, quien dio cuenta de que un hombre que había ido para recibir asistencia de salud por una herida en una mano tenía una serie de lesiones.
Detalló que el hombre tenía la cara ensangrentada, a la altura de los labios, y cicatrices en varias partes del cuerpo. El hombre contó que cargaba una mochila de 25 kilos gran parte del día, pues hacía tareas de desinfección en una plantación de limones, pero no tenía el calzado apropiado. La directora del hospital añadió que el trabajador evidenciaba padecer “algún tipo de discapacidad o retraso madurativo, ya que se dificultaba comunicarse”.
En la investigación de la denuncia se hizo una inspección en la finca Vega Galarza, un allanamiento en la casa familiar del matrimonio, en la localidad de Monterrico; el secuestro de numerosos teléfonos para ser peritados, documentación contable e informes de operaciones financieras y se recibieron declaraciones testimoniales.
Las cuatro personas que estaban siendo reducidas a condición de servidumbre fueron sacadas de la finca y puestas a resguardo.
La fiscalía pudo determinar que el hombre que había ido al hospital llevaba 18 años bajo las órdenes de Vega Galarza, quien en un inicio lo alojó en una precaria casilla del establecimiento rural, aunque luego lo llevó a vivir a su casa, en el barrio San Francisco de Monterrico.
En esa casa el trabajador fue recluido a una pieza ubicada en el fondo, sin ventanas y con un baño tipo letrina, entre otras falencias. La revisación médica estableció un cuadro evidente de discapacidad neurológica, con problemas para hablar y escuchar. Tampoco poseía documento de identidad, aunque luego se comprobó que un familiar del acusado estaba a cargo de su tramitación.
A su vez, se descubrió que se había abierto a su nombre una cuenta en una plataforma financiera, la que era utilizada por su empleador, quien realizaba allí operaciones por sumas millonarias. Sobre cómo llegó a trabajar para el finquero, se pudo conocer que Vega Galarza lo conoció en la vía pública, en Yuto, y le ofreció empleo.
Víctimas vulnerables
En la finca también trabajaba un joven que había sido captado tres años antes, cuando era un adolescente de 16 años; era sometido a un trato de explotación laboral tanto en la finca como en la casa particular de la pareja. También presentaba signos de padecer una discapacidad mental.
Además, una pareja trabajaba en un puesto de verduras ubicado en el paraje Tres Cruces, en el empalme de las rutas 43 y 34, de Monterrico. Este comercio era dirigido por Claros.
Durante la investigación, se acreditó que el trabajador con mayor antigüedad ni siquiera estaba registrado por su empleador. No percibía salario alguno y tampoco contaba con el equipamiento de protección necesario para las tareas de fumigación y manipulación de agroquímicos que le eran asignadas.
La situación de este hombre fue considerada la más crítica, debido al delicado estado de salud que presentaba. En una visita domiciliaria se constató que sufría de sangrado bucal, tenía múltiples cicatrices en manos y brazos, y carecía de condiciones mínimas de higiene e indumentaria.
En el caso del joven captado cuando era menor de edad y que luego se incorporó a las labores en la finca, si bien recibía una remuneración de alrededor de 10.000 pesos mensuales, tampoco contaba con las condiciones elementales para el desarrollo de sus tareas.
Por su parte, la pareja que desde hacía tres años era explotada en un puesto de verduras bajo las órdenes de Claros, trabajaba sin registro laboral, sin elementos básicos para la carga y descarga de cajones, y sin días de descanso. A cambio, percibían entre 2.500 y 3.000 pesos semanales.
