El gobierno de Javier Milei consiguió dos salvatajes. El primero llegó de la mano de los gobernadores del nuevo espacio Provincias Unidas y de otros como Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y, una vez más, Osvaldo Jaldo, que evitaron que el miércoles se sancionaran las modificaciones a la ley que limita el uso de los decretos presidenciales. El gobierno ganó oxígeno y tiempo. Como premio, el jueves el Tesoro norteamericano arrojó el salvavidas de plomo que Milei necesitaba para llegar al 26 de octubre. El triunfo pírrico del gobierno podría ser indicio de una recuperación política o, apenas, una tregua hasta las elecciones. En el Senado, los aires son otros: Unión por la Patria trabaja contrarreloj para sesionar la próxima semana y resguardar la ley que ya aprobó con dos tercios. A todo o nada, la Casa Rosada buscará paralizar la actividad en la Cámara alta hasta después de los comicios.
Ni tan anti casta, ni tan antipolítica, la semana que cierra el gobierno movió cielo y tierra para evitar otra catástrofe parlamentaria en la Cámara de Diputados. Martin Menem fue uno de los que más se involucró en los llamados para conseguir el apoyo de los gobernadores. El riojano está obligado a mostrar capacidad política para renovar la presidencia de la cámara a fin de año. Lisandro Catalán y Cristian Ritondo también presionaron. Así consiguieron que los gobernadores de Provincias Unidas -Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes)- junto a los mandatarios de Salta, Rio Negro, Neuquén y Tucumán presionaran a sus diputados para frustrar los dos proyectos que más inquietaban a la Casa Rosada. La modificación de la Ley 26.122 que regula el uso de los DNU y el Proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, una iniciativa surgida de los propios gobernadores.
Otros actores, como la Coalición Cívica y las ex libertarias de los bloques MID y Coherencia, también actuaron como dadores de gobernabilidad. Pero Estados Unidos pide más. Barry Bennett, hombre de Donald Trump, visitó la Casa Rosada la semana pasada. Allí se reunió con el asesor sin firma Santiago Caputo. No le alcanzó la promesa de un “tercio de hierro propio” para después de las elecciones de octubre. Los tutores del Norte reclaman una coalición de gobierno que garantice algo más que un cortafuego a la oposición en el Congreso. La exigencia es que el gobierno, al que están otorgando un respaldo inédito, dé un paso al frente con cambios estructurales: la reforma tributaria, la laboral y la previsional encabezan la lista.
Pero el Gobierno necesita algo más que un triunfo en las próximas elecciones para avanzar con una agenda legislativa propia. Un trabajo reciente de La Sastrería, la consultora de Héctor Timerman, trazó tres escenarios de cara al 26 de octubre.
El primero proyecta al oficialismo cuatro puntos por debajo del peronismo (36% a 32%); el segundo plantea un empate técnico en 34%, y el tercero imagina una victoria de La Libertad Avanza con el 40% de los votos. A priori, pueden extraerse dos conclusiones sobre cómo quedará conformado el Congreso —hoy principal garante del funcionamiento republicano frente a un gobierno que abusa de los decretos y los vetos, y una justicia que mira para otro lado—. Primero: el oficialismo gana perdiendo. Aun en el peor de los escenarios proyectados, conservaría alrededor de 90 diputados propios, sumando al PRO y a los legisladores alineados con los gobernadores aliados. Segundo: aun ganando con una diferencia considerable, no alcanzaría el número necesario para imponer reformas de fondo. En ese caso, obtendría cerca de 103 bancas, todavía lejos de la mayoría propia. Su vínculo con el nuevo espacio Provincias Unidas, que podría cosechar unos 27 escaños, será determinante.
Si el Gobierno quiere mostrarle a Estados Unidos capacidad de recuperación política y dejar atrás el rol defensivo para imponer una agenda de fondo, deberá sellar su relación con el PRO y reconstruir el vínculo y la confianza de los gobernadores no peronistas. La Casa Rosada trabaja en ambos frentes. Las dos visitas a Mauricio Macri no colmaron las expectativas: el expresidente evitó sacarse una foto y condicionó la elaboración de una agenda común para después de las elecciones. El calabrés decidirá los pasos a seguir con los resultados puestos. De los gobernadores se ocupan Guillermo Francos, Lisandro Catalán y los primos Menem, enviados de Karina Milei.
El último miércoles, los gobernadores posibilitaron un cese del fuego parlamentario y le dieron un respiro a la Casa Rosada. El mensaje que subyace es claro: no quieren romper. “Será clave para el Gobierno y sus operadores trabajar la intransigencia de Javier Milei y habilitar el tratamiento del Presupuesto y las partidas de las nuevas leyes sancionadas”, explicó a Página/12 un diputado de centro.
Viento en contra en el Senado
La influencia de la Casa Rosada no opera igual en la Cámara alta que en la Cámara baja. En el Senado, Unión por la Patria y algunos aliados manejan los tiempos. El peronismo trabaja contrarreloj para sesionar el próximo jueves e insistir con el texto original de la Ley 26.122, con el objetivo de limitar los decretos de Milei. Si bien los tiempos parlamentarios son algo más extensos, fuentes de UxP confiaban en reunir nuevamente los dos tercios con los que ya se aprobó esa ley, para saltear el trabajo en comisiones. Sería un golpe fatal para el Ejecutivo, que debe rendir cuentas de su gobernabilidad ante el presidente Donald Trump, justo cuando Milei vuelva a pisar Estados Unidos. Los operadores libertaruis tienen por delante cuatro días para frustrar la sesión.
En paralelo, el senador José Mayans tiene otro objetivo en mente: declarar “bien público estratégico no enajenable” al sistema nuclear nacional, en medio de las negociaciones con OpenAI para instalar en la Patagonia centros de datos. El problema es que esos datacenters son, en realidad, grandes depósitos digitales que sólo consumen recursos locales estratégicos como energía y agua mientras los beneficios económicos se los llevan las transnacionales dueñas de las plataformas.
