Ecuador transista la cuarta semana del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel, sin que exista un diálogo con el Gobierno para poner fin a las protestas.
Tras 22 días de manifestaciones, persistían los bloqueos de carreteras en las provincias de Pichincha (centro-norte), donde se ubica la ciudad de Quito, así como Imbabura (norte), epicentro del paro y donde el Gobierno reforzó la presencia militar y policial.
La capital ecuatoriana continuaba militarizada y las fuerzas de seguridad cerraron las calles que rodean a las sedes de la Presidencia y la Asamblea Nacional, luego de que el domingo se llevó a cabo una manifestación que reunió a cientos de personas en apoyo al paro de la Conaie.
La movilización, convocada por organizaciones indígenas y sectores sociales, fue disuelta por la Policía con bombas de gas lacrimógeno para impedir una eventual toma de la ciudad, lo que fue rechazado por la Conaie que denunció una represión policial.
La fuerza pública mantiene también cerradas carreteras estratégicas para evitar el ingreso a Quito de manifestantes procedentes de localidades de las regiones de la sierra, el centro y el norte.
La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, afirmó en su habitual rueda de prensa que “Quito está en paz y así se va a mantener”, tras señalar que las fuerzas del orden hacen su trabajo. “Las personas que el domingo se manifestaron son un número marginal de los ciudadanos que habitamos esta ciudad”, señaló Jaramillo.
En tanto, el ministro del Interior, John Reimberg, informó en la televisión local que liderará un nuevo convoy humanitario hacia Imbabura, la más afectada por el paro debido al bloqueo de carreteras que conectan con otras provincias.
Imbabura, provincia dedicada a la ganadería y la floricultura, enfrenta problemas de abastecimiento de productos, combustible y gas de uso doméstico, además, el paro afectó al turismo y a las actividades comerciales.
El Gobierno de Ecuador declaró “estado de excepción” en 10 provincias ante la radicalización de las protestas, que hasta el momento dejan un indígena fallecido, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, y al menos 118 detenidos, según datos oficiales.
Los indígenas exigen retrotraer la eliminación del subsidio al diésel decretado por el Gobierno el 12 de septiembre pasado, lo que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares el galón, así como la reducción del 15 al 12 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de mejoras en la educación y la salud, entre otras demandas.
