Luego del revés inconstitucional del Gobierno de Javier Milei sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, a las cuales decidió suspender por decreto (luego de que el Congreso rechace enfáticamente y por segunda vez los DNU que impedían la aplicación de las mismas), las calles volvieron a ser el escenario de marchas y protestas. Por este motivo, organizaciones sociales, gremios y defensores de la educación y la salud pública se movilizaron a Plaza de Mayo para expresar su enérgico repudio a las políticas implementadas por el presidente.
La tensión con la Administración de La Libertad Avanza (LLA) no afloja. En repudio a la crueldad y el desinterés del Ejecutivo, que los sectores que trabajan con personas con discapacidad y la comunidad universitaria retomaron de forma coordinada los paros y el cese de actividades en todo el país. "Sumate a la jornada de lucha en todo el país. Copemos las calles, las plazas, los hospitales y las universidades", indicaron en un comunicado oficial, en la previa de un nuevo día de protesta.
"En Plaza de Mayo exigimos implementación YA de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También nos sumamos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica: sin presupuesto real se apagan tratamientos, se quiebran equipos y se pierden pensiones. Si esto se hunde, se hunden años de rehabilitación, de estudio, y de esfuerzo de miles de familias y profesionales", apuntaron los sectores especializados en discapacidad.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) dispusieron una jornada nacional de protesta el martes y miércoles, con paro docente de 24 horas el martes y acciones de visibilización en todo el país. Por su parte, la Conadu Histórica resolvió un paro de 48 horas para el martes y miércoles.
En tanto, la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un paro de 24 horas para el martes 21, con adhesión de los sindicatos de base, entre ellos ATULP, lo que afectaría la actividad en la Universidad Nacional de La Plata.
Por el otro, los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un "cacerolazo" este martes a las 20:30 en la puerta del hospital (Combate de los Pozos 1881) "en repudio al atropello autoritario del gobierno nacional".
Los DNU antidemocráticos del Gobierno
A través de los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la ley 27.795, Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente; y la Ley 27.796, Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, conocida como "Ley Garrahan".
Lo que no hizo el Ejecutivo fue destinar partidas para que se puedan aplicar. Al igual que lo había hecho con la Ley de Emergencia en Discapacidad, le reclamó al Congreso que defina sus fuentes de financiación y postergó la entrada en vigor de las normas hasta entonces.
En los considerandos de ambos decretos, se explica que las leyes quedarán "suspendidas en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".
De este modo, el Gobierno pretende que sea el Congreso el que defina cómo incrementar los recursos para financiar estas normas, mediante el Presupuesto 2026.
