Por cuarta vez, el Congreso de la Nación votó a favor del financiamiento universitario y, otra vez, el Gobierno nacional se negó a cumplir con el mandato legislativo. En esta oportunidad, el oficialismo promulgó la ley pero la dejó en suspenso "hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”.

"En el momento en el que modificaron la situación de las retenciones al campo, no dijeron de dónde iban a salir los fondos que el Estado argentino perdía", recordó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, en diálogo con la 750

Paradójicamente, agregó, el Estado nacional perdió alrededor de 1500 millones de dólares al otorgar el beneficio a los grandes agroexportadores, una suma similar a la que la Ley de Financiamiento Universitario estipula en gastos para el funcionamiento de las entidades de la educación superior pública en 2026. 

"Han decidido jugar por fuera de la democracia", sentenció el decano de Exactas en Escuchá Página|12. "Es perverso porque por un lado ellos deciden que no haya presupuesto y después dicen que no la pueden implementar porque no hay presupuesto", dijo, respecto de las justificaciones del Ejecutivo para evitar cumplir los compromisos con la comunidad educativa.  

Este miércoles la Universidad de Buenos Aires (UBA) tendrá reunión de su Consejo Superior. De ese encuentro emanará una resolución que condena el nuevo vericueto argumentativo del Gobierno nacional para desfinanciar la educación pública. También habrá una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a todas las universidades nacionales. 

A partir de ahora se abren dos caminos: la vía legal y la vía legislativa. "Por vía judicial, continuaremos con las presentaciones que hagan falta para exigirle al Gobierno el cumplimiento de la ley aprobada cuatro veces", adelantó Durán. Y continuó: "Y por la vía legislativa, lo que vamos a considerar es una moción de censura contra el Jefe de Gabinete por la no implementación efectiva de la ley, que es un mecanismo que la Constitución permite". 

Como ya se hizo en el caso del incumplimiento de la ley que declara la Emergencia en Discapacidad, la comunidad universitaria también impulsará su moción de censura contra Guillermo Francos, un recurso que lo obligaría a dar explicaciones en el Congreso y que hasta podría significar la remoción de su cargo.