“Las políticas nacionales no están poniendo el foco en la urgencia de la reconstrucción”, dice Luis Calderaro, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, a Buenos Aires/12. El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Bahía Blanca asumió su lugar al ser convocado por el intendente Federico Susbielles en diciembre de 2023. El peronismo había recuperado la ciudad y tuvo que afrontar dos temporales catastróficos para los bahienses, el último con una inundación histórica cuyas consecuencias no fueron acompañadas como se esperaba por el gobierno de Javier Milei.

En las últimas horas se conoció que los bahienses deben pagar más de 40 millones de pesos por el uso de los puentes que el Ejército argentino dejó instalados para sostener la conectividad de Bahía Blanca. Por eso, Calderaro habla de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación para ser “la voz que convierta en políticas nacionales los problemas cotidianos de nuestros barrios”.

Ocupa el lugar número 17. Fuerza Patria pone 15 bancas en juego por lo obtenido en 2021. Pero, como dijo Juan Grabois semanas atrás, la posibilidad de repetir un resultado como el del 7 de septiembre, cuando el peronismo venció por más de 13 puntos a La Libertad Avanza en la provincia abre la chance a meter 19 diputados. Esa expectativa traza la campaña de Calderaro.

—En caso de llegar al Congreso, ¿qué espera aportar en nombre de Bahía Blanca?

—Si tengo el honor de representar a Bahía Blanca en la Cámara de Diputados voy con dos prioridades claras. Primero, defender los recursos y las obras que la ciudad necesita para recuperarse y para crecer. Lo segundo es ser la voz que convierta en políticas nacionales los problemas cotidianos de la gente de nuestros barrios, como la movilidad, la infraestructura hidráulica, la protección del trabajo local y el apoyo a las pymes y la producción portuaria. Yo quiero llevar gestión concreta y mecanismos para que las decisiones nacionales no sean ajenas a lo que vive Bahía.

—¿Por qué es necesaria una voz bahiense en el Congreso?

—Porque muchas decisiones que impactan acá se discuten lejos. Las tarifas, los fondos para obras, las políticas portuarias y logísticas o las medidas sociales. Bahía necesita que quien la represente conozca la ciudad, sus actores productivos y sociales, y defienda sin intermediarios los intereses de los vecinos. No queremos que nos expliquen la ciudad desde un escritorio a 700 kilómetros. Nosotros queremos protagonizar las soluciones.

—¿Qué puede aportar desde su experiencia en estos dos años, pero también por sus años como secretario legislativo del Senado bonaerense?

—En dos años en el Ejecutivo municipal aprendí a coordinar equipos, priorizar obra pública y gestionar emergencias. Como secretario Legislativo del Senado bonaerense, una linda experiencia institucional, me formé en las reglas del Congreso, en la construcción de acuerdos, en el detalle técnico de leyes y decretos. Esa combinación me permite pensar leyes con mirada técnica y, a la vez, resolver con sentido práctico. Me permite traducir normas a herramientas que realmente lleguen al vecino.

—¿Cree que la sociedad sigue avalando los acuerdos legislativos o La Libertad Avanza logró imponer una idea agresiva sobre la discusión parlamentaria?

—La política argentina está más polarizada y con discursos que muchas veces privilegian la escena por sobre la solución. Hay sectores que avalan acuerdos y la búsqueda de consensos cuando éstos benefician a las mayorías, y hay, también, una corriente más agresiva que instala agendas rupturistas. Mi posición es la del diálogo con firmeza. No avalamos recetas que dañen el salario, el trabajo o la industria, pero sí creemos en construir mayorías para leyes que protejan a la gente.

—¿Bahía Blanca creció económicamente gracias al modelo impuesto por Javier Milei?

—No es correcto atribuirle a una única receta ese tipo de “crecimiento”. Los procesos económicos locales dependen de inversiones públicas y privadas, del puerto, del comercio local, y de políticas provinciales y municipales que incentiven la producción y el empleo. Las medidas nacionales que desarman regulaciones o recortan la presencia del Estado suelen generar más incertidumbre que beneficios estables para una ciudad que necesita previsibilidad para invertir.

—¿Cómo ejemplificaría el impacto de las medidas de Milei en Bahía Blanca?

—Hoy lo veo en dos efectos concretos. El primero es la mayor incertidumbre para sectores que necesitan créditos, obras y reglas estables, algo que tiene como efecto el retraso de las inversiones. Segundo, los recortes o cambios en programas nacionales que antes llegaban para obras o protección social que obligan al municipio a hacerse cargo de emergencias que no estaban presupuestadas. Lo claro es que cuando el Estado nacional reduce o condiciona ayuda, la cuenta la termina pagando el vecino o el municipio.

—¿Qué significa para la economía municipal que el gobierno nacional les cobre por utilizar los puentes del Ejército?

—Genera frustración y preocupación. Después del temporal la prioridad tiene que ser reconstruir y garantizar la circulación. Entonces, que se condicione la ayuda o que se cobre por estructuras de emergencia que el Ejército instaló para no dejar aislados a los vecinos es una decisión que complica la recuperación y tensiona aún más las finanzas municipales. Es una señal de que las políticas nacionales no están poniendo el foco en la urgencia de la reconstrucción.

—¿Qué recuerda de las primeras horas posteriores a las tragedias climáticas que atravesó Bahía en el último año y medio?

—Recuerdo el movimiento inmediato de vecinos ayudando a vecinos. Se me viene la imagen de los equipos municipales y de emergencia trabajando sin descanso, y la sensación de salir a resolver lo urgente, como las viviendas afectadas, los cortes de vías y asistir a las familias que perdieron pertenencias. Fue también la constatación de que la ciudad necesitaba obras hidráulicas y un plan integral que ya no aguanta más parches. Recuerdo también la firmeza con la que nuestro intendente, Federico Susbielles, dirigió todo el proceso, durante las horas más críticas, y aún hoy, en la reconstrucción de nuestra ciudad. Incluso, tomando decisiones desde la noche anterior a la inundación, cuando se suspendieron las actividades.

—¿Las obras para paliar los efectos del agua debían haberse hecho antes?

—Si.

—¿Por qué no se hicieron?

—Muchas obras preventivas eran necesarias y estaban postergadas. Las razones son variadas. Hubo falta de inversión sostenida en infraestructura, prioridades mal definidas, y, a veces, complicaciones administrativas o de coordinación entre Nación, Provincia y Municipio. La emergencia dejó en claro que postergar inversiones en desagües y sumideros es un riesgo que termina pagando la gente.

—¿Cómo avanzan las obras para reacondicionar la ciudad?

—Se están ejecutando programas de pavimentación, reconstrucción de sumideros y licitaciones para obras hidráulicas que intentan reparar los daños y reducir el riesgo futuro. Hay anuncios y contratos firmados con la Provincia y con organismos nacionales para avanzar en viviendas y obras clave. La magnitud del daño requiere continuidad de inversión y coordinación para que no queden obras a la mitad.

—¿Dónde radica el salto cualitativo que le imprimió la gestión de Susbielles a la ciudad?

—El salto está en poner la obra pública y la reconstrucción como eje, en priorizar intervenciones en barrios y en tratar de ordenar la ciudad con proyectos de movilidad y mejoras en accesos vinculados al puerto. La gestión trató de incrementar el volumen de calles intervenidas y de lanzar iniciativas para vivienda y mejoras hidráulicas. Ahora la clave es sostener y acelerar esos proyectos para que los cambios lleguen al día a día del vecino.