Las movilizaciones de los pescadores artesanales chilenos se extendieron en las últimas semanas por los principales puertos del país andino. Reclaman el fin de la Ley Longueira, sancionada en 2012 bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que otorgó cuotas de pesca permanentes a siete grupos industriales y dejó al sector artesanal con una participación marginal en las principales especies del litoral.
“Queremos que se respete la versión votada en Diputados. El Senado está cediendo ante el lobby pesquero”, declaró Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp).
El conflicto se reavivó tras el debate en el Senado del proyecto de Ley de Fraccionamiento, que busca redistribuir las cuotas de captura entre la pesca artesanal y la industrial. El texto original, aprobado en la Cámara de Diputados, proponía aumentar las cuotas artesanales en 18 pesquerías —entre ellas la anchoveta, la sardina común, la merluza y la jibia—, pero el Senado introdujo modificaciones que favorecen nuevamente a las empresas.
El reparto desigual
La Ley Longueira, bautizada en honor al exministro de Economía Pablo Longueira, fue aprobada con votos obtenidos mediante sobornos de grandes pesqueras. Las investigaciones judiciales confirmaron el pago de coimas a cambio de asegurar la continuidad de un sistema de licencias de pesca privatizado y concentrado.
Pese a los fallos y las denuncias, la ley continúa vigente.
La norma otorga derechos exclusivos de explotación por 20 años renovables a siete familias empresarias vinculadas a la pesca industrial, garantizándoles el control de especies de alto valor comercial y la exportación de productos derivados. Las organizaciones artesanales denuncian que esto redujo su acceso al mar, precarizó su trabajo y acentuó la sobreexplotación de los recursos.
Pescadores movilizados
“Esa ley se compró con dinero y destruyó la equidad en el mar”, señaló Cecilia Arancibia, pescadora de Caleta Papudo, participante de las movilizaciones. “Nosotros vivimos de lo que el mar entrega día a día, no de cuotas eternas”, agregó.
Las movilizaciones se desarrollan desde hace más de una semana en Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano, Aysén y Chiloé, con bloqueos portuarios, marchas y concentraciones frente al Congreso. Los manifestantes exigen una reforma profunda del sistema de cuotas y una mayor fiscalización sobre la pesca industrial.
La respuesta estatal incluyó despliegues policiales y acciones represivas, con varios pescadores heridos por el uso de balines y gases lacrimógenos. Organizaciones sociales denunciaron que la Armada intervino en puertos del sur para impedir el bloqueo de embarcaciones industriales.
El proyecto de fraccionamiento, actualmente en discusión en la Comisión de Intereses Marítimos del Senado, enfrenta presiones directas de representantes de la gran industria pesquera, que advierten que una redistribución de las cuotas afectaría la estabilidad del sector exportador.
Las comunidades artesanales, por su parte, acusan una estrategia dilatoria y falta de voluntad política. “Cada día que pasa sin votar es un día más de desigualdad”, afirmó Arancibia.
El conflicto
El conflicto refleja la tensión entre dos modelos de explotación del mar: uno industrial, concentrado y exportador, y otro artesanal, orientado al consumo interno y la sostenibilidad.
Chile cuenta con más de 90 mil familias que viven de la pesca artesanal, muchas de ellas organizadas en comités o sindicatos locales que gestionan recursos bajo sistemas de manejo responsable.
Además de la disputa por las cuotas, las comunidades denuncian los efectos ambientales de la salmonicultura y la pesca industrial: contaminación de los fiordos, pérdida de especies nativas y agotamiento de la jibia, un recurso clave tanto ecológica como económicamente.
“En Aysén ya no hay jaibas ni pejerreyes como antes. La industria salmonera y la sobrepesca han devastado los canales”, señaló Luis Hernández, pescador del Fiordo Comau. “Pedimos que se escuche a quienes cuidamos el mar, no a quienes lo agotan”, pidió.
La aprobación de una nueva ley pesquera representaría el primer intento en más de una década por revertir un régimen considerado ilegítimo. Para las comunidades, no se trata solo de economía, sino de recuperar la soberanía sobre un bien común.
Mientras el Senado pospone la votación, los pescadores mantienen su protesta en puertos del país. “Seguiremos hasta que se derogue la Ley Longueira”, resumió Arancibia. “El mar no puede seguir siendo propiedad de unos pocos”, finalizó.
