El proyecto de reforma laboral que La Libertad Avanza retomó y presentó en el Congreso de la Nación al día siguiente de su victoria en la elección legislativa encendió en Rosario un vasto abanico de repudio, desde el plano gremial como también desde el derecho laboral. Más aun porque quien firmó como autora y presentante de la iniciativa es la diputada rosarina Romina Diez, y entre los coautores que suscriben también está otro local como Nicolás Mayoraz. Entre las consideraciones que recogió este diario, hubo quienes asumen que la tendencia es profundizar la ofensiva y recortar más derechos: "Volver a un régimen de semi esclavitud", resumieron.

"La reforma laboral del gobierno es gravísima y no va a solucionar el problema económico de la Argentina. El trabajador va a quedar muy indefenso porque se establece un sistema de no pago de indemnizaciones, un sistema de despidos con y sin justa causa y se pulveriza la jornada de ocho horas, se establece una de 12 horas y esto es lisa y llanamente establecer un sistema de semi esclavitud: el trabajador no va a tener tiempo ni siquiera para estar con su familia", se alarmó el lucifuercista Alberto Botto, una de las voces que se elevan por estas horas en el ámbito gremial de Rosario.

Antonio Ratner, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales y de enfrentamiento manifiesto con las huestes libertarias y del PRO a nivel local, redobló su repudio para con el clima de época que avala la iniciativa libertaria. "No hay intención de este gobierno de buscar consensos a la hora de encontrar soluciones al problema laboral. La dimensión del trabajo en negro es fenomenal, debe darse un debate amplio sobre el tema", dijo.

Por otra parte, el abogado laboralista Sebastián Serrano Alou avizora un retroceso de un siglo de reivindicaciones para el trabajador, detrás del paradójico título del proyecto de "modernización laboral".

En efecto, el documento presentado por la diputada Diez se titula "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo", y arranca con el capítulo "Modernización laboral".

El texto recupera parte del capítulo IV del DNU 70/23, que fue suspendido por la Justicia laboral, y habilita cambios sustanciales en la jornada y la estructura contractual. Entre ellos, la posibilidad de extender la jornada laboral de 8 a 12 horas, fraccionar las vacaciones, implementar sistemas de banco de horas y pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas. 

En la misma línea, propone que la negociación paritaria sea "por productividad" y por empresa, ya no por gremio. Y propende a reinstalar el pago parcial del salario en beneficios no dinerarios como los tickets canasta. También depara incentivos fiscales para pymes que contraten nuevos empleados.

Entre los firmantes, además de Diez y Mayoraz, se cuentan los dos legisladores salpicados por vínculos con el narcotráfico, José Luis Espert y Lorena Villaverde. "El proyecto pretende institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y el empleado. Los preceptos del proyecto avanzan en el sendero que fomenta la contratación de empleados, actualizando la normativa laboral, así como la que refiere al trabajo agrario. La propuesta busca el dinamismo que exige el mercado en la actualidad, estableciendo bonos de crédito fiscal; empalme entre los programas de empleo y/o asistencia y el trabajo registrado para las nuevas contrataciones", postula la propuesta libertaria.

Para las fuentes consultadas, esa declamación son eufemismos que esconden una derrota del derecho laboral. "No me sorprende nada de esto, porque ya en la Ley Bases hay un capítulo que reforma casi toda la Ley de Contratos de Trabajo. Este proyecto va directo contra esa ley al eliminar la irrenunciabilidad de derechos y los convenios colectivos de trabajo. Son dos cosas que a los empleadores siempre les ha molestado y siempre quisieron modificarlas", dijo Vildor Garavelli, otro reconocido abogado laboralista de este medio. 

El secretario general del Soepu (Petroquímicos), Mauricio Brizuela, adelantó que estas medidas "no generan empleo ni desarrollo, sólo vulneran los derechos básicos de los trabajadores y de sus familias: es una reforma brutal empujada de manera encubierta y a espaldas al pueblo trabajador", despotricó.

El bancario Sergio Rivolta, en tanto, habilitó el debate pero sin conceder derechos. "No estamos en contra de una reforma laboral, pero si queremos apoyar una que mantenga los derechos conquistados y los amplíe. ¡Es que se está hablando de una jornada laboral de 12 horas, de eliminar la indemnización, salario dinámico según productividad!", se alarmó.

"El techo salarial que plantean se contrapone con el Salario Mínimo, Vital y Móvil", marcó Serrano Alou al sitio RosarioPlus. "Así, la dinámica del salario será en dirección a la pobreza, porque para arriba tiene un techo pero hacia abajo no hay piso", observó. Y más: "Nadie dice quién ni cómo va a evaluar la productividad y el mérito para aumentar el salario o no. Esto solo busca proteger la ganancia empresaria, y van a cargar sobre la parte más débil, el trabajador, las malas decisiones de la parte más fuerte, el empleador y el Estado", concluyó. 

"Con esta ley quieren vulnerar el piso mínimo de la Ley de Contratos de Trabajo, ajustada a la Constitución nacional; es el artículo 14 bis que protege al trabajador. Y con todas las cosas que proponen violan el principio protectorio del derecho del trabajo", denunció Garavelli en declaraciones a radio Sí 98.9. Y de la misma manera, el abogado cuestionó la deserción de la CGT, ausente para resistir esta avanzada patronal que impulsa LLA.

"La cúpula de la CGT mira al costado. Veo a los trabajadores muy desarmados. Estoy seguro de que la mitad de la gente que votó el domingo a favor del gobierno son trabajadores que no saben nada de esto, y eso es responsabilidad dirigencial, incluso la oposición lo explicó muy poco. No les explican que tienen trabajo gracias a todas las leyes previas", señaló.

La mirada empresaria sería la vereda de enfrente. Desde allí, la Federación Industrial de Santa Fe mira de reojo la reforma pretendida por el gobierno. "Si se intenta una reforma sin consensos básicos, vamos a chocar con la judicialización de estas medidas, y eso no le sirve a nadie", advirtió en LT8 Mariano Ferrazini, dirigente de Fisfe. Ese es el mayor reclamo empresario: la litigiosidad laboral. "Santa Fe tiene atrasos en legislación laboral, y con muchos convenios colectivos. Está primera en cantidad de juicios laborales, y eso hace que las empresas tengan un pasivo contingente importante y un costo de ART mayor a otras provincias", reprochó el industrial. Pareció un mensaje dirigido al gobierno de Pullaro, que ahora tiene en agenda acompañar el debate reformista que impulsa Milei.