El colectivo de familias y prestadores de servicios a personas con discapacidad prepara otra acción judicial contra el gobierno nacional, para exigir que se atenga al cumplimiento de la Ley de Emergencia pertinente. La actualización de aranceles del 29, incluso del 35% como hizo trascender la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) "no compensa el atraso acumulado desde el inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023", consignó ayer el Foro Permanente de Discapacidad. Atañe a 294 instituciones acreditadas y alrededor de 300 transportes especiales en toda Santa Fe, de las cuales 194 están en Rosario. Esto afecta, en el plano local, a más de 25.000 usuarios de esos servicios, personas con discapacidad que asisten a centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales, etc.
Los datos que cruzan las distintas entidades del colectivo hablan de un retraso del 70% al mes de agosto, en comparación con los valores a los que se debería haber actualizado. Mientras tanto, ayer en el Congreso de la Nación arrancó la discusión por el presupuesto 2026 con la exclusión de 165.000 pensiones suprimidas por la ANDIS en la gestión del despedido Diego Spagnuolo. "La ley establece otorgarle la pensión a 500.000 personas que están esperando. Significa que no van a cumplir con la ley", lamentó Pablo Bolego, presidente de Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), a este diario.
Solo en la provincia de Santa Fe, hay 138.000 personas con certificado único de discapacidad (CUD), de las cuales 45.000 residen en Rosario.
"La destrucción del sistema prestacional, que garantiza el acceso al derecho a la salud y a la educación de más de 300.000 personas con discapacidad, se profundizó durante la actual gestión, que desde su inicio no ha otorgado aumentos acordes con los costos reales ni con los índices de inflación", apunta el mensaje del Foro que agrupa a todo el sector a nivel nacional.
"El desfasaje ha sido brutal, porque el combustible aumentó en este tiempo 385% mientras nuestros aranceles iban aumentando de a 1 o 2 puntos, y ahora 35. Es irrisorio, no hay manera de sostener nuestros servicios con calidad", indicó Bolego.
"El aumento otorgado representa solo la mitad de lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad para el mes de octubre y, además, se paga de manera fraccionada. Aun así, el gobierno lo comunica como si se tratara de una respuesta a las necesidades reales de los prestadores, cuando en realidad no cumple con los parámetros fijados por la ley ni con los compromisos asumidos", planteó el Foro.
Porque además –puntualizan– ese incremento de 35% los prestadores de servicios lo cobrarán recién en marzo o abril del año próximo. "No es una solución, no cubre los costos reales, solo profundiza el endeudamiento y la crisis del sistema prestacional", remarcó el mensaje del colectivo.
Mientras el gobierno persiste en no aplicar la ya promulgada ley 27.793 –que el presidente Milei vetó y luego el Congreso la ratificó– un terapeuta de taller cobra $28.000 mensuales por 4 horas diarias de labor. "Hay 121.000 millones de pesos asignados a la ANDIS que están siendo subejecutados, si la situación continúa sin cambios, muchos prestadores dejarán de brindar servicios antes de fin de año, afectando directamente la accesibilidad de miles de personas con discapacidad. La ley de emergencia buscaba garantizar la subsistencia del sistema, pero hoy lo están deteriorando todo", señaló.
Otro frente de reclamo es con las empresas de medicina prepaga y las obras sociales gremiales, que no hacen su debido aporte. "Regatean, mienten los números, es una disputa histórica que tenemos con los sindicatos y las prepagas", añadió.
Por todo esto, el arco de instituciones que agrupa a este sector prepara un recurso de amparo que presentarán en las próximas horas ante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que concentra todas las presentaciones civiles que claman por los derechos de la población con discapacidad, en especial el recurso de inconstitucionalidad del artículo 2° del decreto 681/25 que suspende la aplicación de la ley de emergencia.
