Hace poco más de veinte años, en la vieja maternidad de Barrio Norte, León Rozitchner dejó caer una frase que podría ser el epígrafe de todas las fotografías tomadas en la salvaje represión al pueblo que ejecuta minuciosamente, y con deleite, la ofensiva neoliberal: “la policía es la prolongación del ejército en la democracia aterrada en la que vivimos”.

Si nunca fue tan nítida la expresión de dos proyectos de país en pugna desde el inicio de este gobierno cipayo, cobijado y a resguardo de la prensa hegemónica, en estos últimos días se puso una vez más de manifiesto que su retaguardia ideológica es el autoritarismo en su máxima expresión. El autoritarismo armado. El autoritarismo de los fierros con los que buscan disciplinar a una porción sustantiva de la sociedad civil que resiste a la vulneración de los derechos conquistados. El autoritarismo de los que se perciben, y se saben, dueños del país; cuyas fortunas individuales y corporativas fueron construidas a partir del genocidio que propiciaron, apoyaron y de cuya responsabilidad se mantienen impunes.

Los que votaron en contra de la estatización de los fondos previsionales que estaban en manos del capital financiero (Ley 26425/08) son los mismos que hoy recortan cien mil millones de pesos de los sectores más vulnerables para destinarlo al proyecto reeleccionista con base en la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo cubrir una porción significativa de los crecientes intereses del megaendeudamiento externo, que ya compromete el futuro de generaciones enteras de argentinos. Para que no quede el más mínimo atisbo de duda del carácter que asumen las “reformas permanentes” que impulsa este gobierno, las exenciones impositivas al gran capital, sancionadas en la reciente ley tributaria, desfinancia fuertemente al Estado para descargar sobre los sectores populares el costo del ajuste.

El extraordinario blindaje mediático del que gozan para desmontar las conquistas logradas durante el extenso lapso en el que no ejercieron el gobierno del Estado, no alcanza para ocultar la identidad moral de la clase dominante argentina: este modelo societario que se construye sobre la base de una brutal transferencia económica de los trabajadores al capital concentrado, solo puede cerrar con represión y criminalización de la protesta social. El violento proceso confiscatorio del que es objeto nuestro pueblo es el objetivo estratégico de la alianza gobernante. Un “cambio” que tiene su centro de gravedad en una radical modificación de las relaciones de fuerzas entre el capital y el trabajo, en detrimento de este último. Mientras el sector agropecuario se benefició de la supresión de las retenciones y se los eximió, directamente, de la obligación de liquidar las divisas en el país, y por si fuera poco designaron como ministro de Agroindustria al ex presidente de la Sociedad Rural, y mientras que las mineras y los exportadores de commodities industriales también fueron objeto de igual beneficio, el ajuste de las cuentas fiscales para cubrir los resultados de la política económica, cambiaria y financiera del gobierno recae sobre la clase trabajadora.

Pero algo comenzó a resquebrajarse. Las aniñadas fantasías apologéticas del individualismo cerril, propias de los manuales de capacitación de las empresas privatizadas a inicios de los noventa, revelaron su verdadero rostro coactivo y siniestro. En tal sentido, una porción significativa de la sociedad civil no se dejará amedrentar por la alianza estratégica que conforman el poder judicial, el aparato mediático, las fuerzas de seguridad  y el Poder Ejecutivo, como centro articulador de la ofensiva represiva. En algún punto esto es perfectamente congruente con la construcción de un modelo societario excluyente y que para ser gobernable, es decir, para que el campo popular acepte el proceso confiscatorio al que está siendo sometido, la única alternativa posible, agotado el estribillo de la pesada herencia, es la represión lisa y llana.

Sin embargo, una pregunta comienza a flotar en el aire: ¿hasta cuándo puede durar el consenso que aún legitima la confiscación de los ingresos de los sectores populares y los estratos medios en beneficio del capital concentrado? Arriesgamos una hipótesis: hasta que el endeudamiento externo lo permita, y la legitimidad de la que aún goza tamaña transferencia de recursos a la cúpula económica comience a ser puesta en crisis.

* Investigador del Conicet (Gino Germani). Profesor Titular de Sociología (UBA).