En el marco de la democracia representativa la libertad de expresión no es ni una declaración abstracta ni un derecho que se ejerce individualmente. Se trata de un pilar esencial para el funcionamiento de la sociedad y una práctica indiscutiblemente social. Tampoco es una cuestión apenas restringida al trabajo que desarrollan las y los comunicadores sociales, sino un derecho que, en primer lugar, le compete a la ciudadanía aunque tenga una aplicación particular y específica para quienes se desempeñan profesionalmente en el campo de la comunicación.