El gobierno de Tucumán suspendió en la provincia la actividad de vuelo libre, que incluye el parapente, “hasta que se garantice la seguridad de pasajeros e instructores”. La medida se tomó una semana después de la muerte de Natalia Vargas, la joven que cayó durante un vuelo, desde 120 metros de altura, por una falla en el procedimiento al colocarle el arnés de sujeción. Sergio Bujazha, el presidente del Club de Vuelo Libre Los Caranchos, empresa a la que acudió Natalia para volar, dijo a PáginaI12 que “si bien la medida va a ser acatada y se está cumpliendo, jurídicamente no tiene valor, porque la autoridad que rige la actividad es la ANAC ( Asociación Nacional de Aviación Civil)”. El padre de la joven, Juan José Vargas, dijo a este diario que tomó la resolución “como un acto de cordura del gobierno, porque estaba promocionando la actividad de forma irresponsable”. Por la noche, amigos y familiares se concentraron para pedir justicia frente al Ente Tucumán Turismo.

Un día después de que el gobierno provincial, que promociona los vuelos en parapente y aladelta como atracción turística, trasladara la responsabilidad del control de la actividad al gobierno nacional, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto con la suspensión transitoria de los vuelos libres (aquellos cuya práctica no necesita motor) deportivos y comerciales en toda la provincia.

El funcionario, quien reemplaza al gobernador Juan Manzur, de licencia por vacaciones, aseguró que la “suspensión es transitoria hasta tanto las autoridades competentes puedan aportar las reglamentaciones necesarias para garantizar la seguridad tanto a los deportistas como a los aficionados”.

Por su parte, Bujazha sostuvo que “la Federación Argentina de Vuelo Libre (FAVL) es la encargada de emitir las licencias. Y si uno quiere ser un prestador de turismo activo, el gobierno exige la habilitación de la Federación, el seguro al día y la licencia. Esto es así para quienes ejercen la actividad comercial, para los que lo hacen deportivamente no es necesaria la licencia, aunque la mayoría la tiene, porque sirve para poder demostrar, cuando uno viaja o compite, que es apto para volar”.

Según el representante del club “las medias de seguridad se cumplen. En este caso hubo una negligencia muy grave del instructor (Ariel Salazar). Un error inentendible que se pagó muy caro, con la vida una joven”, dijo, y remarcó que “en 25 años de vuelo, es la primera vez que ocurre una muerte. Y esto no significa, de ninguna manera, minimizarla. Pero el camino no es suspender la actividad”, señaló. Consultado sobre la posibilidad de implementar nuevas medidas de seguridad, como un doble chequeo, dado que el error, cometido y admitido por el propio Salazar, ocurrió durante el checklist previo a la salida, durante el cual el instructor no colocó la pernera que integra el sistema de seguridad y que sostiene al pasajero al parapente, Bujazha dijo que será materia a debatir. 

“Quizás en la actividad comercial se pueda pensar en una segunda persona para chequear. Pero el problema que trae aparejado es que el piloto puede dejar de confiar en sí mismo, es un problema muy discutido, porque queda difusa la responsabilidad. Tal vez, después de todo esto, veremos con expertos si hay que hacer algunos cambios en la modalidad”, afirmó.  

Si bien la FAVL, una federación de clubes que integra la Federación Aeronáutica Internacional, es la encargada de reglamentar la actividad en el país, tomar exámenes y otorgar licencias de piloto en sus distintas categorías, de piloto biplaza y de instructor, no tiene poder de policía sobre la actividad. Por otra parte, la ANAC es la encargada de reglamentar y controlar el espacio aéreo. 

En algunos municipios, según pudo averiguar este diario, para habilitar a los clubes piden la licencia para el uso del espacio aéreo otorgado por la ANAC, la licencia de piloto expedida por la FAVL, que se renueva anualmente y para la que hay que asistir a talleres, seguro al día y certificado de curso de primeros auxilios. Pero no hay una norma nacional para el ejercicio comercial y las habilitaciones dependen de las ordenanzas locales.

En la causa caratulada como “homicidio culposo”, entre las cosas que deberá determinar la fiscal a cargo del caso, María del Carmen Reuter, es cuál es la situación de Salazar, ya que según le informó el gobierno provincial a  Vargas, el piloto no está registrado en la FAVL. En este sentido, la falta de regulación de la actividad será tema a debatir.