El juez federal Claudio Bonadio hizo ayer trascender que clausuró la instrucción de la causa dólar futuro y que le remitió el expediente al fiscal Eduardo Taiano para que formule la acusación y el caso sea elevado a juicio oral. Sin embargo, en forma paralela, Bonadio mantuvo en reserva su resolución por la cual ayer dictó el sobreseimiento de los que se beneficiaron con la operatoria del dólar futuro, principalmente los funcionarios del PRO, empezando por Mario Quintana y Gustavo Lopetegui –ambos en la jefatura de Gabinete–, Martín Lousteau, embajador en Estados Unidos, Pablo Curat, en el directorio del Banco Central y José María Torello, asesor privilegiado de Mauricio Macri. Todos ellos operaron con dólar futuro y obtuvieron ganancias importantes gracias a la devaluación decidida por el gobierno que ellos mismos integraban. Pero los beneficiados por la operatoria dólar futuro están siendo investigados en otra causa, la que instruye el juez Sergio Torres, es decir que Bonadio los sobreseyó sabiendo que está acusados por otro juez.
Durante la mañana de ayer, desde Comodoro Py se difundió que Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los funcionarios de la administración kirchnerista quedaron al borde de un juicio oral. Es que Bonadio dió por cerrada la instrucción por el caso dólar futuro y le envió la causa a Taiano para que redacte la acusación. No se trata de un caso de corrupción, sino de una medida económica que se tomó a fines de 2015 para evitar una megadevaluación, que después fue concretada por el gobierno de Cambiemos. Hace menos de una semana, el coordinador de la jefatura de Gabinete, Quintana, dijo en una entrevista con el periodista Marcelo Zlotogwiazda que no consideraba que existiera delito alguno en la operatoria, en línea con lo que señalaron en su momento también Elisa Carrió, Felipe Solá y otros dirigentes políticos.
El caso es inédito: se está a punto de enjuiciar en tiempo récord una medida económica. Basta ver que el expediente por el Megacanje, por ejemplo, lleva 15 años y no fue elevado a juicio. En ese caso ni siquiera estaba en cuestión la medida en sí misma, sino el beneficio que funcionarios vinculados a los bancos le dieron a los bancos con los que tenían relaciones.
La causa dólar futuro deja planteada la posibilidad de judicializar cualquier medida económica, como el acuerdo con los fondos buitres o el blanqueo. El argumento es que se administraron mal, fraudulentamente, los bienes del estado y eso mismo se puede aplicar a las decisiones que toma Mauricio Macri y sus miembros de gabinete, quien de hecho, ya están imputados por la emisión de Lebacs. Como se recordará, para adoptar una de las resoluciones en esta causa, Bonadio copió un texto del Rincón del Vago. Lo que señalan los juristas es que un magistrado no tiene autoridad para resolver sobre una medida económica.
Lo impactante del fallo de ayer no es la parte que se comunicó desde temprano sino la que se mantuvo en reserva hasta el atardecer: en la resolución, Bonadio sobreseyó a los funcionarios del PRO. El juez argumenta que el delito se consumó cuando se le ofreció a los empresarios y ahorristas comprar dólares a futuro a algo más de 10 pesos cuando en Nueva York se vendía a 15. “No se puede reprochar penalmente la conducta de los compradores (de dólar futuro) frente a tan atractiva oferta”, dice el juez, salvando a los hombres del PRO. Y agrega que no importa si después esas mismas personas, ya como funcionarios, decidieron la devaluación.
Lo más impactante es que Bonadio sabe que Quintana, Lopetegui y los otros están siendo investigados por la operatoria de dólar futuro en un expediente que instruye Torres y cuyo fiscal es Jorge Di Lello. O sea que Bonadio sobreseyó superponiéndose a Torres. Habrá que ver qué dice Taiano de semejante maniobra.
Para el magistrado, el punto central es que los funcionarios de la administración de CFK vendieron el dólar a un precio ficticio. El se arroga la facultad de señalar que el precio verdadero era el de Nueva York. Lo que contestaron Kicillof, Vanoli y otros acusados es que su función era preservar el valor de la moneda, evitar una corrida cambiaria e incluso que el precio del dólar se disparara muy por encima del valor fijado por ley en el presupuesto 2016. Además de los argumentos judiciales, los funcionarios kirchneristas señalaron que la posterior devaluación trajo una brutal pérdida del salario real de los trabajadores, por lo que ellos en su momento tomaron medidas orientadas a defender el bolsillo de los que menos tienen.
Toda la movida en Comodoro Py alrededor de la causa dólar futuro exhibe el alineamiento del aparato judicial contra los anteriores funcionarios. La lógica indica que el juicio se hará recién en 2018 –los recursos a Casación no retrasan el expediente–, ya que es una causa en la que no hay detenidos y ni siquiera se acusa a alguien de llevarse dinero a su bolsillo. Sin embargo, Comodoro Py muestra una desesperada carrera por enjuiciar y condenar a quienes fueron parte del gobierno que dejó la Casa Rosada en diciembre de 2015, por lo que los fallos y los plazos pasaron a ser imprevisibles.
