El secretario general y el adjunto del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano y su hijo Pablo, fueron denunciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por entender que incurrieron en el delito de lavado de dinero y evasión impositiva. La presentación judicial, que alcanza además a la empresa de servicios postales OCA S.R.L., se realizó a partir de un informe realizado por Unidad de Información Financiera (UIF).
La acusación contra los Moyano se concreta poco después de que el gobierno hiciera trascender el informe que la UIF le había alcanzado al juez federal Claudio Bonadio. En ese informe se describen supuestas operaciones sospechosas por más de 200 millones de pesos entre empresas vinculadas a los Moyano con el sindicato y la obra social de Camioneros.
En su presentación la Procelac señala que en el informe de la UIF hay "indicios de lavado de activos y de evasión tributaria" los considera suficientes como para formular la denuncia para poder ordenar medidas probatorias que, por sus características, "requieren de intervención y autorización judicial, como ser el levantamiento de secretos fiscales y bancarios".
