Después de tres días de pulseada transmitida en vivo y directo y con un cronómetro en los canales de noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se anotó ayer una pequeña victoria en el Congreso, aunque de corto plazo, que permitirá aprobar fondos para que su gobierno vuelva a funcionar, probablemente hoy.  “Estoy contento de que los demócratas en el Congreso entraron en razón”, aseguró el republicano Trump en un comunicado leído por su vocera ante las cámaras de televisión e hizo una aclaración que es clave: prometió que sólo votará una ley migratoria, “si es buena para el país”. 

El mandatario, quien recordó que su prioridad es “resolver el problema de la injusta inmigración ilegal”, hizo referencia directa al corazón del acuerdo más o menos explícito que alcanzaron oficialismo y oposición ayer en el Senado para dar luz verde a la ley presupuestaria que ponga fin al cierre parcial del gobierno hasta el 8 de febrero próximo. 

“En unas horas, el gobierno federal volverá a abrir. Pero el liderazgo republicano tiene 17 días para encontrar una solución para los soñadores”, sentenció el líder de la minoría demócrata en la cámara alta, Chuck Schumer, antes de anunciar que daría los votos para superar la primera votación, el único obstáculo que tiene hoy el oficialismo en todo el proceso legislativo. Los llamados soñadores son cerca de 800.000 jóvenes inmigrantes que llegaron al país con sus familias cuando eran menores y se quedaron de manera ilegal. El gobierno del ex presidente Barack Obama no les abrió un camino a la legalización definitivamente, pero sí creó un programa –el DACA– para que puedan estudiar y trabajar sin temor a ser deportados. En septiembre pasado Trump no renovó ese decreto de Obama y le pidió al Congreso que defina la situación de esos jóvenes por ley. El tiempo pasó y los republicanos, que dominan ambas cámaras, no impulsaron ningún proyecto. 

Por eso, tras dar los votos para aprobar las últimas tres leyes parches –necesarias luego de que el oficialismo no lograra aprobar el presupuesto anual que debía comenzar a regir en octubre pasado–, la oposición demócrata ató la legalización de los miles de soñadores a apoyar la actual y cuarta ley parche para mantener funcionando al gobierno. En el tercer día de cierre de gobierno federal, la oposición demócrata cedió con la promesa republicana de que antes de que venza el nuevo parche presupuestario aprobarán una ley que reemplace el DACA. “A todos los soñadores que nos están mirando, no pierdan la esperanza”, sentenció el senador demócrata Dick Durbin, según el canal de televisión legislativo Cspan. 

Después de semanas de intentos infructuosos y mucha tensión, la votación en el Senado fue casi un trámite: 81 a 18, entre estos últimos 16 demócratas y dos republicanos.  “Quiero ver una reapertura del gobierno tanto como el resto, pero esta ley no arregla el problema moral que debemos resolver. Por eso voté en contra”, escribió, más tarde, la senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, en Twitter. 

Después de esa votación clave, los senadores comenzaron el procedimiento para dar media sanción a una ley presupuestaria parche que mantenga en funcionamiento el gobierno federal hasta el 8 de febrero próximo, al mismo tiempo que la cámara baja debatía para ganar tiempo y dar la aprobación final ayer mismo. 

“El liderazgo demócrata me dijo que llegue a un acuerdo con la Casa Blanca, la Casa Blanca me dijo que llegue a un acuerdo con los líderes republicanos del Congreso. Trump no sólo rechazó uno, sino dos acuerdos”, se quejó ayer Schumer y dejó en claro que para la oposición toda la responsabilidad de la actual crisis es del presidente. 

El líder de la mayoría republicana en la cámara alta, Mitch McConnell, tampoco ayudó a mejorar el clima del debate. “El pueblo estadounidense no entiende”, les repitió varias veces McConnell a los senadores demócratas y los volvió a acusar de poner los intereses de “inmigrantes ilegales” por encima del Estado y la sociedad norteamericanas. El oficialismo y la oposición llegaron finalmente al acuerdo tan buscado para que 800.000 empleados públicos federales vuelvan a trabajar y cobrar sus sueldos y para que el gobierno de Trump funcione en toda su capacidad.