Desde noviembre pasado se consolida el debilitamiento de la capacidad de generación de contenidos en las señales audiovisuales del Estado nacional. Se produjeron despidos y retiros voluntarios en Encuentro, DeporTV y Pakapaka. Además, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (Sfmcp) disolvió el área de contenidos de la Televisión Digital Abierta.
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), empresa que administra Canal 7 y Radio Nacional, propuso jubilaciones anticipadas en la televisora y despidió a catorce personas de Radio Nacional. Adicionalmente, el Sfmcp propone realizar en esta empresa una paritaria sin aumentos salariales para 2018, modificar el convenio colectivo de los trabajadores del sector y decidió eliminar las horas extras. Esta última decisión llevó a que la emisora se quede sin noticieros durante los fines de semana. La misma motivación de ahorrar recursos parece haber primado para dejar sin cobertura propia la visita del papa Francisco a Chile. Además, un reciente decreto estableció que el directorio de RTA SE realizará en el futuro sus actividades ad honorem.
Un debate constante en torno a los medios estatales es la medida justa de su financiamiento y la cantidad ideal de trabajadores a cargo. En ambos casos depende del proyecto a mediano plazo que se den estos medios, de sus objetivos (fijados por ley en Argentina) y de la magnitud de sus prestaciones.
El directorio de RTA SE informó en 2014 que Canal 7 pasó de 1009 a 1080 empleados entre 2008 y 2014. En el mismo periodo Radio Nacional llevó su planta de 1036 a 1154 trabajadores. Entre 2003 y 2015 tanto Radio Nacional como Canal 7 experimentaron una notoria recuperación y expansión de sus prestaciones y su tecnología. En este proceso debe incluirse su despliegue hacia Internet y la creación de un archivo digital. Estas acciones potenciaron la difusión y la producción de sus contenidos. El crecimiento de la planta puede explicarse en ese proceso. El propio director de Canal 7, Horacio Levin, reconocía en diciembre en su carta de renuncia que tuvieron plena ocupación en los últimos dos años.
Según los balances contables, entre 2003 y 2009 el aumento interanual promedio del presupuesto en Radio Nacional y Canal 7 fue de 38%; y entre 2009 y 2014 fue de 24%. El financiamiento de RTA SE se sostuvo durante el kirchnerismo fundamentalmente en los recursos provenientes del Presupuesto Nacional. En 2011 se sumó un porcentaje, minoritario en el total, surgido de lo recaudado por los gravámenes implementados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Pese a este crecimiento, su dimensión presupuestaria continuó muy por debajo de las experiencias estatales europeas. En 2006 la corporación mediática pública canadiense concluyó que en Europa occidental se invertía un promedio de 60 dólares por habitante por año en los medios de propiedad estatal. En 2015, el presupuesto de RTA SE era de 59 pesos o 6,5 dólares anuales por habitante.
Entre 2003 y 2015, el Estado nacional asumió progresivamente un rol protagonista como emisor, productor y financiador de contenidos audiovisuales. Esto incluyó la creación de nuevas señales estatales y la recuperación tecnológica de Canal 7 y Radio Nacional. Esta actividad estatal se operó desde diferentes organismos y modalidades, y supuso también dispares niveles de formalización de los trabajadores involucrados. Este panorama en las experiencias audiovisuales estatales significaba todo un desafío para el Gobierno que asumió en diciembre de 2015. Con dos años de gestión transcurridos, algunas tendencias comienzan a consolidarse.
Hernán Lombardi ratificó públicamente que la reducción de la planta laboral en los diferentes espacios estatales audiovisuales era una política del Ejecutivo justificada en la necesidad de desmontar el “aparato de propaganda” kirchnerista y de terminar con formas de contratación irregulares. Además, el titular del SFMCP ratificó la reducción real de los recursos del Presupuesto Nacional destinados a RTA SE.
El ajuste en los medios estatales (ahorro, en términos del ministro) debilita su capacidad de producción y de participación en el debate público mediático, dominado por la lógica comercial en Argentina. Se lesiona así su función social, demandada legalmente, que cede ante decisiones de política económica en torno a la inversión en el sector estatal. La generación de mayores niveles de diversidad y pluralismo mediático difícilmente puede enriquecerse desde los medios del Estado con la pérdida de recursos humanos y económicos.
* Becario doctoral Conicet en IEALC-UBA.
