Valentina Salvi, investigadora del Conicet y directora de Estudios sobre Memoria en el IDES
“Pretenden presentar a los militares como víctimas”
Salvi analiza la reaparición del discurso de “memoria completa” en las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Macri. El objetivo, explica, “es ocultar las responsabilidades y las diferencias políticas, históricas, éticas entre víctimas y victimarios”.
“La noción de reconciliación en Argentina es sinónimo de impunidad, de olvido y de cierre”, advierte Salvi.“La noción de reconciliación en Argentina es sinónimo de impunidad, de olvido y de cierre”, advierte Salvi.“La noción de reconciliación en Argentina es sinónimo de impunidad, de olvido y de cierre”, advierte Salvi.“La noción de reconciliación en Argentina es sinónimo de impunidad, de olvido y de cierre”, advierte Salvi.“La noción de reconciliación en Argentina es sinónimo de impunidad, de olvido y de cierre”, advierte Salvi.
“La noción de reconciliación en Argentina es sinónimo de impunidad, de olvido y de cierre”, advierte Salvi. 

El pasado 19 de enero, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Diego Suñer, dirigió el homenaje que la fuerza realizó por los 44 años que se cumplieron del ataque a la Guarnición Militar de Azul. Allí, entregó diplomas y medallas a hijos, hijas y hermanas de militares muertos en el intento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de tomar el regimiento en 1974, quienes “en silencio han sufrido la pérdida de un ser querido sabiendo que no siempre se han sentido debidamente acompañados”, les dedicó Suñer. También les prometió que la “intención” de la institución que dirige es “reparar” ese abandono en próximos actos que, según informó, llevará a cabo a lo largo del año en todo el país. La conmemoración de sus “caídos” y la exposición de estos como “las víctimas” de las Fuerzas Armadas en la historia que recorre los años previos a la última dictadura cívico militar y el terrorismo de Estado; el reconocimiento a sus familiares y la presentación del Ejército como una institución sufriente “no es nueva”, advierte la investigadora Valentina Salvi. Lo que revelan el acto en Azul y las palabras de Suñer es una especie de salida del closet de esta narrativa de la memoria castrense sobre la década del 70, que durante los 12 años del kirchnerismo circuló limitadamente por los pasillos de la fuerza y que hoy encuentra vía libre para convertirse en su postura pública (ver recuadro).  

Salvi es directora del Núcleo de Estudios sobre Memoria del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y docente de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es socióloga, máster en Comunicación y Cultura y doctora en Ciencias Sociales (UBA), además de investigadora de Conicet. Gran parte de su carrera la dedicó a indagar cómo, a lo largo de la democracia, el Ejército y sus cuadros lidiaron con su comportamiento criminal en la última dictadura: qué dijeron frente a la sociedad en diferentes épocas sobre aquellos años, qué dijeron en la intimidad de la institución, cuáles son los objetivos de esas narrativas. Salvi plasmó gran parte de los resultados de ese trabajo en el libro De vencedores a víctimas (Biblos). El análisis, que abarcó desde el alfonsinismo, cuando el discurso imperante en la fuerza era el de la “reivindicación de los comandantes y combatientes” que participaron del terrorismo de Estado como “héroes que salvaron al país”, hasta los primeros años del kirchnerismo, un período de “fuerte control político” de las Fuerzas Armadas, que implicó su adhesión institucional a las políticas de memoria, verdad y justicia.

–¿Cómo se entiende el anuncio del Ejército sobre el regreso de los actos de reivindicación a muertos de la fuerza en acciones de organizaciones políticas armadas previas al golpe militar de 1976? 

–El discurso de los militares asesinados por las organizaciones armadas es muy viejo dentro de la institución desde los funerales que se hacían en la década del 70. Es parte de sus memorias y relatos, no dejó nunca de circular en su interior, así que su existencia no es en sí misma una novedad. Lo problemático en términos institucionales es que esa reivindicación se convierta en el único relato público que ellos buscan difundir y hacer circular. Cuando digo ellos digo una diversidad de actores que recuerdan a los militares y civiles asesinados por las organizaciones armadas: desde los familiares organizados políticamente en agrupaciones de memoria completa pasando por los oficiales retirados que son de la generación de los represores, los oficiales superiores en actividad, los cuadros actuales del Ejército. 

–En el discurso que ofreció el 19 en Azul, el jefe del Ejército habló de “víctimas”, de “caídos” para referirse a Carlos Gay, Roberto Ibarzabal y a Daniel González, muertos durante el ataque y en los días posteriores. ¿Cuándo comienza el Ejército a hablar de sus “víctimas”? 

–En términos sociales, la figura de la víctima es central para encauzar demandas. No solo para los organismos de derechos humanos, sino para todo actor social que busca difundir sus reivindicaciones. En la década del 80, el Ejército no reivindicaba a sus muertos, sino a los comandantes –de las Juntas Militares– y a los combatientes, hoy oficiales retirados investigados, procesados o condenados por delitos plenamente probados y que cumplen condena. Eran los “héroes” que habían hecho lo que debían para salvar a la patria en una guerra. Estos “héroes” eran la figura central que organizaba la memoria militar. Por dos motivos, eso cambia: primero, porque se instala socialmente y con fuerza la figura del desaparecido como víctima de lo sucedido en la dictadura. Se vuelve un discurso hegemónico el reconocimiento de la figura del desaparecido, su existencia no es negada. El Juicio a las Juntas, la Conadep, el trabajo de los organismos de derechos humanos fueron fundamentales en esto. Los “héroes” militares pierden a su contrafigura en tanto subversivo, que se convierte en desaparecido, en víctima y se vuelve un espejo en el que los militares se empiezan a mirar. Por otro lado, están los indultos, socialmente muy cuestionados, y los militares que cuentan mediáticamente en la década del 90 los crímenes que se cometieron durante el terrorismo de Estado, (Adolfo) Scilingo y Víctor Ibañez. Luego de esto, no hay chance para seguir presentándose como los grandes salvadores de la Patria. A eso se le suma (el ex jefe del Ejército Martín) Balza, que reconoce como innegable la tortura de aquellos años. Se produce un quiebre dentro de la propia institución y aparece la figura de la víctima como central. Fue Ramón Díaz Bessone –condenado por crímenes de lesa humanidad– quien introduce la figura de víctimas con su libro In memoriam y la lista de militares “caídos”. 

–¿De qué les sirve la figura?

–Cuanto más los militares se conciben como víctimas, menos se hacen cargo de las responsabilidades que tienen. Esa es la contracara de esta construcción. Esto lleva a un proceso de igualación con las víctimas del terrorismo del Estado. Si en la Argentina solo hay víctimas, si las hay de un lado y del otro, los responsables ¿donde están? Junto con la figura de la víctima surge la consigna de “Memoria Completa”: un espejo de la construcción memorial de los organismos de derechos humanos. Levantan los tres lemas, Memoria, Verdad y Justicia, a los que le suman reconciliación, que hoy aparece muy fuertemente retomada desde un discurso político público más claro y con otros argumentos. Por otro lado, la reivindicación de estas víctimas le devuelve un problema a la sociedad: ¿qué hacemos con esos muertos? Lo ideal sería poder hablar social y colectivamente de esos muertos con un discurso comprensivo que no produzca un efecto de igualación y desrresponzabilización como hace Memoria Completa. El punto está en no igualar, diferenciar los tipos de violencia, los procesos políticos que decantaron en ellas, las responsabilidades que surgen. No es todo lo mismo.

–Durante los gobiernos kirchneristas, el Ejército se alineó al reclamo de Justicia en materia de violaciones a los derechos humanos de la última dictadura, se frenaron los actos oficiales de recuerdo a los militares muertos, se intentó desterrar el concepto de “guerra contra la subversión”, se abrieron archivos…, ¿el regreso a esos actos permite vislumbrar un retroceso en ese sentido? 

–La institución militar es muy particular. Una cosa es la manera en que la institución se presenta a la sociedad, ante el Gobierno, ante el Estado, con un discurso que muchas veces no coincide con lo que piensan y expresan los cuadros hacia adentro. No todas las conducciones respondieron de manera tan clara al posicionamiento de un gobierno como sucedió durante el kirchnerismo, que a diferencia de otras gestiones tuvo una conducción política de las Fuerzas Armadas. Pero eso no reflejaba del todo la posición de los cuadros. 

–¿Y esos cuadros qué pensaban?

–Los cuadros querían reivindicar a sus muertos y al mismo tiempo separarse de las generaciones de represores, una mochila muy pesada, decían. Ahora, ¿separarse qué quiere decir? No somos lo mismo, no somos negacionistas, no queremos cargar con las responsabilidades de esa generación. Y el proceso de justicia es visto como una posibilidad de construir esas diferencias.

–¿Hay un cambio en la narración de memoria del Ejército a partir de la llegada de Cambiemos al Gobierno? 

–La memoria es la misma. Ahora encuentra canales institucionales para expresarse y conmemorarse. Toda memoria funciona con una lógica de olvido: recuerda a sus víctimas, pero oblitera, tapa, oculta, disimula a los responsables y los hechos aberrantes que cometieron. 

–El jefe del Ejército sostuvo que los familiares de los muertos se sintieron “abandonados”. ¿Ve un vínculo entre este acercamiento y la decisión del secretario de Derechos Humanos de recibir a las agrupaciones que promueven la consigna de “memoria completa” al inicio de su gestión? 

–Hay que establecer algunas diferencias entre las organizaciones de familiares de víctimas (Afavite, por ejemplo), de las de abogados y familiares de condenados por delitos de lesa humanidad (Afyappa, dirigida por Cecilia Pando; Celvyt, con Victoria Villarruel al frente). Porque estos últimos lo que buscan son prisiones domiciliarias, atenuación de penas y poner en cuestión la legitimidad y la legalidad de los juicios. La cara pública, los que salen por delante de estos últimos, son los familiares de las víctimas. Esto permite mostrar una narrativa que pretende presentar socialmente a todos como víctimas, esto incluye tanto los militares asesinados por las organizaciones armadas como los militares y policías condenados. Y a su vez, buscan una igualación con las víctimas del terrorismo de Estado. El efecto de esto es ocultar las responsabilidades y las diferencias políticas, históricas, éticas entre víctimas y victimarios. 

–El pedido de reconciliación está muy presente en el discurso oficial del gobierno nacional. ¿Están alineados Ejército y Gobierno? 

– Creo que es una mirada anacrónica el ubicar en el Ejército una capacidad política activa respecto de los debates públicos sobre el pasado reciente. Eso sucedía en la década del 80. Hoy esa capacidad está en otros actores: intelectuales, funcionarios, periodistas, militantes. Estos actores son los que hablan de reconciliación cotidianamente en los medios de comunicación. La noción de reconciliación en Argentina es sinónimo de impunidad, de olvido y de cierre. Es importante mencionar que la actividad de Famus (una de las primeras agrupaciones de familiares de víctimas) y de las agrupaciones de Memoria Completa sale hacia la esfera pública con un discurso de reivindicación de sus víctimas cuando el accionar de la Justicia trae como consecuencia una amenaza efectiva y real para los represores.

–En este contexto, entonces, ¿ve posible que la igualación de las víctimas que conlleva la narrativa de la memoria del Ejército pregne en la sociedad? 

–Hay elementos que lo habilitan. Para las agrupaciones de abogados y familiares de presos por delitos de lesa humanidad fue una buena noticia la llegada de Macri a la Presidencia, aunque ellos esperaban que resolviera cuestiones de manera más clara y no lo hizo. Afyappa y Puentes para la legalidad, sobre todo, creían que Macri daría un indulto o una amnistía. Apoyaron directamente al Presidente pero no tuvieron la respuesta que esperaban. Hay que ver cómo avanzan las prisiones domiciliarias. Sin embargo, la marcha contra el fallo de la Corte sobre el 2x1 mostró que la sociedad sí puede hacer una diferenciación entre víctimas y victimarios. Y eso es gracias a un proceso histórico que se inicia con la Conadep y el Juicio a las Juntas, en el que los organismos de derechos humanos tuvieron un rol central, y que llega hasta los actuales juicios por crímenes de lesa humanidad, un proceso que señala las responsabilidades criminales de quienes purgan hoy condenas por hechos gravísimos contra la dignidad de las personas.

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