El ajuste modernizador está a punto de llegar al Correo Argentino. Los cuatros gremios que representan a los casi 16 mil empleados anunciaron que el procedimiento preventivo de crisis, que el Ministerio de Trabajo le aprobó a la empresa hacia fines del año pasado, incluirá el despido de cuatro mil trabajadores. La maniobra se realizará en dos etapas donde la primera, inminente según los sindicalistas, incluirá la pérdida de 2500 empleos. Esta maniobra, de por sí perjudicial, le permitirá además al directorio del Correo pagar solo el 50 por ciento del monto de indemnizaciones que corresponden por ley. En agosto del año pasado los gremios habían anticipado que el gobierno planeaba llevar adelante lo que definieron como un “plan de desguace” en el Correo que ahora comienza a concretarse y que se suma a los miles de despidos que se están produciendo en diferentes áreas del Estado nacional.  

El procedimiento preventivo de crisis es un mecanismo legal que le permitirá al Correo, una sociedad anónima donde el único accionista es el Estado, modificar las condiciones laborales de sus empleados, cerrar áreas, no cumplir con lo pautado en las negociaciones paritarias e inclusive despedir a trabajadores. En un principio, cuando el gobierno de Cambiemos tomó el control del Correo, el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra planeó rediseñar la logística e implementar un nuevo plan de negocios destinado a liderar el mercado de e-commerce. Todo muy lindo, pero para ponerlo en práctica el camino elegido fue declarar en crisis al Correo y reducir su plantel de trabajadores.

En los argumentos presentados ante el ministro Jorge Triaca el directorio aseguró que la histórica empresa sufre un déficit superior a los dos mil millones de pesos y que las pérdidas continuarán incrementándose. En ese sentido el Correo, que hoy conduce Luis Freixa Pinto, planteó además de no abonar las licencias gremiales, suspender el aporte solidario a los sindicatos y, sobre todo, no pagar la última cuota de cinco por ciento de la paritaria 2017 que debe efectivizarse con el sueldo de enero. 

Esto es lo que llevó a los titulares de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación (Aatrac), Juan Palacios; Federación de Obreros Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Alberto Cejas; la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados (Foecop), Ricardo Ferraro, y Horacio Zungri de la Federación de Empleados Jerárquicos y Profesionales del Correo (Fejeproc) a reunirse para evaluar el peligroso escenario que se avecina y los pasos a seguir. 

Luego de una larga discusión acordaron en principio esperar a que la conducción del Correo dé el primer paso. Estos consideran que el no pago de las licencias gremiales e incluso el aporte solidario no son prioritarios porque por encima está la continuidad laboral de los empleados. 

En esa dirección, destacaron que la primera fecha límite es el primer día de febrero porque pueden comenzar a concretarse los despidos. El otro momento crítico es el martes próximo cuando se cumpla el cuarto día hábil de este mes y que se deben abonar los salarios. En esos recibos de sueldos deberá aparecer la última cuota de la paritaria del año pasado. Las medidas de fuerza no se descartan.

En rigor, la reducción del personal comenzó el año pasado a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Los gremios calculan que con ese mecanismo se perdieron mil puestos de trabajo. Pero ahora será peor. Ayer emitieron un documento donde reafirman su “voluntad negociadora” a pesar de que el directorio del Correo, “cumpliendo instrucciones del Ministerio de Modernización”, cerró el diálogo para implementar el procedimiento de crisis que ya cuenta con el aval de la cartera de Trabajo.

Si bien el documento no supera la calificación de tibio lo cierto es algunos de ellos reconocieron que es lo que se pudo acordar para mantener la intersindical que organizaron cuando la gestión de Cambiemos comenzó a hablar de modernizar el Correo. Por otra parte, los gremios entienden que la libertad de acción que les habilita el procedimiento de crisis le permitirá al directorio del Correo preparar la estructura dedicada al comercio digital y sobre todo su logística pasarlas a manos privadas. 

Para los sindicalistas la actual coyuntura los retrotrae a los años de la privatización del Correo. En 1997, el servicio postal cayó en manos del Grupo Socma, justamente  propiedad de la familia Macri. En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió rescindir la concesión porque los Macri no sóolo no habían cumplido con el pago del canon sino que además habían contabilizado como “inversión” la indemnización que pagaron a miles de trabajadores despedidos.