El Centro para los Derechos Constitucionales critica el decreto sobre Guantánamo
“Donald Trump es un autoritario en jefe”
Al magnate le llovieron críticas de organizaciones de derechos humanos luego de que anunciara que mantendrá abierta la cárcel de Guantánamo y pidiera al secretario de Defensa que revise la política de encarcelamiento.
Trump dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes.Trump dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes.Trump dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes.Trump dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes.Trump dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes.
Trump dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión la noche del martes. 
Imagen: EFE

Durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió una de sus promesas de campaña y anunció que mantendrá abierta la prisión de Guantánamo, situada en Cuba. “Acabo de firmar un decreto (...) para mantener abiertas las instalaciones en la Bahía de Guantánamo”, afirmó. Esta declaración, que anula el plan de cierre del ex presidente Obama, generó duras críticas.

Durante la campaña electoral, Trump se manifestó en contra del cierre de esta cárcel que fue creada después de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001. “Vamos a llenarla con tipos malos”, había dicho. Ahora no sólo ha firmado el decreto para seguir manteniendo abiertas estas instalaciones, sino que ha ordenado al secretario de Defensa, James Mattis, que revise la política de encarcelamiento y contemple la posibilidad de trasladar a otros presos, si lo considera “adecuado”, a una prisión que es conocida por utilizar técnicas de tortura, como el “submarino”, para forzar testimonios.

El mandatario afirmó que “los terroristas son enemigos combatientes ilegales”, que “deben ser tratados como los terroristas que son”. Si es necesario serán “aniquilados”, si es posible serán “detenidos e interrogados”, dijo. “En la lucha contra el EI (Estado Islámico) y Al Qaida, vamos a seguir contando con todos los poderes necesarios para detener a los terroristas, donde quiera que los encontremos. Y en muchos casos van a ir a Guantánamo”, sentenció.

Esta decisión del magnate generó la furia de asociaciones de derechos humanos que vienen luchando para el cierre de esta cárcel que va en contra de las convenciones internacionales. 

“La Casa Blanca de Trump está llena de supremacistas blancos que están ciegos a la razón por ignorancia y fanatismo”, comunicó el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en ingles). “La orden ejecutiva de Trump no es la última palabra en el destino de Guantánamo. Son los tribunales, no el autoritario-en-jefe, que determinarán en última instancia el destino de los hombres detenidos en Guantánamo”, sentenció el centro.

Por su parte, un miembro de Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights), dijo: “Condenamos fuertemente la decisión del Presidente Trump de mantener la prisión de Guantánamo abierta”, dijo Homer Venters en un comunicado escrito y citado por el diario británico The Guardian. “Las instalaciones son un símbolo de la tortura y la injusticia estadounidense conocida en todo el mundo. Representa el ilegal, inmoral, y nocivo régimen de detención indefinida y debería ser cerrada inmediatamente”.

En la actualidad, la prisión alberga a 41 prisioneros, de los cuales 26 continúan presos sin que les hayan presentado cargos. El Gobierno de Washington sin embargo no quiso dejarlos nunca en libertad, pues considera que son peligrosos. A diez de ellos se han presentado cargos en un tribunal militar y otros siete tienen que responder por crímenes de guerra. Entre ellos figura Jalid Sheij Mohammed, presunto responsable de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Pero el proceso está paralizado desde hace años. 

El ex presidente Obama había prometido que cerraría la instalación, pero su administración enfrentó varios obstáculos para cumplir con la promesa, entre otras cosas, dificultades para que otros países aceptaran recibir a los detenidos y prohibiciones legales impuestas por el Congreso.

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