La primera reacción de Luis Miguel Etchevehere después de enterarse de que Mauricio Macri al fin cumpliría su antigua promesa de convertirlo en ministro de Agroindustria fue reclamar un bono de salida a la Sociedad Rural, destinado a compensar los ingresos que “perdería” con su mudanza al despacho ministerial.

El trabajo, claro, seguía siendo el mismo, defender los intereses de los más poderosos empresarios agropecuarios. Así que, tras una intensa discusión, en la Comisión Directiva de la entidad se acordó otorgarle un bono de 500 mil pesos para aceitar el tránsito.

La “intensa discusión” tuvo lugar porque varios de los integrantes consideraron que reconocer en dinero lo que se espera como obvia contribución al bienestar de todos “es un pésimo ejemplo y antecedente, que no solo afecta al buen nombre y honor de la Sociedad Rural, sino que afecta al sector Campo”, tal como dejaron por escrito en una queja posterior.

La segunda reacción de Etchevehere fue explicar minuciosamente que el pago había sido reclamado y otorgado “en concepto de honorarios por los servicios prestados”. Como en el caso de Jorge Triaca, fue el jefe de Gabinete el encargado de defenderlo. Los 500 mil pesos son una “liquidación de su ex empleador”, sostuvo Marcos Peña, por lo que el Gobierno “no observa problemas de incompatibilidad con la función pública”.

El problema para Etchevehere y Peña fue que resultó imposible confirmar sus dichos. La Sociedad Rural tuvo que reconocer que los honorarios estaban al día y las actas de la reunión de la Comisión Directiva revelan que nunca estuvo en consideración un “pago de honorarios” sino un “aporte excepcional”.

Mal que le pese a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, con todos esos datos en la mano no tenía forma de expedirse a favor del funcionario, como es norma en el organismo desde su asunción.

El Gobierno tomó entonces la decisión de “sugerir” a Etchevehere que devuelva la propina (después de todo, podría decir el ruralista, ¿qué son 500 mil pesos para mí?), antes de que se conozca cualquier pronunciamiento oficial.

El único problema es que al devolver el dinero Etchevehere reconoció públicamente que no le correspondía, que había mentido al decir que se trataba de un pago de honorarios.

Pero ese problema tiene cura. El jefe de Gabinete dirá, con la misma cara con que dijo que lo de Triaca estaba mal pero que el Gobierno no “sentía” que afectase a sus funciones (a pesar del trabajo en negro, a pesar del nombramiento de su empleada en un sindicato intervenido “para evitar corrupciones” como esa), que lo importante no es que Etchevehere haya recibido una dádiva sino que fue capaz de arrepentirse, que entre los ministros nadie “siente” que eso afecte su gestión. El argumento puede sonar poco convincente pero, ya se sabe, para validarlo están los medios amigos y los oficiales, o sea prácticamente todos.

“No me dieron ningún regalo, ni me lo volverán a dar”, podrá decir entonces el ministro. Después de todo, no le fue tan mal a Mauricio Macri cuando se defendió del escándalo de los Panamá Papers asegurando que no tenía ninguna sociedad offshore, que si la tenía era porque la había abierto su padre que enseguida la había cerrado, que si no la había cerrado era para hacer negocios en Brasil que no se habían hecho, que si se habían hecho no habían implicado plata, que si la habían implicado en realidad había sido declarada, que al fin de cuentas, con lo difícil que es hacer negocios en la Argentina... ¿Quién no tiene una sociedad offshore?