La querella que representa al gobierno nacional en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA se diferenció ayer de la Unidad Fiscal AMIA y de los familiares de las víctimas al pedir la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de participar en el pago de coimas, las amenazas y la construcción de pruebas falsas para desviar la investigación. “Hoy el gobierno nacional encubre a los encubridores y, como siempre, tiene ayuda del blindaje mediático”, denunció Memoria Activa. “El Gobierno a través del ministro Germán Garavano decide salvar a sus amigos, los ex fiscales que encubrieron junto al juez Juan José Galeano y nos privaron de la verdad”, advirtió y se preguntó: “¿por qué el gobierno está tan comprometido con la impunidad? ¿Qué tanto esconderán Mullen y Barbaccia sobre AMIA que el gobierno de Macri no quiere que se sepa?”.

La Unidad AMIA del Ministerio de Justicia inició ayer su alegato en el juicio a trece imputados, encabezados por el ex presidente Carlos Menem, y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. La acusación iba a estar a cargo de Enrique Ventos, uno de los tres abogados –junto con José Console y Carlos Ortea– contratados tras el apartamiento de Mariana Stilman, quien al renunciar denunció que la nueva línea política “alejaba (a esa querella) de la verdad y la justicia” e implicaba un “acercamiento a los imputados”.

El miércoles, sin embargo, hubo un abrupto cambio de planes. Santiago Otamendi, secretario de Justicia de Garavano, le ordenó al titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, que le revocara el poder a Ventos para evitar que participara del alegato y que en su lugar se presentaran Console u Horacio De Filipo. En esa notificación, que difundió Memoria Activa, consta que la posición informada por el radical Cimadevilla y desestimada por Garavano era alegar en concordancia con la UFI AMIA, que en diciembre pasado pidió ocho años de prisión para Mullen y Barbaccia.

Ya en su introducción, Console anticipó que acordaba con la fiscalía en todo, inclusive en el pedido de absolución del Fino Palacios, pero no en la acusación a los ex fiscales por entender que no hay “plena convicción de su participación”. Mullen y Barbaccia actuaron de la primera etapa de investigación del atentado, a cargo de Galeano. En 2006, el juez Ariel Lijo los procesó por peculado, coacción, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad por haber construido pruebas falsas a fuerza de coimas y amenazas para inculpar a cuatro ex policías bonaerenses que luego fueron absueltos. La acusación indica que Barbaccia estaba al tanto de la coima al desarmador de autos Carlos Telleldín a cambio de declarar en contra de los policías, y que inclusive estaba en el juzgado en el momento del pago. Ambos renunciaron a sus cargos: Barbaccia alegó “cansancio moral” y Mullen “un estricto pedido” de su familia.

Lo que siguió a la introducción de Console “pareció un alegato en defensa de los imputados”, describió Memoria Activa. El responsable de la acusación en nombre del gobierno de Macri, que ostenta como principal diploma la secretaría del tribunal de disciplina de Boca Juniors, describió las actuaciones de Menem, Anzorreguy y Galeano, y luego se esmeró en seleccionar dichos de testigos para sugerir “dudas” sobre la participación de Mullen y Barbaccia. “No existe prueba que acredite de forma fehaciente que hayan tenido conocimiento del pago (a Telleldín) y colaborado en el hecho”, dijo en defensa de los acusados, y agregó que ambos actuaron en base a “la confianza” en la correcta labor de Galeano.

Memoria Activa admitió que no le sorprendió la postura oficial porque “hace rato que denunciamos tanto los vínculos del gobierno con alguno de los imputados” (citó como ejemplos los casos de Garavano con Barbaccia, y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, con el acusado ex titular de la DAIA, Rubén Beraja) y porque “vimos pasar por la sala de audiencias a asesores del ministro de Justicia que se abrazan con los ex fiscales Mullen/Barbaccia”. “Hace rato que nos quedó claro que los intereses del gobierno nada tienen que ver con la verdad y la justicia”, señaló, y se preguntó “¿por qué el Gobierno está tan comprometido con la impunidad?”. “Los que están hoy sentados en el banquillo de los acusados del #JuicioEncubrimiento son quienes debían investigar el atentado pero hicieron todo para desviar la investigación. Hoy el gobierno nacional encubre a los encubridores y, como siempre, tiene ayuda del blindaje mediático”, lamentó en Twitter. “Ojalá nos equivoquemos y los abogados que representan al Estado logren presentar un alegato serio con la enorme cantidad de pruebas en contra de todos los encubridores. Ojalá los jueces dicten una sentencia ejemplar a favor de la verdad y la justicia”, concluyó.