El segundo día hábil de cada mes el Banco Central publica un informe que se conoce mayormente por su sigla: REM. El Relevamiento de Expectativas de Mercado contiene las proyecciones de las principales variables económicas de un grupo de consultoras y bancos de la city porteña, en su enorme mayoría identificados con las políticas del Gobierno. Allí arriesgan sus pronósticos economistas como Miguel Angel Broda, Mario Brodersohn, Dante Sica, Javier Alvaredo, Miguel Kiguel, Orlando Ferreres y Eduardo Levy Yeyati. Son todos referentes del pensamiento dominante en la agenda nacional, con amplia participación mediática e influencia en actores empresarios, financieros y hasta sindicales. Constituyen la voz cantante sobre lo que hay que hacer y dejar de hacer con la economía, más allá de lo acertado o errado de sus recomendaciones. FIEL, la Fundación Capital de Martín Redrado, las consultoras Economía y Regiones, Ecolatina, Alpha, Analytica, Eco Go, entre otras, los bancos internacionales J.P. Morgan, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Credit Suisse, entre otros, y los bancos Santander Río, Galicia, BBVA, Itaú, Macro más los públicos y el Creedicoop, entre otros, también entregan sus vaticinios todos los meses, tres días antes de su finalización. En total son 61 entidades, incluidas dos universidades, las del Salvador y la Nacional de San Martín. Con esa participación, la representatividad del REM está fuera de discusión para el establishment local y para organismos multilaterales como el FMI, la OCDE o el Banco Mundial. El propio Banco Central le dedica especial atención a las proyecciones que figuran en el documento. Y en particular, a la de inflación. Por esa razón, el dato publicado ayer dejó expuesta una grieta insalvable entre la pretensión del Gobierno de imponer un techo a las paritarias del 15 por ciento, sin cláusula gatillo si la inflación rebasa esa meta, y la realidad en materia de precios que se vivirá en 2018. Lo que dijeron los analistas amigos del Gobierno es que el IPC terminará el año en 19,4 por ciento, dos puntos por encima de su pauta anterior. Esa cifra expone de manera transparente la rebaja salarial que busca forzar la Casa Rosada para este año. Los sindicatos que no resignen la batalla por el resguardo del poder adquisitivo de los sueldos tienen desde ayer en el REM un dato fundamental.
El anterior relevamiento del BCRA había arrojado como proyección de inflación para 2018 un 17,4 por ciento en la mediana de las respuestas, es decir, el valor medio de los pronósticos entregados. Dicho de otro modo, significa que la mitad de los participantes consideraba que el IPC quedaría por arriba de esa cifra y la otra mitad, por debajo. Ese valor de por sí ya superaba la meta del 15 por ciento que anunció el 28 de diciembre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con una corrección de 5 puntos sobre el objetivo previo de 10 por ciento que había fijado el Banco Central. El informe de diciembre con las estimaciones de economistas y bancos que nadie podría tildar de opositores se produjo antes de que se anunciaran una batería de aumentos de servicios públicos como colectivos, trenes, subtes, taxis, electricidad, gas y peajes, servicios privados como prepagas y telefonía celular, combustibles y, en especial, de una nueva escalada del dólar que lo catapultó de 17,54 pesos a comienzos de diciembre a 19,83 pesos en este momento. La suba del 13 por ciento en el tipo de cambio repercute en una extendida variedad de bienes industriales con insumos dolarizados y en alimentos con precios igualados entre el mercado interno y el internacional desde que se dispuso la quita de retenciones que amortiguaba las disparadas del billete verde. La suma de esos elementos terminó moviendo con fuerza la nueva proyección de inflación en el REM. Fue la novena revisión consecutiva al alza para el período, según reconoce el propio documento del BCRA, hasta dejarla en 19,4 por ciento.
El sesgo oficialista de la mayoría de los economistas y bancos que entregan sus pronósticos es evidente. Tal vez por esa razón o por presiones que la entidad que preside Federico Sturzenegger ejerce sobre los participantes -muchos de ellos suelen acceder a valiosos contratos de asesoría a dependencias del Estado-, las estimaciones del REM vienen siendo más bien amigables con el Gobierno. Desde que se repuso esta encuesta de expectativas de mercado -el kirchnerismo la había discontinuado en 2012-, las proyecciones estuvieron invariablemente por debajo de los números que luego marcó la realidad. Para 2017, por ejemplo, la mediana de las respuestas en enero del año pasado indicaba que la inflación quedaría en 20,0 por ciento, cuando terminó resultando de 24,8. En junio el REM ubicaba el IPC para diciembre en 21,5 y en octubre seguían diciendo que sería menor a lo que finamente ocurrió, con 23,0 por ciento. Es decir que si los sindicatos prestan atención a lo que sostienen los amigos de la Casa Rosada tienen que agregar algunos puntos a su reclamo en paritarias para no quedar atrasados con respecto al alza de precios. Una referencia a mano para hacerlo es otro de los datos que presenta el REM: el percentil 90 de las respuestas. Esto significa el 10 por ciento de los pronósticos más abultados. En este caso, en enero del año pasado el número asignado para la inflación de 2017 era del 22,0 por ciento, y en octubre, del 23,9. La desviación con el dato final del Indec fue también a la baja, pero más acotada, de casi tres puntos para el total anual respecto del cálculo de enero.
Para 2018, el último REM ubica el percentil 90 de las respuestas en 20,5 por ciento. Otra vez, 2 puntos por arriba de la estimación de diciembre a raíz de los fuertes aumentos de tarifas y la suba del dólar que se produjo desde entonces. Si el Gobierno pretende que los aumentos salariales no vayan más allá del 15 por ciento, queda claro que lo que está proponiendo es que los trabajadores sufran una pérdida de alrededor de 5 puntos en su poder adquisitivo. En rigor, no es algo novedoso para la administración Cambiemos. En 2016 el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, les pedía a los gremios que le creyeran que la inflación del año no superaría el 25 por ciento, cuando en la Ciudad de Buenos Aires avanzó hasta 41 por ciento, el nivel más alto en más de dos décadas.
Por ser un informe validado por el Banco Central, que hasta lo utiliza como insumo para definir su política monetaria, dado que mueve las tasas de interés en función de las expectativas de mercado, el REM es un elemento valioso para las negociaciones paritarias. También refuerza el argumento de que como mínimo el arreglo salarial debe incluir una cláusula gatillo en relación a la inflación. Diego Schleser, analista del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd), marca en un paper reciente la dispersión de las respuestas que existe en el REM. Esto demuestra que no es fácil acertar al número del año, con lo cual los sindicatos tienen derecho por lo menos a cubrirse con esa cláusula gatillo que el año pasado impulsó el propio Gobierno. No hacerlo significa un reconocimiento de antemano a arriesgarse a una pérdida real de los ingresos de los trabajadores. Al Gobierno está claro que no le importa y que incluso la rebaja salarial constituye en este momento su principal estrategia para lograr la anhelada “desinflación”. Habrá que ver cuál es la actitud de los sindicatos. Por lo pronto, en las cifras del REM tienen un buen aliado para sustentar sus reclamos salariales.
