Finalmente, luego de la insistencia de los docentes, la gobernadora María Eugenia Vidal convocó a los gremios al primer encuentro de negociación paritaria para el próximo jueves, apenas veinte días antes del inicio de clases. Si bien el Gobierno bonaerense no anticipó hasta ahora ninguna cifra, se espera que la oferta respete el techo del 15 por ciento anunciado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Esperamos razonabilidad”, advirtieron los docentes, que ya anticiparon que rechazarán el 15 por ciento como cualquier otro acuerdo que no contemple cláusula gatillo.

La reunión fue convocada hoy para el jueves 15, a las 17, en el Ministerio de Economía en La Plata. Según trascendió, se espera que el Gobierno proponga que al 15 por ciento de aumento se le sume una cláusula de revisión de la inflación en reemplazo de la cláusula gatillo que reajusta los salarios automáticamente de forma trimestral. Para los gremios, esta última actualización automática es “fundamental”.

Desde Suteba indicaron que esperan que el gobierno de Vidal "actúe con razonabilidad". "Nuestra expectativa supera el 20 por ciento, con cláusula gatillo, y que incorpore las sumas que están fuera del salario básico”, sostuvo Roberto Baradel, titular del gremio, quién aseguró que hasta ahora “el gobierno bonaerense no nos dijo que no a la clausula gatillo”.

Además de la negociación paritaria, Baradel remarcó que esperan poder "discutir una agenda integral que procure una educación pública de calidad, algo que no está ofreciendo el gobierno". Se trata de temas que antes se trataban en el marco de la paritaria nacional que fue anulada tras el decreto del Ejecutivo. "Amerita que nos podamos reunir lo antes posible para poder discutir cómo se mejora la educación en la provincia de Buenos Aires", concluyó Baradel.

El martes, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, convocó a representantes de cuatro gremios nacionales a una reunión para tratar tópicos relacionados con la enseñanza pero sin incluir en el temario la discusión paritaria. Desde Ctera impugnaron el encuentro por no haber sido convocado formalmente y denunciaron que con esa reunión simbólica el Gobierno pretende “anular la negociación colectiva para el sector y reemplazarla por una mesa que no tiene facultades”.