Con motivo del tratamiento de la Ley 27.260, conocida sarcásticamente como "Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", pusimos de manifiesto –ante los diputados y senadores que desde la oposición se apuraban en acompañar tal proyecto comprando la falacia de que así se cancelarían más de 2.400.000 juicios, lo que no sólo no sucedió sino que menos de 1.000.000 de pagos realizados se hicieron con una quita de más del 40 por ciento de lo que le correspondía recibir al beneficiario–, que el proyecto contenía el convenio de pago, a los fines de que se votaran el resto de los artículos que eran perjudiciales para el fisco y para el sector pasivo.

Así, el blanqueo de capitales, que permitió que el hermano del Presidente blanqueara dinero sin explicar su procedencia, declarando una falsa emergencia en materia de litigiosidad previsional, lo que le permite al Poder Ejecutivo legislar sobre la materia por decreto; el remate indiscriminado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, creado como un resguardo para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones futuras; la creación de una Pensión Universal para Adultos Mayores, que por primera vez en la historia de la seguridad social argentina, estableció una prestación por debajo del haber mínimo, sin derecho a pensión y subió la edad jubilatoria de la mujer a los 65 y la obligatoriedad de la armonización de las cajas provinciales, obligándolas a adoptar el régimen nacional. 

Con motivo de la reforma al sistema previsional, establecida en el artículo 12 de la Ley 27.260, también han mentido. Quieren vender gato por liebre para implementar un profundo ajuste aplaudiendo un 82 por ciento móvil del salario mínimo vital y móvil, como aquella vez lo hicieron con la PUAM.

La realidad demuestra que la jubilación mínima hoy es de 7246 pesos (antes del ajuste de marzo) y el 82 por ciento del SMVyM asciende a 7265 pesos.  El SMVyM, fijado unilateralmente por el Poder Ejecutivo Nacional, en el mes de enero será de 7790 pesos y en julio 2018, de 8200. Entonces, para tener el maravilloso incremento de 19 pesos el jubilado tendrá que haber realizado 30 años de servicios con aportes y su jubilación deberá estar debajo del mínimo. Esa es la zanahoria que ofreció el oficialismo para que se vote una reforma que lleva, como la mal llamada Reparación Histórica, muchas más desventajas que ventajas.

En primer lugar, se modificó la fórmula de la movilidad para que se ajuste trimestralmente por inflación (70 por ciento) y el salario de trabajadores registrados (30 por ciento). Los que hace muchos años que nos dedicamos a la seguridad social recordamos esa frase. Otra de las leyes que llevaron nombres pomposos y sarcásticos fue la Ley 24.463, que el mememato bautizó como “Ley de Solidaridad Previsional” y que también se trató de un brutal ajuste a las jubilaciones, cuyo artículo 7º todavía dice que la movilidad la establecerá el Congreso en la ley de Presupuesto. Ese artículo, cabe recordarlo, es el que más inconstitucionalidades ha motivado, desde el fallo Chocobar en 1995 hasta Badaro en 2008.

Pero la reforma ajustadora no se queda allí. Para poder realizar el ahorro que pretenden y que fue recomendado por el FMI y el Banco Mundial, necesitan bajar la tasa de sustitución (la relación entre el salario del activo y la jubilación) y la forma en que lo van a hacer es modificando la forma de cálculo del haber inicial. Necesitan bajar en 20 puntos porcentuales esa tasa de sustitución que hoy es de entre el 57 y el 62 por ciento al 37 por ciento, con el objetivo de imponer, como en los '90, un régimen de capitalización –esta vez de carácter optativo–, lo que no puede lograr sin deteriorar el poder adquisitivo de los jubilados.

El plan de ajuste del sistema previsional que se inició con la ley de reparación histórica, y que continúa con la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria, continuará con la disminución paulatina de la tasa de sustitución, para llegar al final del trayecto a la ansiada capitalización individual. Para ello, era necesario “generar una crisis del sistema”. En eso está el gobierno y a eso se refieren las declaraciones del presidente Macri cuando dice “…las cuenta de ANSES no dan más…”. Pero en esa crisis creada aun queda una joya: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este es el siguiente objetivo.

Dicen que van a derogar los regímenes de privilegio. En realidad, van por los regímenes especiales, que son aquellos en los que por su naturaleza, las personas se jubilan antes, ya que al realizar tareas insalubres, también se mueren antes. No van por las leyes que crean privilegios, sino por las personas que trabajan en condiciones inhumanas, como lo hizo Brasil en su reforma, para que no puedan, siquiera, llegar a jubilarse. Y van también por las cajas provinciales, para que sus beneficiarios, que realmente reciben el 82 por ciento móvil, como efecto de la Ley de Reparación Histórica y del proyecto de ajuste previsional, verán mermados sus haberes de una manera bestial y, los trabajadores y trabajadoras no podrán acceder en el futuro a jubilaciones y pensiones con los mismos derechos que sus compañeros de trabajo. Igual camino seguirán los docentes nacionales en todos niveles.

Todo eso por una zanahoria del 82 por ciento móvil y que, en realidad, como dejamos de manifiesto, son 19 pesos para no más de 500.000 jubilados y pensionados.

* Abogado especialista en temas previsionales. Ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y ex gerente de Normatización de Prestaciones y Servicios de la Anses.