El grupo Macri y funcionarios del Gobierno nacional serán investigados por una serie de maniobras que permitieron la compra y reventa de seis parques eólicos sin licitación y con ganancias estimadas en 48 millones de dólares para las empresas de la familia presidencial durante 2016. En un dictamen que presentó ayer, el fiscal Eduardo Taiano le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que abra una investigación penal y tome medidas para dilucidar si hubo tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, uso de información privilegiada o algún otro delito. En la causa también se presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que, en un expediente preliminar, advirtió las irregularidades en puerta.

El caso tiene como punto de partida a la empresa española Isolux Corsan, que se dedica a construcción, energía y servicios industriales, y tiene una relación histórica con la familia Macri. En 2009 obtuvo, en una licitación convocada por la empresa Energía Argentina (Enarsa), la concesión de cuatro parques eólicos en Chubut llamados Loma Blanca I, II, III y IV. Con el tiempo, Isolux incumplió buena parte de sus compromisos: sólo puso en marcha Loma Blanca IV. En su historial, la española tiene negocios la familia Macri. Tuvo una unión transitoria con Iecsa (que fue del grupo y luego del primo de Macri, Angelo Calcaterra) y una sociedad con ODS (Corpus Energía), mitad de Calcaterra y un grupo de firmas de la familia. El dictamen de Taiano, al que accedió PáginaI12, dice que cuando Isolux entró en crisis habría negociado en forma secreta la transferencia de sus concesiones de parques eólicos al Grupo Macri. Para eso, describe, fue conformado un conjunto de sociedades que adquirirían los parques en cuestión.

El que se ocupó de ese armado societario, según reveló la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil, fue un contador llamado Mariano Payaslian, de confianza de los Macri y sus empresas, que fue síndico de Sideco Americana y de Iecsa, así como de una sociedad entre Isolux y Iecsa. Las firmas fueron creadas a partir del 29 de diciembre de 2015, dos semanas después de la asunción de Macri en la presidencia. Primero constituyó Usir Argentina S.A, luego en marzo de 2016 fundó Parques Eólicos Miramar SA y el 5 de septiembre, Sideli SA y Sidsel SA. Las cuatro fueron registradas con el domicilio del estudio de Payaslian. Taiano recuerda que Payaslian le reconoció a Perfil “la intervención del grupo Macri en las operaciones” y que las empresas creadas por él serían Sideco Americana, Socma -ambas del Grupo Macri-un fondo de inversión europeo ligado a energía solar y las compañías financieras Helios Partners y Selena Partner, también ligados a Macri.

En octubre de 2016 Isolux anunció que había llegado a un acuerdo con Sideli y Sidsel, dos de las sociedades de Payaslian, para la transferir el desarrollo de los parques eólicos Loma Blanca I, II, III y IV, por 25 millones de dólares. Esto fue aprobado por Enarsa y el Banco Nación. Después, pese a que Isolux había anunciado su desinversión en el país, volvió a ganar en noviembre de 2016 la licitación de otros dos parques: Loma Blanca VI, en Chubut, y Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Tenía denuncias de corrupción e incumplimientos varios, pero eso no afectó el avance de la operatoria. Incluso hubo objeciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que fueron ignoradas.

La denuncia en la que se basa el dictamen de Taiano, y que a la vez remite a la investigación periodística, fue hecha por los diputados Rodolfo Tailadhe y Martín Doñate (Frente para la Victoria), y reparaba en que a los pocos meses de ganar las litaciones de Loma Blanca IV y Miramar, Isolux las vendió. Miramar, por ejemplo, fue entregado “a una empresa del holding Macri que había sido creada ocho meses antes de la adjudicación con el mismo nombre, Parques Eólicos Miramar, “lo que resulta indicativo de que ya se contaba con información preferencial”.

Así, para enero de 2016, los seis parques eólicos estaban en manos de sociedades ligadas al Grupo Macri. Pero todo indica que fue una especie de propiedad transitoria o de pasamanos, que les permitiría obtener importantes ganancias. Poco después, en mayo de 2017 el contrato para la explotación de Loma Blanca IV fue cedido a la empresa  Genneia S.A, del grupo Brito, por 40 millones de dólares según indica  el dictamen. Y la sociedad china Goldwind, compró por 33 millones los contratos para explotar Lomaba Blanca I, II y III y  por una suma que aún no fue establecida, Loma Blanca IV y Miramar. 

Entre las primeras medidas Taiano pidió a la subsecretaría de Energías Renovables (Ministerio de Energía) la documentación presentada por todas las empresas que tuvieron a cargo la explotación de los parques eólicos para ingresar a los proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renovable; todos los expedientes de licitación (las que existieron) y de ejecución de los contratos; la documentación que da cuenta de la intervención de Enarsa, Banco Nación y Defensa de la Competencia, que no pusieron reparos a las operaciones dudosas, los legajos de las sociedades creadas por Payaslian que debería tener la Inspección General de Justicia. Ahora quien debe actuar es el juez Martínez de Giorgi frente a una de las causas que empiezan a poner a prueba la coherencia de los jueces de Comodoro Py.