A más de dos años de las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y Argentina Digital a través de decretos, el gobierno continúa anunciando un anteproyecto de ley de comunicaciones que no llega. Mientras tanto, los cambios al marco regulatorio del sector se siguen sedimentando en base a decretos y resoluciones, bajo el lema de la convergencia. La comisión encargada de redactar el borrador de una nueva ley realizó distintas actividades, entre ellas una consulta pública online en 2016, cuyos resultados no se habían publicado y se analizan a continuación. Estos datos, obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública, sirven como antecedente ante una nueva convocatoria similar lanzada el viernes pasado por el Ministerio de Modernización.

La nueva consulta pública surge de la resolución 694/17 que habilitó una tercera prórroga para presentar un anteproyecto de ley, compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia que tuvo lugar en abril de 2016. Esta nueva iniciativa propone cuatro ejes temáticos: internet de las cosas (IoT), desarrollo de redes de telecomunicaciones, despliegue de infraestructura y “otros”, es decir, una agenda restringida que margina a los servicios audiovisuales. La plataforma referencia a las leyes vigentes pero no vincula a ningún material de discusión producto de las actividades que realizó la Comisión ni a una sistematización de la “vasta participación obtenida durante el proceso” a la que se hace mención.

La primera ronda de consultas tuvo lugar entre septiembre y noviembre de 2016 cuando la Comisión habilitó un formulario web que permitía ingresar hasta 300 caracteres, bajo la consigna de realizar aportes referidos a la regulación de las comunicaciones. En total recibió 676 mensajes de todas las provincias, el 77% de los cuales provenían de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. La mayoría de los comentarios demostró interés en los servicios audiovisuales (334), lejos en números de aquellos aportados sobre telecomunicaciones y conectividad (101). Por otra parte, uno de los grupos más numerosos (97) corresponde a una amplia variedad de comentarios sin relación directa con la consulta. Por ejemplo, personas que buscaban trabajo; denuncias y consultas de trámites al organismo regulador; e innumerables reclamos por falta de señal o problemas puntuales con la facturación de los servicios de telefonía móvil. Este punto pone en cuestión la herramienta web como mecanismo de participación, en particular sin contextualizar el debate con un documento de discusión y sin instancias de intercambio.

A su vez, otro grupo de actores mostró mayor nivel de organización y logró instalar alguna demanda específica. Por ejemplo, la situación de los medios comunitarios en la futura normativa alcanzó 86 comentarios que solicitaron garantizar el 33% del espectro, dar continuidad a los planes de fomento, implementar un plan técnico de frecuencias y realizar concursos para otorgar nuevas licencias al sector. Además se registraron 17 comentarios referidos a la necesidad de contemplar a los medios universitarios en la nueva ley.  

Otro tema frecuente (52) fue garantizar las condiciones de accesibilidad a los contenidos televisivos a personas con discapacidad, frente al incumplimiento de las señales de aire y cable de esta obligación fijada por la LSCA. También se recibieron 28 comentarios referidos a la actividad de los radioaficionados y 17 reclamos vinculados a la contratación de profesionales matriculados y colegiados en las empresas de telecomunicaciones y servicios audiovisuales.

La consulta pública actual estará abierta por dos meses y se realiza en el marco de la elaboración de un anteproyecto de ley que acumula sucesivas prórrogas desde 2016. La convocatoria a participar se realiza online sobre la base de una agenda restringida de temas y sin acceso a documentos preliminares, algunos de los cuales pueden consultarse de forma presencial en la sede de ENaCom. Como antecedente, la consulta anterior, anunciada por el Jefe de Gabinete y el entonces Ministro de Comunicaciones (cartera ya extinta), pasó sin pena ni gloria. En los últimos dos años asistimos a una calle de doble vía en la toma de decisiones: por un lado, la velocidad para relajar los límites a la concentración y modificar condiciones a algunos operadores del sector, sin debate y mediante decretos; por el otro, un debate público limitado, sin rendición de cuentas y con plazos móviles.

* Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA); integrante del Observatorio Dercom.

**  Becario Conicet en CEA UNC. Doctorando en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).