Pese a su valorada trayectoria en el campo de las ciencias sociales, la obra de Guillermo O´Donnell (1936-2011) es casi desconocida por el gran público. Abogado de profesión, O´Donnell obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Yale y fue docente e investigador de prestigiosas instituciones académicas en el país y el exterior. En 1972 publicó Modernización y autoritarismo, un texto que se proponía refutar una difundida tradición en la teoría política acerca de la existencia de un estrecho vínculo entre desarrollo económico y democracia. Esta tradición, heredada de la sociología norteamericana de los años ‘50, tenía a Seymour M. Lipset (1922-2006) como uno de sus principales exponentes. 

En un paper de 1959 Lipset había sostenido que las posibilidades de una sociedad para instaurar una democracia sólida dependían en mucho de su prosperidad económica y que en aquellas otras sociedades, fuertemente divididas entre una élite privilegiada y una gran masa empobrecida, los regímenes políticos devenían en dictaduras oligárquicas o en tiranías populistas. Para Lipset, la “cara moderna” de lo que denominaba “tiranía” se encarnaba en el comunismo y el peronismo.

El trabajo de O´Donnell mostraba, en términos generales, que en América latina (sobre todo, en Argentina y en Brasil) los procesos de industrialización y urbanización iniciados en los años ´30 modificaron el patrón de distribución de la renta entre los grupos sociales y que los regímenes políticos autoritarios que surgieron en estos países respondían –no a la falta de desarrollo económico– sino a estas tensiones propias de la lucha por la apropiación de la renta y del poder político por parte de estos grupos. 

Este primer texto le permitió, algunos años más tarde, esbozar los requisitos de lo él denominó Estado Burocrático–Autoritario (EBA), una forma específica de régimen político que surge del fracaso o del agotamiento de las experiencias populistas, precisamente para desactivar la presión del sector popular sobre la economía y “normalizarla”. Normalizar la economía significaba para O’Donnell reimplantar un orden que la experiencia populista precedente había “subvertido” a partir de estabilizar dos variables cruciales, como la inflación y la balanza de pagos. El objetivo último de este regreso a la normalidad era el de volver a garantizar una tasa de ganancia “aceptable” para el sector dominante del empresariado local y lograr, al mismo tiempo, que el capital financiero internacional renueve su confianza en los mercados locales, direccionando hacia allí sus inversiones. 

En la perspectiva de O´Donnell, el EBA era el resultado de una serie de situaciones previas que explicaban el fracaso populista, caracterizadas por la existencia de: (i) intensas fluctuaciones en el crecimiento del Producto y de los principales sectores de la economía, (ii) fuertes traslaciones intersectoriales del ingreso, (iii) niveles de inflación crecientemente elevados, (iv) déficit de la balanza de pagos, con posibilidades de crisis; (v) suspensión de las inversiones directas y de préstamos externos a largo plazo y fuga de capitales; (vi) tendencia declinante de la inversión privada; y (vii) déficits fiscales importantes que realimentan la espiral inflacionaria. Bajo estas condiciones, el EBA se convertía en una alternativa política de sesgo autoritario con los siguientes rasgos:

1. Las posiciones más destacadas del gobierno pasaban a ser ocupadas por profesionales que provenían de las grandes organizaciones empresarias. 

2. Se restringe el acceso del sector popular a la escena política, mediante el uso de recursos represivos o bien a través de controles que ejerce el Estado sobre la actividad de sus organizaciones de base o sindicales. 

3. Se fijan nuevos tipos de exclusión económica, achicando y postergando las aspiraciones –salariales, de consumo– del sector popular hacia un futuro impreciso. 

4. Se “despolitiza” la sociedad, reduciendo las demandas sociales y las políticas públicas a problemas de índole “técnico” que el gobierno resuelve en acuerdos con las corporaciones empresarias. 

Cuando O’Donnell pensó el EBA, lo hizo sobre el análisis de los golpes de Estado cívico-militares ocurridos en Brasil (1964), Argentina (1966), Chile y Uruguay (1973). Esta no es, ni por asomo, la situación que hoy impera en América latina. Sin embargo, es sorprendente la simetría que existe entre las características señaladas con las de muchos gobiernos actuales en la región: excluyente presencia de los CEO en los principales organismos estatales, cooptación o estigmatización –según el caso– de las dirigencias sindicales, recurrentes apelaciones discursivas sobre un futuro económico promisorio desanclado de un presente gravoso para el sector popular y la exaltación de la idea de la “gestión eficiente” que se edifica por fuera de la política.    

Tampoco deja de sorprender la principal diferencia que existe entre uno y otro momento: O´Donnell imaginó su EBA como un fenómeno latinoamericano que, en su tiempo, sólo podía encarnarse en gobiernos de facto, donde el elemento represivo jugaba un rol fundamental como ordenador social. Hoy, en cambio, son los gobiernos surgidos de la voluntad popular, como Argentina y Chile, o del juego de la institucionalidad republicana, como Brasil, quienes encarnan el programa de “normalizar” la economía para desactivar los “excesos distribucionistas de los populismos” y recuperar la confianza de los sectores dominantes de la economía local y del capital financiero internacional.

* Politólogo. Autor de Hacienda y Nación. Una historia fiscal y financiera de la Argentina (Eudeba).