Una mujer de 37 años murió por una infección generalizada
Por criminalizar el aborto
Oriunda de Santiago del Estero y con cinco hijas, María Campos se sometió a una interrupción de embarazo insegura, con una sonda. Fue una de las 153 mujeres que se atienden por día en hospitales públicos por complicaciones por estas intervenciones.
Por séptima vez se presenta el proyecto para despenalizar el aborto.Por séptima vez se presenta el proyecto para despenalizar el aborto.Por séptima vez se presenta el proyecto para despenalizar el aborto.Por séptima vez se presenta el proyecto para despenalizar el aborto.Por séptima vez se presenta el proyecto para despenalizar el aborto.
Por séptima vez se presenta el proyecto para despenalizar el aborto. 

María Campos tenía 37 años y cinco hijas, la menor de dos años. Murió el miércoles como consecuencia de un aborto clandestino. La mujer, oriunda de la localidad rural de Villa Matoque, al norte de Santiago del Estero –donde no hay señal de celular–, ingresó en muy grave estado al Hospital Regional de la capital provincial, después de una travesía de casi 300 kilómetros en ambulancia. Pero no pudieron salvarle la vida. Llegó con una infección generalizada, según confirmó a PáginaI12 uno de los médicos que la vieron. Los abortos inseguros son la primera causa individual de muerte de mujeres gestantes desde 1980 en la Argentina, según las estadísticas oficiales. El caso de María Campos le pone nombre al drama de la criminalización del aborto en el país, en momentos en que se está por iniciar el debate por su despenalización y legalización en el Congreso. El martes volverá a presentarse –por séptima vez– el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hasta el viernes lo habían firmado alrededor de setenta diputadas y diputados de un amplio arco político: es la primera vez que consigue tanto apoyo en pocos días. Desde la recuperación de la democracia murieron 3030 mujeres por abortos inseguros. Cada día, 153 llegan a un hospital público con complicaciones relacionadas con la interrupción de un embarazo, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales disponibles.

María vivía con su esposo y sus cinco hijas, la mayor de 15 años, en La Candelaria, una localidad rural que depende de la comisión municipal de Villa Matoque, casi en el límite con Salta. El hospital más cercano está a unos 40 kilómetros, en San José de Boquerón, Departamento Copo. María ingresó a ese puesto sanitario ya grave, según pudo reconstruir este diario, con un profesional que la atendió. Al parecer, se presentó el martes, dos semanas después de haberse sometido a una interrupción de embarazo insegura, con una sonda. Tenía un cuadro de infección generalizada. Y, ante la falta de recursos para darle una atención adecuada, fue derivada al Hospital Regional de la capital provincial.

La familia dice que se demoró esa derivación y que, incluso, pretendieron que se tomara un micro de línea –el único colectivo que hace ese recorrido sale a las 2 de la madrugada y llega a las 7–. En el hospital lo desmienten. Finalmente fue en ambulancia, pero no le habrían permitido al marido que la acompañara porque no dejan a las pacientes que vayan con un hombre porque son “asuntos ginecológicos”, según contó una vecina. En ese estado, luchando entre la vida y la muerte, María tuvo que andar unos 300 kilómetros, hasta la ciudad de Santiago del Estero. Ingresó a la mañana del miércoles al servicio de terapia intensiva, donde había otras dos mujeres más con cuadros similares, también consecuencia de abortos inseguros, según confirmó a este diario un médico que las vio. Las otras dos habrían mejorado. María falleció a las pocas horas.   

Las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17 por ciento del total de las muertes maternas en el trienio 2014-2016: 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas maternas murieron por abortos inseguros: 47 mujeres por año. La despenalización y legalización del aborto reduce la mortalidad y la morbilidad materna. En Uruguay, desde la legalización del aborto, el porcentaje de muertes por esta causa descendió de 37 por ciento a 8 por ciento.

En el 2013 –las últimas estadísticas oficiales disponibles–, 49.000 mujeres se internaron en los hospitales públicos de Argentina por problemas relacionados con el aborto: 135 mujeres por día.

Dos de cada diez tenían 19 años o menos. Tres de cada diez tenían entre 20 y 24 años.

“La muerte de María muestra las consecuencias de la criminalización del aborto en el país. Las mujeres de zonas rurales, olvidadas, están desprovistas del cualquier recurso para interrumpir un embarazo sin riesgos. Si llegaba antes del hospital, se salvaba. Pero no es el único caso. En lo que va del año, tenemos registradas, a partir de cifras extraoficiales, entre 8 y 10 muertes de mujeres por causas vinculadas al embarazo en Santiago del Estero, dos de ellas, por aborto”, señaló a PáginaI12 Cecilia Canevari, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

“El subregistro de las muertes por aborto en Santiago del Estero es exorbitante. Las estadísticas oficiales mienten”, indicó a este diario el investigador del Indes y ginecólogo del Hospital Regional Miguel Curioni, quien documentó esa brecha en su tesis “El problema del aborto en Santiago del Estero. Su magnitud y costos humanos, sociales y económicos”, de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, publicada en 2014. En ese exhaustivo trabajo, Curioni demostró la diferencia entre las estadísticas oficiales y las muertes realmente registradas en los servicios de salud por aborto entre 2002 y 2011 en esa provincia. Por ejemplo, en 2010 los datos oficiales daban cuenta de 2 a 3 muertes y en realidad fueron entre 7 y 10, según el Comité de Monitoreo de la Mortalidad Materna e Investigaciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

“A pesar de este gravísimo problema, desde hace varios años se ha disuelto ese comité y la principal maternidad de la provincia, del Hospital Regional, tiene como jefe a un médico católico, Eduardo Allub, explícito objetor de conciencia. La educación sexual integral no se aplica en las escuelas tal como lo establece la ley y lo mismo ocurre con el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. De modo que mientras no se haga realidad el lema de la Campaña, ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir’, seguirán muriéndose las mujeres más pobres, por causas evitables”, apuntó Canevari.  

En las elecciones de 2017 fue electo gobernador de Santiago del Estero por el Frente Cívico Gerardo Zamora por tercera vez –estuvo en ese cargo entre 2005 y 2013– y así, sucedió a su esposa, Claudia Ledesma. Tienen buenos vínculos con el gobierno nacional.

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