El Poder Judicial brasileño dio otro paso hacia la proscripción política del líder del Partido de los Trabajadores (PT) Lula Da Silva. El candidato con mayor intención de voto para las elecciones de octubre —entre un 35 y 40 por ciento, según las encuestas— podría ir a prisión por la causa abierta por el juez de San Pablo Sergio Moro, en la que Lula fue condenado sin más pruebas que la confesión de un empresario arrepentido. 

Los abogados defensores de Lula presentaron el hábeas corpus preventivo luego de que el tribunal de segunda instancia de Porto Alegre confirmara por unanimidad la condena impuesta por Moro contra el ex presidente y aumentara la pena de cárcel de 9 a 12 años. El Supremo Tribunal Federal votó por mayoría el rechazo al hábeas corpus que podría haber impedido la detención de Lula con el argumento que no es necesario confirmar una condena en todas las instancias para el cumplimiento efectivo de la pena. 

"No es ilegal el cumplimiento de la pena después de la segunda instancia", dijo el juez informante del caso, Felix Fischer. Sin pronunciarse en el tema de fondo, el STF avaló la condena de segunda instancia en la que los tres magistrados decidieron confirmar y aumentar la condena impuesta por Moro, a pesar de que reconocieron que no existían pruebas materiales que demostraran que Lula fuera dueño del departamento perteneciente a la constructora OAS. Todo el andamiaje probatorio se sostiene en la confesión del dueño de OAS, Leo Pinheiro, en el marco de una delación premiada en la megacausa de Lava Jato. 

Ahora quedará en manos de la Cámara de Apelaciones de Porto Alegre solicitar la detención del candidato presidencia del PT una vez que conteste las objeciones presentadas por la defensa del dirigente del PT, diligencias que se podrían demorar un mes. .

Cabe recordar que a fines de enero una movilización de 70 mil personas respaldó en Porto Alegre al ex presidente bajo la consigna “Elección sin Lula es Fraude”. Los camaristas no escucharon el clamor popular, pero el PT realizó al día siguiente de la confirmación de la condena una convención partidaria en la que confirmó la candidatura del histórico dirigente gremial y rechazó reemplazar su candidatura por otra. La decisión de si Lula se podrá presentar o no en las elecciones de octubre queda en manos del Tribunal Electoral, que de acuerdo con la "ley de ficha limpia" podría prohibir su postulación. 

En caso de que las decisiones del Poder Judicial sostenidas sobre una causa sin material probatorio que acredita el soborno recibido por Lula resultaría una virtual proscripción del líder del PT, que acumula la mayor intención de voto en un país que lleva dos años de inestabilidad política.